Infojus Noticias

La complicidad civil en el plan sistemático implantado por la última dictadura militar tiene una de sus expresiones más contundentes en la cementera Loma Negra. En ese marco, el fiscal Federal de Azul, Walter Romero, confirmó a Infojus Noticias que solicitó indagatorias para 18 personas vinculadas con la empresa dirigida en aquellos años por Amalia Lacroze de Fortabat. Además, pidió la prohibición de salida del país para evitar que se den a la fuga. Entre los involucrados en la causa hay civiles y militares que desde la Justicia prefirieron no adelantar identidades para que no se frustren sus detenciones. El ex general Ignacio Aníbal Verdura –condenado a fin de año a prisión perpetua en la causa Monte Peloni– es uno de los que tendrá que responder ante la Fiscalía en calidad de imputado.

La investigación que puso a Loma Negra en foco surgió de la sentencia que el Tribunal Oral Federal de Mar del Plata emitió en la causa que juzgó a los responsables de la desaparición del abogado laboralista Carlos Alberto Moreno. Los jueces Roberto Falcone, Mario Portela y Néstor Parra condenaron a prisión perpetua a los coroneles retirados Julio Tommasi y Roque Pappalardo y al suboficial José Luis Ojeda. También fueron condenados a 15 y 11 años de prisión los hermanos Julio y Emilio Méndez, civiles dueños de la chacra donde Moreno estuvo en cautiverio. El fallo fue confirmado por la Sala IV de la Cámara de Casación Penal. Además, Casación, con votos de los jueces Juan Carlos Geminiani, Mariano Borinsky y Gustavo Hornos, ordenó la investigación a la comisión directiva de la empresa Loma Negra por hallar elementos objetivos que suponen la participación de la empresa en su secuestro y asesinato.
Moreno se convirtió en blanco de la dictadura por su férrea defensa a los trabajadores de una de las empresas con mayores vínculos con los comandantes. El continuo trabajo del abogado para que desde Loma Negra respetaran la Ley de Contrato de Trabajo, sumado las indemnizaciones por la silicosis –enfermedad de los mineros– puso en jaque la rentabilidad sideral que ostentaba la empresa.

Así lo dice el informe de la Oficina de Información Económica y Análisis Financiero a pedido de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad (Ofinec) en el marco de la causa que investiga la complicidad del directorio de Loma Negra y del coronel Aníbal Verdura en la desaparición forzada, torturas y homicidio del abogado Moreno.
La semana pasada, la familia de Moreno se presentó como querellante en esta causa, en la que ahora, desde la Fiscalía se pidieron nuevas medidas de prueba.

Loma Negra y la dictadura

Del informe de la Ofinec surge un dato que muestra el empoderamiento de la cementera a partir del golpe de estado. Según las cifras contables analizadas, obtenidas de 118 libros correspondientes al período 1975 – 1983, el balance de Loma Negra con fecha de cierre 31 de marzo de 1976 –es decir que contempla el período que va desde el 31 de marzo de 1975– tuvo resultados negativos, mientras que todos los períodos siguientes las ganancias se fueron incrementando con un pico máximo durante 1980. “La empresa pasó de soportar pérdidas por más de 100 millones de pesos a obtener ganancias que se incrementan a lo largo del período, logrando un pico máximo de casi 150 millones de pesos durante el ejercicio contable que cerró el día 31 de marzo de 1981”, dice el informe.

No es menor el dato que aporta el informe en relación a la participación de los trabajadores en las ganancias de la empresa. “Al comienzo del período analizado –1° de abril de 1975 a 31 de marzo de 1976– se registró el nivel más alto de participación de los trabajadores en los ingresos de la empresa, llegando al 19% sobre los ingresos de la sociedad”, mientras que a partir del ejercicio siguiente –iniciado el 1° de abril de 1976– esa participación cayó hasta llegar al 9% en el ejercicio finalizado el 31 de marzo de 1983.

A estos datos, el informe suma el análisis de las variaciones en la cuenta contable Previsión Ley 20744, destinada al dinero que Loma Negra estimaba que tendría que pagar en futuro por indemnizaciones previstas en la Ley de Contrato de Trabajo. Los números son más que significativos: entre 1975 y 1976 –inicio de la dictadura– la empresa disminuyó el monto de reserva de forma abrupta. Se estima una reducción superior a los 10 millones de pesos (un 72 por ciento).

Algo similar sucede con la curva que analiza la presión impositiva sobre Loma Negra. Pero lo más llamativo en el análisis de este ítem es la ausencia de pagos de impuestos a las ganancias durante seis de los nueve períodos que van desde 1975 a 1983.

Una de las conclusiones a las que arriba el informe económico entregado a la Fiscalía dice respecto a esto: “Al analizar la evolución de la cuenta Previsión Ley 20.744 se observa la abrupta caída en el importe reservado a partir del año 1976 (…) volvió a caer durante los dos períodos subsiguientes llegando a menos de 3 millones de pesos durante el ejercicio que cerró el 31 de marzo de 1978, es decir, aquel en el que ocurrió el asesinato del abogado laboralista que llevaba a cabo los juicios contra la empresa Loma Negra SA”.