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El depósito de documentación de Iron Mountain en Barracas había sido clausurado en 2008 por un inspector laboral del Ejecutivo porteño. “No hace falta ser perito ni ingeniero para darse cuenta que en ese lugar se incumplía la ley”, dijo Edgardo Castro, ingeniero en Seguridad Ambiental y licenciado en Higiene y Seguridad del Trabajo, a Infojus Noticias, al analizar cómo se desarrolló el incendio. “Yo lo clausuré porque no se cumplían las condiciones de prevención ni extinción de incendios”, agregó.

Castro trabaja desde 2005 como inspector en la Subsecretaría de Trabajo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Recuerda que visitó las instalaciones en 2008. Para él, el establecimiento no estaba en condiciones de ser habilitado. “Si un lugar ofrece como servicio la protección de los documentos contra incendio, humedad y robo, no se puede incendiar”, dice.

“Las mangueras estaban destruidas por el paso del tiempo, los sistemas de extinción prácticamente no existían, no había rociadores, y la carga de fuego era muy alta”. Cuando Castro habla de la carga de fuego se refiere a la cantidad de papel y material de riesgo acumulado, propio de un lugar que funciona como depósito, mal organizado según las previsiones de seguridad que se requieren.

Para que las vigas de hierro se fundieran -como sucedió en menos de una hora- las paredes y techos deben alcanzar temperaturas superiores a los 700 grados. “Eso no se logra sólo con papel, la carga de fuego era muy alta y la estructura del edificio no era la adecuada”, explicó. Y agregó: “No se puede habilitar un establecimiento de esas características en un edificio de más de cien años sin ningún tipo de acondicionamiento”.

“Una empresa ejemplar”

Castro no puede asegurar que desde 2008 a la fecha se hayan realizado obras para adecuar las instalaciones, pero su análisis es contundente. “A las pruebas de seguridad yo las llamo ‘APB’, significa ‘a prueba de boludos’ y es porque hay distintos mecanismos que se van sucediendo para evitar que una catástrofe se produzca”.

“Si el lugar ofrece protección contra incendios, no puede surgir fuego accidentalmente. Si se produce un sabotaje -por ejemplo, arrojan una molotov-, los sistemas de extinción tendrían que haber funcionado inmediatamente. Si el sistema está roto, la estructura debe resistir tres horas el incendio, y no aguantó ni cuarenta minutos. Si el edificio colapsa, debe hacerlo hacia adentro, no hacia afuera. Si encima no tiene ingreso para bomberos, se multiplican los riesgos”, explicó el experto, en diálogo con Infojus Noticias. “Si hubiera habido trabajadores adentro, podrían haber matado a cien personas, no hace falta esperar pericias para darse cuenta”.

Las empresas dedicadas “a las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones” (TIC) pueden acceder a las facilidades de la ley de promoción del “Distrito Tecnológico”, y gozan de beneficios impositivos. El jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri, premió a Iron Mountain en 2009 por ser una de las primeras tres empresas en ingresar al Registro de empresas TICs. Castro detalló: “en ese entonces Macri sostuvo que era una empresa segura y ejemplar. Mirá qué ejemplo”.

"Desaparecen los expedientes"

Castro denuncia que aunque se realizan cerca de trescientas inspecciones diarias, en la oficina de control “desaparecen los expedientes” y las irregularidades no se resuelven. “Cuando se requiere una habilitación para algo, se debe constatar que se cumplan las condiciones. Si a vos te faltan los dos ojos y tenés el registro para conducir, yo me voy a preguntar quién te dio ese registro”, razonó.  “Me gustaría saber quién habilitó ese depósito”, planteó Castro.

Las actas con la clausura que Edgardo Castro firmó en 2008 deberían estar en las oficinas de la Subsecretaría de Trabajo del Gobierno porteño. De la misma forma, deberían figurar actas que demuestren el acondicionamiento del lugar para cumplir los requisitos legales, y la consecuente habilitación. Infojus Noticias intentó comunicarse con la Subsecretaría para conocer el estado de los expedientes, pero en la oficina no atendieron los llamados.

Para Castro, la responsabilidad le corresponde al Ejecutivo porteño. Señaló que desde el derrumbe del gimnasio en Villa Urquiza –en agosto de 2010-, todos los meses ocurre algún derrumbe en la ciudad que deja muertos o heridos. “Siempre es el mismo patrón: ‘se dejó pasar’, ‘el expediente desapareció’ y cosas por estilo. Los inspectores clausuramos establecimientos y labramos actas constantemente, pero hay una decisión política del Gobierno porteño de dejarlos seguir. La consecuencia está a la vista. Mataron gente”.