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La Procuración General de la Nación pidió que sea la justicia provincial la que investigue al ex presidente de Independiente, Julio Comparada, y al ex jefe de la barra brava de Independiente “Bebote” Álvarez. Lo hizo al dictaminar sobre un conflicto de competencias entre dos juzgados. Ahora la competencia deberá definirla la Corte Suprema. Eduardo Casal, procurador general adjunto, le recomendó al máximo tribunal que sea la justicia de Lomas de Zamora la encargada de investigarlos por un presunto “apriete” a jugadores en febrero de 2009.

Según consta en el expediente, los días 10, 16 y 18 de ese mes, los barras habrían exigido plata “bajo amenaza” al plantel profesional de fútbol en el predio del club en Villa Dominico. Entre las amenazas con las que los barras sacaron dinero a los futbolistas, por entonces del equipo de primera división, estaría “contar detalles de la vida privada de los jugadores”. Además de Comparada, en la causa están investigados otros dirigentes de Independiente que integraban la comisión directiva del club “por desviar dinero de la institución” para que los barras bravas puedan ir al Mundial de Sudáfrica en 2010.

La causa se inició después de la denuncia de la ONG “Salvemos Al Fútbol” que consideró que se habrían cometido los delitos de “extorsión, coacción y asociación ilícita". El caso llega a la Procuración General por un “conflicto de competencias”. Dos juzgados de diferentes jurisdicciones dijeron que la causa no les correspondía: el Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción N°4 y el Juzgado de Garantías N° 9 de Lomas de Zamora, provincia de Buenos Aires. Ahora deberá resolver la Corte Suprema, que había enviado el caso a la Procuración para que dictamine.

El procurador general adjunto explicó en el dictamen que las primeras declaraciones testimoniales de los jugados permiten “con la reticencia acostumbrada en estos casos, al menos confirmaron la existencia de una "reunión" con los integrantes de la "barra" y el hecho de haberles dado dinero "para evitar inconvenientes". Y opinó que la causa debe seguir en el Juzgado de Garantías de Lomas de Zamora y no en el Juzgado de Instrucción. Lo mismo surge del hecho de que el club tiene “domicilio en la localidad de Avellaneda” donde “se encuentra la administración del patrimonio perjudicado y debe cumplirse con la obligación de rendir cuentas”.