Infojus Noticias

El asesor Letrado de Víctimas del Poder Judicial de Córdoba, Esteban Ortiz, le exige a la Justicia Federal que investigue como delito de lesa humanidad el crimen de Nicolás Moreno, secretario del Juzgado de Instrucción 9°, asesinado el 12 de diciembre de 1977. Tal como adelantó Infojus Noticias, Ortiz se presentó el jueves como querellante ante la fiscal Graciela López de Filoñuk, que instruye las causas por crímenes cometidos por las fuerzas represivas en esos años.

Moreno solía realizar visitas sorpresivas a las comisarías durante los fines de semana y feriados, para revisar los calabozos y evitar abusos con los presos. Fue acribillado desde un auto particular cuando salía de su departamento, en el centro de la ciudad. La sospecha de Ortiz –y el rumor que recorre los pasillos de tribunales desde hace décadas– es que las balas fueron disparadas por personal del D2 de Informaciones de la Policía de Córdoba. “Quería dar una lección y un mensaje a toda la justicia”, dijo a Infojus Noticias Ortiz. El homicidio nunca se resolvió y el expediente desapareció de los archivos de Tribunales II.

Lo novedoso de la presentación es que Ortiz lo hace en calidad de asesor Letrado Penal de Víctimas, ya que Moreno no tiene familia. “Teniendo en cuenta vulnerabilidad de esta víctima del terrorismo de Estado, y por las funciones del Suscripto de asistencia a la víctima que le son propias de su cargo en la defensa pública”, argumenta en el escrito. Pero el letrado también sostiene su presentación por considerarse “víctima y ofendido penal por los delitos de amenazas y coacción”, ya que aborda el crimen de Moreno, como parte de un plan “para amedrentar y amenazar al conjunto de los funcionarios y empleados del Poder Judicial de Córdoba para que no cumplieran debidamente con sus obligaciones de garante de los derechos fundamentales”.

Ortiz había ingresó a la justicia provincial en agosto de 1977. Inició una investigación por su cuenta hace más de diez años, como parte de su libro “El derecho víctima del terrorismo de estado 1976-1980”. Sostiene que desde abril –cuando presentó la denuncia– viene aportando pruebas y testigos, pero no fueron citados por Filoñuk.

Un crimen sin resolver

El lunes 12 de diciembre, cuando Nicolás Moreno salió de su departamento del centro de la ciudad rumbo al trabajo, en la calle lo esperaba un auto blanco con el motor en marcha. Lo ocupaban tres hombres con pelucas de mujer, según los testigos. Uno sacó una escopeta y disparó dos veces. Eran las 6.30 de la mañana. Moreno cayó muerto en la vereda. El auto –un Fiat 128 sin patente– fue encontrado cinco días después con el arma en su interior y cuatro cartuchos. Lo que nunca apareció fue el expediente por el homicidio, iniciado por el Juzgado de 5° Nominación. El caso nunca se resolvió.

Moreno tenía 33 años, era hijo único y había llegado a Córdoba a estudiar Derecho desde Andalgalá, Catamarca. Según las crónicas periodísticas de la época, fue policía antes de entrar a trabajar a Tribunales. Ortiz asegura que todavía no pudo comprobar si prestó servicio en la fuerza. En Córdoba, Moreno no tenía pareja ni hijos. “Algunos testigos me señalaron que fue elegido por los agentes del D2 porque no tenía familia, nadie iba a reclamar por él en Córdoba, sus padres estaban lejos”, señaló el letrado.

“Matan a funcionario judicial en Córdoba”, titularon los diarios. Los testimonios recogidos por la prensa afirmaban haber visto a “tres mujeres” en el auto desde dónde fusilaron a Moreno. El jefe del D2 de Informaciones era por entonces el comisario Raúl Pedro Telleldín, y entre sus filas estaba Graciela “Cuca” Antón, hoy juzgada por crímenes de lesa humanidad en el juicio La Perla. Entre 1975 y 1979, personal del D2 cometió varios asesinatos de policías y ex policías, que hicieron pasar como crímenes de las organizaciones subversivas.

La investigación desaparecida

La investigación por el homicidio de Moreno recayó en el Juzgado de 5° Nominación a cargo de Carlos Lloveras. Ese mismo año, el magistrado ascendió a camarista. Mientras hacía su investigación, en 2004 Ortiz entrevistó a Jorge Juan Moya, el empleado del juzgado que instruyó el caso. "Me manifestó que el juez LLoveras 'planchó' la causa”, dijo el asesor letrado a esta agencia. Moya (ya fallecido) le confesó a Ortiz que "se empezó a sospechar de la Policía de la Provincia, donde estaba Telleldín, como la autora de su homicidio, ya que Moreno era de concurrir a las seccionales en los fines de semana o días festivos. Y esa presencia de control molestaba a la policía". En el marco de la investigación, Moya se entrevistó con Telleldín y le anticipó que realizaría una inspección en el departamento de Moreno. Pero el jefe del D2 lo frenó y le dijo que no lo hiciera, que dejara todo en sus manos.

"No casualmente la causa por el homicidio de Moreno, hasta el día de la fecha, pese a las búsquedas en el Archivo Judicial y las averiguaciones de los funcionarios intervinientes, no apareció", protesta Ortiz. La búsqueda del expediente judicial está a cargo de Wilfredo Pérez, director de la Oficina de Derechos Humanos de la justicia cordobesa. “Me entrevisté con muchísima gente, revisé archivos del Poder Judicial y el poder Ejecutivo, pero no aparecen”, manifestó Pérez a Infojus Noticias. Explicó que por la muerte del funcionario judicial se iniciaron dos expedientes (“Actuaciones labradas” y “Para agregar”).

Ahora, Ortiz pidió a la fisca Filoñuk que cite a declarar a Pérez, y también que solicite las pericias forenses realizadas al cuerpo de Moreno. “Son documentos públicos, tiene que estar en los Servicios Judiciales”, dijo. 

MEL