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Gremios docentes porteños y la comunidad educativa del Jardín de Infantes Nº 2 del barrio porteño de Flores presentaron esta mañana un recurso de amparo ante la justicia para pedir la “nulidad del acto administrativo” por el que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires separó de su cargo a una maestra y a la directora del establecimiento donde acudía el nene que murió por una golpiza de su padrastro.

“El recurso de amparo que vamos a presentar está peticionando la nulidad del acto administrativo por considerarlo infundado. Presentamos nuestras argumentaciones ya que consideramos que hay violación de derechos que están consagrados constitucionalmente como el de la educación”, explicó a Télam Patricia, abuela de uno de los alumnos del jardín.

A principios de junio Agustín Marrero de cinco años murió como consecuencia de una fuerte golpiza que le propició su padrastro, Leandro Sarli, que está procesado y se encuentra en la cárcel.

Poco después, las autoridades del Ministerio de Educación porteño decidieron separar del cargo a Alejandra Bellini, maestra a cargo de la salita naranja a la que iba Agustín, y a Elsa Víncova, la directora, ya que consideró que ellas no advirtieron sobre las marcas de golpes que el niño presentaba con anterioridad.

“Desde que pasó lo de Agustín el único apoyo a los chicos se lo dan las mismas docentes de la escuela, las supervisoras y las familias, pero nadie desde el lugar de autoridad gubernamental. No ha habido apoyo psicológico de ningún tipo desde el gobierno de la Ciudad”, agregó Patricia.

Matías, padre de un alumno de salita de 3, señaló que la comunidad educativa “se siente desamparada por el Ministerio de Educación (porteño) ya que no destinó los recursos necesarios para contener a los nenes que ya están pasando por el proceso de duelo y que ahora tienen que lidiar con la decisión arbitraria de alejar a su maestra del cargo".

“Pedimos que además de restituirlas se fortalezcan los dispositivos vinculados a la protección de la niñez y particularmente a los que trabajan dentro de las escuelas que son los equipos de orientación escolar”, puntualizó el padre.

Y agregó: “La maestra que ha tomado el cargo lo hace con la mejor predisposición, pero los nenes arrancaron un proceso a principio de año con Alejandra, que se fue afianzando y ahora ya perdieron a un compañero y están lejos de la persona que los contenía”.

Cerca de 11 representantes de las familias y de cada uno de los cuatro gremios que apoyan a las maestras (UTE, ADEMYS, CAMYP y SEDEBA) ingresaron esta mañana al Juzgado en lo Contencioso, Administrativo y Tributario en Hipólito Yrigoyen 932 para presentar el recurso de amparo.

“Queremos que las docentes vuelvan al cargo, porque no hicieron nada malo, que continúe la investigación y se haga justicia pero ellas pueden tranquilamente seguir con sus trabajos”, señaló el secretario general de UTE, Eduardo López.

“No hay un padre o madre que quiera que las docentes sean separadas de su cargo y por eso apoyan este recurso de amparo", manifestó.

"Le pedimos a (el jefe de Gobierno porteño) Mauricio Macri, que es quien las separó del cargo, que proceda como procede él, que goza del beneficio que le da la Constitución estando dos veces procesado y continuando en sus funciones; ellas ni siquiera están procesadas ni imputadas”, sostuvo López.

Y explicó que en la causa “hay un padrastro preso, responsable por la justicia por haber sido culpable de dar muerte a Agustin, la madre también está procesada y no hay un solo renglón dedicado a las maestras, por lo que consideramos que no hay motivos para la separación del cargo".

“Los protocolos se cumplieron -continuó- las maestras hicieron reuniones con el personal directivo, luego con la madre que participaba de la escuela y traía certificados médicos de los accidentes del nene”.

Por su parte, el secretario general de ADEMYS, Jorge Adaro, afirmó que esta petición judicial se presentó “en el marco de un conjunto de acciones que ya hicimos y que vamos a seguir haciendo hasta que se les devuelva a las docentes sus cargos”.

“Queremos que precisamente la justicia les devuelva su lugar de trabajo y después se continúe con el proceso judicial correspondiente. El Gobierno porteño dice que se las separa del cargo para que no haya obstáculos en la investigación, pero este proceso no se lleva adelante en la escuela".

“Esta es una medida que claramente oculta al principal responsable que es el Gobierno de la Ciudad porque no ha dispuesto de los mecanismos necesarios para que los docentes en casos como este puedan hacer derivaciones que lleguen con éxito a algún lado”, agregó.

Una vez separadas de su cargo, el Ejecutivo porteño convocó en tres oportunidades a un concurso público para cubrir sus cargos, pero en un acto de solidaridad educativa ningún docente se presentó por lo que el jardín continúa sin directora.

Télam/LC