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Como un efecto dominó que se multiplica en distintos juicios del país, el Ministerio Público Fiscal pidió ayer en el llamado “juicio contra los jueces” de Mendoza, que se amplíe la imputación por delitos sexuales durante la última dictadura cívico militar para todos los acusados del proceso. Son más de treinta policías, militares y cinco ex miembros de la justicia federal durante la dictadura, los que están en el banquillo. “Quienes eran responsables de los centros clandestinos, deben ser acusados como autores mediatos de delitos sexuales, al igual que en el resto de los delitos que se produjeron con su conocimiento y a veces bajo sus órdenes”, dijo a Infojus Noticias Viviana Beigel, abogada querellante por el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos (MEDH). El organismo, impulsó el pedido que luego fue presentado por el fiscal Dante Vega. “En caso de que hubieran pruebas concretas sobre los autores materiales de los abusos, se los imputará por eso”, completó Beigel.

El pedido de ampliación, que si es admitido por el jurado, luego también deberán responder las querellas y las defensas, está dirigido contra todos los acusados del juicio. Además de miembros del Ejército y de la Fuerza Aérea y la policía de Mendoza, en el juicio están siendo juzgados cuatro ex miembros de la justicia federal durante la dictadura: Otilio Romano, que era fiscal, Luis Miret y Rolando Evaristo Carrizo, que eran jueces, y Guillermo Petra Recabarren, quien tenía cargo de defensor. Otro ex juez, Gabriel Guzzo, fue apartado del juicio por su estado de salud. Se los acusa no sólo de no haber investigado, sino haber permitido y hasta alentado la represión ilegal sobre los secuestrados. Lo mismo piden ahora para los casos de violación. “En el caso de los jueces, en varios casos los detenidos denunciaron la violación y no investigaron”, explicó Beigel.

Delitos calificados

Además, la presentación de la fiscalía pide cambio de calificación para otros delitos: que los robos simples sean tomados como robos calificados por uso de armas de fuego, y las desapariciones forzadas como homicidios agravados.

Los testigos que pasaron por las 80 jornadas que ya lleva acumuladas el juicio, fueron develando con sus relatos parciales que las violaciones y abusos sexuales fueron delitos que tuvieron, dentro de las cárceles secretas de la dictadura, una entidad propia. “Contaron, por ejemplo, que algunos secuestrados fueron trasladados a los lugares en los que luego fueron abusados”, contó Beigel.

El planteo no es novedoso. En abril de 2010, el tribunal de Santa Fe que condenó a once años de prisión a Horacio Américo Barcos, ex agente civil de Inteligencia, dictó el primer fallo en el país que estableció la violación como delito de lesa humanidad. En noviembre de 2012 tomó un cariz institucional: un documento de la procuradora Alejandra Gils Carbó ordenó perseguir a los autores de delitos de violencia sexual durante el terrorismo de Estado.

Sin embargo, a pesar de que el pedido se viene repitiendo en la mayoría de los juicios orales por crímenes del Terrorismo de Estado a lo largo y a lo ancho del país, no siempre obtuvo el mismo resultado. La semana pasada, el Tribunal Oral Federal 5 de capital federal, que instruye el tercer juicio oral por los crímenes de la Esma, rechazó imputar a 39 represores por delitos sexuales. Seis mujeres habían testificado haber sido violadas en el centro clandestino que montó la Marina en el edificio de Avenida del Libertador.

También lo pidió la fiscalía en los juicios contra la Marina en Bahía Blanca, en el juicio de Mansión Seré y la jueza federal de instrucción de Santa Rosa, Iara Silvestre, hizo lo propio contra Luis Baraldini -el hombre fuerte de la dictadura en La Pampa- y otros cinco acusados más. En Santa Fé, a fines de 2012, se juzgó a siete hombres de la 3ª Brigada Aérea de Reconquista por crímenes de lesa humanidad, y a cuatro de ellos -Danilo Sambuelli, Rubén Molina, Arnaldo Neumann y Horacio Machuca- por violaciones sexuales reiteradas.

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