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El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) presentó una querella por la desaparición de una veintena de trabajadores de Molinos Río de la Plata. Buscan determinar la responsabilidad del grupo Bunge & Born en los crímenes cometidos contra representantes gremiales, durante la última dictadura cívico militar.

El expediente se abrió a pedido de los hijos de tres desaparecidos. A mediados del año pasado, acompañados por una profesora de historia reunieron material de archivo, y salieron a golpear puertas para reunir datos sobre lo que había pasado en una de las principales plantas de Molinos Río de la Plata SA, ubicada en Avellaneda. Llevaron ese material a la Justicia, acompañados por el abogado Javier Garín.

La presentación del CELS reúne 26 víctimas, entre ellas las esposas de dos de los trabajadores y una hija, aunque insisten en que el número de las víctimas puede ser mayor. Los secuestros se produjeron a partir del golpe de 1976 y hasta fines de 1978, y todos continúan desaparecidos.

Los años previos

Antes del golpe militar de marzo de 1976, un grupo de delegados que en su mayoría formaban parte de la agrupación 17 de octubre, vinculada a la Juventud Trabajadora Peronista (JTP) y a Montoneros, asumió la comisión interna. Comenzaron con un plan de lucha con el objetivo de lograr mejoras en salarios y en las condiciones de trabajo: los paros y las huelgas formaban eran parte del plan de acción de la comisión.

Los trabajadores  denunciaron “el acopio de mercaderías y su retención, para luego poder venderlas con el precio de la suba que había sido autorizada por el gobierno nacional entonces encabezado por Perón”. El acopio producía desabastecimiento en los alimentos de primera necesidad. Los trabajadores iniciaron “bridadas de control de precios” para limitar el accionar de la empresa. En septiembre de 1974, Montoneros secuestró a los hermanos Born. La liberación incluyó pedidos de la organización “coincidentes con los reclamos que venían realizando los delegados”, dijo la querella y agregó que esto “le serviría a la inteligencia interna de la empresa para marcar y perseguir a los trabajadores acusándolos de formar parte del secuestro de los empresarios”. Allí comenzó la persecución de la empresa a los trabajadores: amenazas, balas en los casilleros de trabajo, y el ofrecimiento de grandes indemnizaciones a los delegados para que renunciaran. En 1976, después del golpe militar, “se profundizaron gravemente las persecuciones a los trabajadores y activistas de la empresa, comenzando los secuestros y desapariciones”, señaló el CELS en la querella.

La represión y las desapariciones

Las desapariciones de trabajadores comenzaron en el mes de julio.  El primer caso fue el de  Avelino Freitas, delegado de la comisión interna, quien fue secuestrado el 1 de julio por un grupo de tareas mientras esperaba el colectivo que lo llevaría precisamente a la empresa Molinos Río de La Plata. Seis días después en horas de la madrugada sería el hecho “más significativo”, según detalló el CELS.

Entre las 5 y las 6 de la mañana de aquel  7 de julio, cuando los trabajadores llegaban a la empresa “fueron secuestrados alrededor de 70 trabajadores y subidos a  camiones pertenecientes al ejército”. Los efectivos del ejército tenían listas que les había dado la propia empresa, destacó  la querella. Los días posteriores desaparecieron en la calle Juan Carlos Pasquarrosa y José Jacinto Pasquarrosa. Humberto Dippolito fue secuestrado en Caballito y a Marcos Augusto Vázquez lo secuestraron en diciembre.

René Fabián Albornoz y Elba Noemí Musascchio tenían una hija nacida en agosto del año 1977 a la que le dieron el nombre de Paula Noemí. Según la querella, “la pequeña fue secuestrada en el mes de enero de 1978 en una casa ubicada en la zona sur del Gran Buenos Aires perteneciente a unos compañeros de militancia de sus padres que la cuidaban. Nunca la restituyeron”.

 La economía y la represión

“La represión a los delegados, miembros de comisiones internas y militantes, si bien estuvo ejecutada por las fuerzas armadas y de seguridad, contó  en muchos casos con diversos grados y formas de participación por parte de funcionarios de grandes empresas”, señaló el CELS en la querella presentada ante la Justicia.

También se detallaron las dos etapas en la alianza entre grupos económicos y el gobierno de facto: “La primera se caracterizó por la instigación y colaboración de directores y gerentes en el secuestro de trabajadores vinculados con alguna actividad gremial o sindical”.  Mientras que la otra tiene que ver con “el uso del aparato estatal, incluido el represivo, para realizar operaciones económicas que beneficiaron a un sector del capital en perjuicio de otro”. El CELS pidió ser tenido en cuenta como querellante en la causa y “se investiguen la totalidad de los hechos denunciados y las responsabilidades penales correspondientes”.