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Los abogados de Lidia Papaleo y el de Rafael Ianover apelarán ante la Cámara Federal para pedir que no se unifiquen las tres querellas en la causa que investiga el traspaso de Papel Prensa, como lo dispuso el juez Julián Ercolini. El Tribunal de Tasaciones de la Nación quedó confirmado como perito en la causa a pesar del pedido de remoción presentado por los abogados de Ernestina Herrera de Noble.  

En un documento de ocho carillas, Ercolini decidió que "todos los querellantes deberán actuar bajo una representación y, en consecuencia, intimarlos para que, dentro del quinto día hábil de notificados, hagan reconocer los nombres de los abogados que los representarán"  De esta manera Héctor Jorge Rodríguez, abogado de Papaleo, los representantes de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y el ex testaferro de David Graiver, Ianover, deberían reunir su representación.

Rodríguez anticipó ayer a la prensa que apelará la resolución del juez. Por su parte, el constitucionalista Eduardo Barcesat, abogado de Ianover, también adelantó que apelará la resolución: “La unificación de querella es voluntario y no compulsivo. Las tres querellas hemos acordado mantener nuestra independencia. Esta cosa de no admitir la pluralidad de voces nos parece una ofensa. Si la resolución es como se anunció y debe ser así vamos a recurrirla ante la Cámara de Apelaciones”, dijo Barcesat a Infojus Noticias.

Ercolini rechazó -también ayer- el pedido de reposición del Tribunal de Tasaciones de la Nación que había presentado la defensa de Herrera de Noble y que fue acompañado por los abogados de Héctor Magnetto y Bartolomé Mitre. La solicitud se inscribe en la serie de recursos dilatorios que la defensa viene presentando en el transcurso del proceso judicial.

Según el abogado de Herrera de Noble, el ex juez Gabriel Cavallo, los miembros del tribunal "carecían de imparcialidad". En respuesta a esto el juez Ercolini argumentó que  "la impugnación deducida deviene improcedente ya que no se advierte un fundamente serio, el hecho de ser el Tribunal de Tasaciones de la Nación un órgano autárquico cuyos integrantes solo pueden ser removidos en caso de inconducta, no denota a priori parcialidad alguna que pueda afectar su labor, todo lo cual demuestra que la sospecha de parcialidad no reviste seriedad".

Cavallo había pedido que los miembros del tribunal fueran reemplazados por peritos de la Corte Suprema de Justicia. Ercolini, aunque rechazó el pedido de remoción, incluyó a los peritos pedidos por el abogado de Herrera de Noble. Las pericias pedidas son de extrema complejidad y podrían tardar meses en realizarse. A fines del mes de  junio solicitó libros e inventarios a la empresa Papel Prensa y ordenó un estudio técnico al Tribunal de Tasación de la Nación.

La causa empezó en el 2010 cuando el Estado nacional denunció penalmente a los dueños y directivos de Clarín, La Nación y La Razón, a integrantes de la Junta Militar y a funcionarios civiles de la dictadura. Se investiga presuntas "maniobras y acciones extorsivas dirigidas por funcionarios del último gobierno de facto y de personas vinculadas a la sociedad civil contra los integrantes del grupo Graiver, con el fin de desapoderarlos de la participación accionaria que detentaran en la sociedad Papel Prensa" según se leyó en la primera declaración.

Martín Fresneda, secretario de Derechos Humanos de la Nación, presentó un pedido de “pronto despacho” al juez Ercolini en diciembre del 2012. La causa estaba paralizada y desde la secretaría se pedía la citación de testigos,  la incorporación de pruebas a la causa y las declaraciones indagatorias a el CEO de Clarín, Héctor Magnetto, a Herrera de Noble, Mitre, Sergio Peralta Ramos, Marcos Peralta Ramos y Hugo Peralta Ramos.

La primera en declarar fue Lidia Papaleo en junio de este año, aceptada como querellante por Ercolini. Contó que después de la muerte de su marido, David Gravier, en un accidente aeronáutico en 1976, empezó a recibir amenazas y presiones para vender Papel Prensa de las tres fuerzas armadas y, por interpósita persona, del ministro de Economía, José Martínez de Hoz.

Ella fue secuestrada en marzo de 1977 y trasladada al centro clandestino de detención conocido como “Puesto Vasco”, en la localidad de Don Bosco. En la sala de torturas la obligaron a firmar documentos incriminando a Gravier. En abril del mismo año fue secuestrado Ianover, integrante del directorio de Papel Prensa. En marzo de 1976 había sido secuestrado Osvaldo Papaleo, hermano de Lidia, quien estuvo en el mismo centro clandestino de detención.

La Justicia además debe determinar si el traspaso accionario se hizo a “precio vil”. Papaleo sostiene que sólo se pagaron siete mil dólares del precio total de un millón.