Infojus Noticias

Dos días antes de entrar en feria judicial, la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional dictó la falta de mérito y el sobreseimiento de los 41 policías de la Federal y la Metropolitana que estaban procesados por el operativo de desalojo del Parque Indoamericano en diciembre de 2010. Ese día fueron asesinados Bernardo Salgueiro y Rossemary Chura Puña y cinco personas terminaron heridas. El fallo, de 32 páginas, tiene fecha de ayer pero fue dado a conocer hoy. Los abogados del CELS, que representan a los padres de una de las víctimas, recurrirán a Casación Penal.

Según el dictamen, al que tuvo acceso Infojus Noticias, la Cámara confirma que las muertes fueron causadas por el accionar policial pero deslinda de responsabilidad a los jefes de la Federal y de la Metropolitana, quienes habían sido procesados por su rol en la dirección del operativo. Además sostiene que se trató de “policías no identificados que habrían actuado por su cuenta”. Esta hipótesis fue el argumento que presentaron los defensores de los policías para desligarlos de la culpabilidad. Por lo tanto, los jueces de Cámara creyeron en esta versión.

Después de conocer la noticia, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) emitió un comunicado que tituló: “Impunidad por las muertes en la represión del Parque Indoamericano”. “El fallo no analiza el operativo ni el contexto en el que se desarrolló. Ante una intervención abusiva y violenta de las fuerzas de seguridad en una situación de conflicto social, la Cámara decide diluir las responsabilidades sin responder con argumentos sólidos a las pruebas acumuladas en la causa, centrales para que la jueza de instrucción dictara los procesamientos”, dice el documento que hizo circular el organismo esta tarde.

En mayo de este año se había dado un avance fundamental en la causa.  La jueza Mónica Berdión de Crudo, a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción n° 47, había dictado el procesamiento de 30 integrantes de la Policía Metropolitana y 11 de la Policía Federal. Entre ellos, cinco jefes de la Metropolitana y tres de la Federal. Otros 25 efectivos de la Metropolitana están procesados por los delitos de homicidio y lesiones en agresión. Además, 8 efectivos de la Policía Federal fueron procesados por abuso de armas. 

La medida había sido solicitada por el CELS que representa a los padres de una de las víctimas, y los fiscales Sandro Abraldes y Nuria De Ansó en diciembre del año pasado. En su resolución, la jueza Berdión de Crudo afirma que la acción de las fuerzas de seguridad "no fue azarosa ni producto de la casualidad, sino que se trató de una estrategia coordinada consensuada por sus mandos con anterioridad y ejecutada en el teatro de operación bajo la conducción de la Policía Federal", señaló el CELS en un comunicado.

Por este motivo, la jueza dictó el procesamiento para los comisarios de la Federal Hugo Lompizano, Juan Antonio Quintero y Emilio Ramón Miragaya. Al mismo tiempo, la jueza decidió procesar por los delitos de homicidio y lesiones culposas al comisionado mayor de la Policía Metropolitana, Claudio Enrique Serrano; los comisionados César Enrique Menardi, Alfredo Córdoba Alberto Ojeda y al Superintendente de Seguridad de la Policía Metropolitana, Miguel Ciancio. Ahora, con el fallo de Cámara esta decisión queda revocada.

Uno de los policías sobreseídos, Hugo Lompizano fue condenado a dos años de prisión condicional por el asesinato del militante del Partido Obrero, Mariano Ferreyra. Como la condena no está firme, el policía está libre. El Tribunal Oral Criminal n° 21 (TOC) lo encontró culpable del delito de abandono de persona.

Durante todo el proceso la investigación se encontró con distintas trabas: las autoridades porteñas brindaron información insuficiente y contradictoria en varios aspectos clave como la identificación del personal que participó del operativo y el armamento asignado.

El día de la toma Bernardo Salgueiro, un joven paraguayo de 22 años que vivía en la Villa 20, y sus vecinos, Rossemary Chura Puña y Emiliano Canaviri Álvarez, oriundos de Bolivia, murieron cuando unos 200 efectivos de la Policía Federal y 250 de la Metropolitana participaron de un operativo para desalojar a cientos de familias que habían improvisado construcciones precarias en un reclamo de viviendas en el Parque Indoamericano, en el sur de la Ciudad de Buenos Aires.