Infojus Noticias

Postergaron para marzo el desalojo de 17 familias de un conventillo de La Boca. Hace dos semanas las habían notificado que la persona a la que le pagaban el alquiler era una impostora y que los dueños reclaman el inmueble. Los inquilinos resistieron el desalojo que estaba previsto para hoy y reclaman al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires una solución. Legisladores porteños y comuneros del Frente para la Victoria estuvieron en el lugar junto a militantes sociales y vecinos, a los que acompañaron en el reclamo.

Esta mañana, los más chicos jugaban con platillos y redoblantes en la vereda de Almirante Brown 1039 mientras sus papás mostraban los recibos de alquiler a periodistas y abogados. Sandra Aquino (38) miraba la escena con el ceño fruncido, apoyada en la puerta del conventillo en el que vive hace un año. En 2012, cuando llegó de Paraguay, eligió alquilar allí porque era lo más accesible. “No te pedían ni garantía ni recibo de sueldo”, cuenta la mujer. Hoy paga 1.318 pesos por una habitación que comparte con sus tres hijos varones de quince, dieciséis y dieciocho años.

En el conventillo viven otras cincuenta personas, algunas de ellas con discapacidades. Todas supieron de la misma manera que iban a ser desalojadas. “Me enteré hace quince días y de casualidad, por una vecina que bajó a comprar algo y se encontró al oficial de Justicia”, dijo Sandra. “Ahí se fue pasando la bola”, agregó. Es que Juan de Dios Alcaraz, la persona a la que le pagaban el alquiler hacía años, no era el dueño del inmueble sino un usurpador. Ahora los propietarios reclaman el edificio y tienen una orden de desalojo. Aunque el litigio sobre la casa data de 2009, es la primera vez que se informa a las familias que viven allí.

“Cuando me enteré, le pregunté a Juan (de Dios). Me dijo que me quedara tranquilo, que no pasaba nada. Hasta ayer le creía”, contó a Infojus Noticias Gabriel Escobar, de 58 años. Es el inquilino más antiguo: hace seis años que se instaló en el conventillo con su hijo, que entonces tenía catorce. Primero lo recibió una tal Mabel. “Ella me hizo un contrato, era una pieza con baño y cocina compartida. Tenía que pagar del 1 al 10 de cada mes”, dijo Gabriel. Le tocó una habitación en la que le “llovía el techo”, hasta que lo cambiaron por otra en el segundo piso. “Cuando alguien no pagaba, Juan mandaba dos matones y lo sacaba”, relata. Hoy, se preguntaba en voz alta en la vereda de su casa de dónde sacaría un lugar para vivir en tan poco tiempo.

El desalojo quedó prorrogado para el 17 de marzo del año que viene. Así lo informaron a los vecinos Lorena Pokoik y Pablo Ferreyra, legisladores del Frente para la Victoria que participaron de la negociación con los dueños del inmueble. Allí estuvieron también el oficial de Justicia, Juan Lecot, y el representante de los vecinos Ricardo Sassón, abogado de la Comisión Nacional de Tierras.

“La idea es poder acceder a un créditoa través del Instituto de la Vivienda de la Ciudad, con el apoyo también deNación, para que estas familias puedan comprar la propiedad y tener su vivienda digna. Y para que los dueños puedan vender”, contó Pocoy a los vecinos. “Está faltando la presencia del Gobierno de la Ciudad”, señaló, y agregó que buscarán tener una audiencia pública con las partes y los gobiernos porteño y nacional. Estuvieron presentes también militantes sociales y ONGs, así como los comuneros del Frente para la Victoria, Victoria Colombo y Maximiliano Nenna.

“Nosotros vamos a intentar comprar la propiedad con los vecinos para que ellos puedan tener una vivienda permanente. Como la propiedad está en muy mal estado, nosotros podríamos aportar desde la Nación para hacer mejoras”, explicó el abogado Sassón. “Queremos evitar la situación de desamparo de las familias y exigir respuestas al Gobierno de la Ciudad, que es el responsable primario por el derecho a la vivienda”, agregó.

La causa tramita ante el Juzgado Civil N° 104, a cargo de Andrés Guillermo Fraga, con la carátula “Gómez Horacio miguel y otros c/ Alcaraz juan de dios y otros s/ desalojo intrusos”. En septiembre, el juez autorizó al oficial de Justicia “a hacer uso de la fuerza pública, allanar domicilio y violentar cerraduras mediante los servicios de un cerrajero, en caso necesario” en contra de Juan de Dios Alcaraz “y eventuales subinquilinos y ocupantes del inmueble”. Sin embargo, los vecinos coincidieron hoy en señalar que no fueron notificados sino hasta hace dos semanas.