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Reina Maraz estuvo tres años detenida por el asesinato de Limber Santos, su esposo, sin comprender el proceso penal que la tenía como imputada porque solo se comunica –de manera fluida- en su lengua materna, el quechua. Esta mañana, el fiscal Fernando Celesia pidió al Tribunal Oral en lo Criminal 1 de Quilmes que la condenen a prisión perpetua. El defensor José María Mastronardi pidió su absolución, dijo que “no hay pruebas” que permitan imputarla como autora del crimen.

Reina llegó a Argentina en 2009. Vino porque Limber así lo quiso, y consiguieron una pieza y trabajo en los hornos de “Chacho”, en las afueras de Florencio Varela, en Buenos Aires. Él trabajaba cortando ladrillos, ella los apilaba; por poca plata, casi nada. Con el tiempo llegó a extrañar su tierra, la pequeña comunidad kichwua, en las cercanías de Sucre, en Bolivia, donde no había jueces, ni fiscales y la aplicación de justicia quedaba en manos de un “corregidor”, el representante más viejo de la comunidad.

A la distancia, se sumaron los golpes. Limber le pegaba, “como loco”, cada vez más, un día hasta llegó a dejarla inconsciente, y otro la ofreció a un vecino que la violó para cobrarle una deuda. En 2010, la detuvieron por el asesinato de su marido, y soportó tres años de prisión sin comprender el proceso penal en su contra. El poder judicial de la provincia de Buenos Aires no tiene intérpretes en lenguas originarias y ella estuvo sin saber cabalmente qué le esperaba, ni por qué.

Por entonces, esperaba su tercer hijo. Estaba embarazada cuando la detuvieron y hasta el séptimo mes estuvo en una comisaría. Después la llevaron a la Unidad 33 de Los Hornos, en La Plata, donde un equipo de trabajo de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) advirtió que no tenía posibilidad de comunicarse si no era en su lengua materna. En abril de 2012 el Juzgado de Garantías Nº 6 de Quilmes anuló la única audiencia en la que había declarado Reina y pidió que se le tomara una nueva indagatoria ante los intérpretes propuestos por la CPM. Desde entonces, Frida Rojas la asiste en cada instancia judicial.

Sobre esto y otros puntos volvió hoy el defensor en la audiencia, donde impugnó entre otras pruebas el testimonio tomado a uno de los hijos de Reina en cámara Gesell. El chico tenía cinco años, cuando “una fiscal la interrogó como si fuera un adulto y tampoco hablaba bien el castellano”, explicó a Infojus Noticias, una fuente cercana al debate. El fiscal basó su pedido de pena en este testimonio, “aunque en el juicio se escuchó a tres peritos –una oficial, y dos de partes-que cuestionaron cómo se hizo”, explicó la defensora general de Quilmes, Noemí Pérez, que asistió regularmente a las audiencias de este juicio.

"El nene, que en ese entonces tenía 5 años, debía manifestar lo que vivía a través de juegos y de prácticas indagatorias propias para su edad sin embargo, al ver las imágenes de esa Cámara los tres peritos coincidieron en desestimarla ya que era más un interrogatorio, de menos de 20 minutos, que una práctica psicológica", dijo la directora de Litigio Estratégico de la Comisión Provincial de la Memoria (CPM), Margarita Jaque,

“No me asusto, voy a luchar por mi inocencia”, dijo Reina a esta agencia al inicio del este juicio con la ayuda de una traductora, luego de hablar ante las juezas Silvia Etchemendi, Marcela Vissio y Florencia Butiérrez, durante más de tres horas en la primera audiencia. “La declaración de Reina en primera persona le permitió transmitir a los jueces la situación que vivió y al poder realizarlo en su propia lengua le dio firmeza, tranquilidad; mostró un relato muy coherente". Asimismo sostuvo que "la participación de la intérprete le permitió a Reina conocer todos y cada uno de los pasos tanto de la defensa como de la fiscalía".

La sentencia se conocerá el próximo martes, a las 13, en los tribunales de Quilmes en la calle Hipólito Irigoyen Nº 475. Las integrantes de la CPM volverán a asistir para realizar una veeduría pormenorizada del desarrollo del juicio y el registro audiovisual del proceso. “El rol de veedores implica extremar las garantías de la instancia oral y publica que cualquier persona que está ante la justicia tiene que tener”, manifestó Jarque.