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Familiares de ex obreros de la planta de Molinos Río de la Plata esperan que la justicia investigue la desaparición de 22 trabajadores de la firma que fueron secuestrados y desaparecidos durante la última dictadura. Entre junio y diciembre de 1976, fueron víctimas de un plan que descabezó la organización gremial y de la Agrupación 17 de Octubre – Juventud Trabajadora Peronista (JTP) dentro de la fábrica que perteneció hasta 1998 a Bunge & Born.

La presentación fue realizada en el Juzgado Federal N° 2 de La Plata, a cargo de Humberto Blanco, en junio pasado. Ceferino Mataboni, Analía Fernández, y Roxana Freitas solicitaron que se investigue la responsabilidad de dueños y directivos de la empresa “en la comisión de delitos de lesa humanidad” en el marco del plan sistemático de desaparición de personas instrumentado a partir del 24 de marzo de 1976.

“Mi viejo entró a laburar en Molinos con otros compañeros de la Agrupación 17 de Octubre en 1974 porque ganaron la comisión interna”, contó Ceferino a Infojus Noticias. El último dato certero que tiene sobre su padre, Rubén Mataboni, es del 3 de diciembre de 1976. Ese día un grupo de tareas esperó a Rubén en la puerta de un edificio donde hacía trabajos de pintura. Más temprano habían “chupado” a su hijo de 15 años y a otros dos ex trabajadores de la fábrica, Carlos Espíndola y José Salazar (el primero de ellos había sido delegado gremial).

Los operarios de la empresa de alimentos desaparecidos entre 1976 y 1978 fueron secuestrados en distintas circunstancias: en sus domicilios, mientras aguardaban el colectivo que los llevaba a su trabajo y hasta al ingresar a la planta que Molinos tiene en Dean Funes 90, en Avellaneda.

A Ceferino los vecinos le contaron que cuando su padre llegó ya se habían llevado a los otros. El hombre pidió a gritos por su hijo adolescente y como respuesta le dispararon, después le tiraron el auto encima. “A mi hermano lo llevaron a un edificio grande. Ahí escuchó que ‘el pájaro grande ya había caído en la jaula’ y al rato lo soltaron” contó Mataboni. Por el relato de sobreviviente pudo saber que Espíndola y Salazar estuvieron en el centro clandestino de detención Garaje Azopardo y que con ellos estaba “un hombre que estaba muy mal, muy golpeado al que los sobrevivientes no pudieron identificar”.

Junto a los hijos de los detenidos-desaparecidos Francisco Fernández y Avelino Freitas, Mataboni se presentó en la causa como querellante. Pero en la causa, asesorados por el abogado Javier Garin, pidieron que se acumulen todos los casos. Cuentan para esto con el apoyo de la Unidad Especializada de Investigación de la Secretaría de Derechos Humanos a cargo de Claudio Yacoy, en el municipio de Avellaneda. “En la base de datos del organismo tenemos identificadas por lo menos 335 víctimas. Pero seguimos trabajando porque, por ejemplo en el sector 134 del cementerio de Avellaneda se encontraron cientos de cuerpos en las fosas comunes y aún se está trabajando en su identificación”, dijo Yacoy.

Los hijos de los trabajadores desaparecidos de la fábrica de alimentos esperan que se pueda demostrar la responsabilidad que le puede caber a los propietarios, gerentes y directivos de la empresa. Después del secuestro de Juan y Jorge Born en septiembre de 1974, comenzaron las persecuciones en la fábrica. En los casilleros los delegados gremiales y militantes de la Agrupación 17 de Octubre empezaron a encontrar flores, balas y dibujos de ataúdes.

El primer día después del golpe, muchos dejaron de ir a trabajar. Algunos, como Rubén Mataboni, ya lo habían hecho presionados por Parodi, el gerente de la fábrica, y por Miura, jefe de personal. Pero ninguno escapó a la redada que se desató el primero de julio. Ese día, a las 5 de la madrugada se llevaron a Avelino “Chiche” Freitas, el primer delegado de la agrupación que había ganado las elecciones en la fábrica. Lo esperaron en la esquina de su casa, donde todos los días tomaba el colectivo para ir a trabajar.

Pocos días después, directamente fueron a la fábrica y con una lista confeccionada por los directivos se llevaron a más de70 trabajadores. La pesquisa terminó en diciembre, el 2 de diciembre secuestraron al delegado general de la fábrica Marco Augusto Vázquez en su domicilio, al día siguiente fueron a buscar a Mataboni y sus compañeros.

Sus familiares ahora esperan que los hechos se investiguen de manera conjunta. La denuncia que recayó en la Unidad Fiscal Federal de La Plata que investiga las causas por crímenes de la dictadura, aún no reúne avances. “No está resulta la cuestión de la competencia”, especificó a Infojus Noticias el fiscal Gerardo Fernández. Pero como hay testigos de edad avanzada, desde la fiscalía solicitaron al juez Blanco que esas declaraciones se tomen de manera anticipada. La competencia quedará determinada una vez que se establezca “cuál es el tipo de responsabilidad que le puede caber a los directivos de la empresa”, concluyó Fernández.