Las mismas zonas en que eran divididas las fuerzas de seguridad para la aniquilación del enemigo interno fueron usadas para los intercambios con los blancos externos. Así lo detalló el alegato de la Fiscalía.
Argentina y Brasil conformaron un binomio represivo que colaboró “al más alto nivel” dentro del entramado del Plan Cóndor, que unió a las dictaduras del Cono Sur. Una de las singularidades de las relaciones establecidas en ese operativo internacional fue la división en “binomios” que permitieron coordinar secuestros, tormentos y desapariciones con una planificación minuciosa, según detalló la fiscalía a cargo de Pablo Ouviña, que esta semana realiza el último tramo de su alegato.
“Los ejes fundamentales que se desprenden de cada binomio siguen siendo la asociación ilícita y la privación ilegítima de la libertad. Y una vez que fueron detenidos, los tormentos que les aplicaron. Estamos hablando de víctimas con nombre y apellido que fueron identificados por los represores a cada lado de la frontera”, dijo el fiscal a Infojus Noticias. Se cree que los alegatos de la defensa durarán un par de semanas, y los más optimistas esperan la histórica sentencia para comienzos de diciembre. Está previsto que el debate se reanude el viernes próximo, a las 13.
En las últimas audiencias, se puso el foco en el binomio Argentina-Brasil. Con un extenso caudal documental, el fiscal comprobó que la dictadura brasileña colaboró “al más alto nivel” en el Plan Cóndor para facilitar el intercambio de información. A su vez, liberaron diferentes zonas para que represores argentinos viajaran, secuestraran y repatriaran a las víctimas “sin dejar rastros en la burocracia oficial”. Se habló de los casos de Mónica Susana Pinus de Binstock, Horacio Domingo Campiglia y Norberto Armando Habegger. Los tres fueron secuestrados en Río de Jainero; los dos primeros, en 1980; Habegger, en 1978. “La captura y desaparición de los opositores políticos fue un objetivo común de los regímenes dictatoriales“, agregó Ouviña.
Los murciélagos
Norberto Habegger, subdirector del diario Noticias y militante de Montoneros, fue secuestrado en julio de 1978 en Río de Janeiro. Fue traído a la Argentina tras su secuestro. Según una hipótesis de la investigación, tres agentes de la Policía Federal, Del Pino, Feito y Carrasco, fueron los encargados de buscarlo en Brasil y trasladarlo al país. En el momento del secuestro, tenía 37 años; su participación política había comenzado en Acción Católica, fue miembro de la Federación de Estudiantes Libres (FEL) y luego se sumó a Democracia Cristiana. El secuestro se produjo en el marco del “Operativo Murciélago” mediante el cual las fuerzas represivas detuvieron a los militantes montoneros que planeaban retornar a la Argentina para participar de la Contraofensiva Montonera. Esa colaboración represiva fue puesta nuevamente bajo la lupa a partir de la creación de la Comisión de la Verdad, que creó la presidenta Dilma Rousseff en 2012.
En 1980, otros seis militantes de Montoneros fueron detenidos ilegalmente en territorio brasileño. Horacio Campiglia y Mónica Pino Binstock fueron secuestrados el 12 de marzo de 1980 en Río de Janeiro. Campiglia, alias Petrus, era miembro de la conducción de Montoneros y viajaba para dirigir la resistencia contra la dictadura. La travesía la hicieron separados desde México y con documentos falsos. Según documentación desclasificada por el departamento de Estado de Estados Unidos, a partir de los tormentos a un militante montonero, lograron conocer la llegada de ambos dirigentes, quienes habrían sido capturados en el mismo aeropuerto. Se iban a encontrar con Edgardo Binstock, también militante montonero y pareja de Mónica. Brasil dio permiso para la llegada de un Grupo de Tareas en un Hércules, que utilizaron para sacarlos de Río y llevarlos hacia el centro clandestino de detención de Campo de Mayo. Allí fueron asesinados por represores del Ejército.
En el caso de Habbeger, la fiscalía puso en el centro de la escena a la “Operación Gringo”, apéndice brasileño del Plan Cóndor. Entre otras pruebas, Ouviña se refirió a los dichos del oficial de inteligencia brasileño Paulo Malhães. El represor le dijo a la presidenta de la Comisión de la Verdad de ese país, Nadine Borges -testigo en este juicio- que entre 1977 y 1978 el presidente de la Nación le había ordenado el secuestro de un argentino que era uno de los líderes de Montoneros, en el marco de la "Operación Gringo".
La dictadura en Brasil se extendió entre 1964 y 1985 y, según la hipótesis de Ouviña, fue pasando de “observador” a “miembro pleno” de las acciones represiones. “Al principio se limitó a observar el desarrollo de Cóndor, para luego pasar a formar parte como miembro de pleno derecho. Se entiende que entre marzo de 1976 y diciembre de 1977 hayan desaparecido en Argentina varios ciudadanos brasileños", le dijo al sitio Fiscales. Por otro lado, Brasil no dejó de ser un lugar para exiliados argentinos –favorecido porque se promulgó una ley de amnistía para "los perseguidos políticos”-, cuyas organizaciones fueron “infiltradas” como también “las organizaciones políticas que organizaban diferentes formas de resistencia a la dictadura".
El pedido de condenas
El Tribunal Oral Federal N° 1 está integrado por los jueces Adrián Federico Grünberg, Oscar Ricardo Amirante, Pablo Gustavo Laufer y Ricardo Ángel Basílico (juez sustituto)- siguió escuchando la exposición del representante de Ministerio Público Fiscal. Entre los 18 acusados se encuentran Santiago Omar Riveros, Reynaldo Benito Antonio Bignone y el uruguayo Manuel Juan Cordero Piacentini.
Los representantes del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), que actúa en la causa como querellante, solicitaron 25 años de prisión para Miguel Ángel Furci; 20 años de prisión para Santiago Omar Riveros, Eduardo Samuel De Lío, Carlos Caggiano Tedesco, Antonio Vañek, Carlos Tragant, Bernardo José Menéndez, Eugenio Guañabens Perelló, Humberto José Román Lobaiza, Rodolfo Emilio Feroglio y Felipe Jorge Alespeit y 5 años de prisión para Manuel Cordero Piacentini.
En tanto, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación solicitó en su alegato la pena de prisión perpetua para Riveros y Furci; 25 años de prisión para Bignone, De Lío, Lobaiza, Olea, Sadi Pepa y Feroglio y 20 años de prisión para Caggiano Tedesco, Vañek, Tragant, Menéndez, Guañabens Perelló, Alespeit, Cordero Piacentini, Falcón, Minicucci y Rodríguez.
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