Infojus Noticias

Trece personas acusadas de ser parte de una banda dedicada al tráfico de drogas fueron procesadas con prisión preventiva y sus bienes embargados por decisión del titular del Juzgado Criminal y Correccional Federal de la Capital Federal 12, Sergio Torres. Se trata de una organización a la que se le atribuye, entre otras operaciones, el frustrado envío de casi 40 kilogramos de cocaína desde el puerto de la ciudad de Rosario con destino a España.

Entre los procesados, siete son ciudadanos de nacionalidad colombiana, cuatro argentinos y dos ecuatorianos. El juez consideró que son coautores del delito de “tráfico ilícito de estupefacientes, agravado por la intervención de más de tres personas, en concurso real con el delito de contrabando de exportación en grado de tentativa agravado por tratarse de estupefacientes destinados a ser comercializados fuera del país”. Uno de ellos, también, fue procesado por “tenencia de armas de fuego de uso civil”.

Embargo económico

El embargo sobre los bienes de los imputados, dictado por Torres, deberá cubrir la suma de 3 millones de pesos por cada uno. En una resolución previa, el magistrado ya había considerado “indispensable” aplicar estas medidas cautelares solicitadas desde la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar) y la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) con la finalidad de inmovilizar los bienes de los imputados y así “impedir su transferencia, conversión, disposición o movimiento”.

“Se puso en evidencia que estas maniobras tendrían impacto tanto en el orden nacional como en terceros países, de ahí su carácter internacional y transnacional, presentando vinculaciones con otras células criminales asentadas en otros Estados (Bolivia, Paraguay, Uruguay, España, Portugal, Guinea Bissau, entre otros) con los mismos objetivos y respondiendo todos esos grupos a una sola organización central, de mayor envergadura, existente en la República de Colombia”, dice el fallo de más de 260 fojas. Torres aclaró que la investigación está en pleno desarrollo y que, incluso, podría haber nuevas detenciones. Sin embargo, en relación a los 13 imputados existen pruebas suficientes respecto a su participación en la organización.  

Una organización compleja

A la hora de analizar la organización delictiva, Torres destacó que presenta “diferencias a las que comúnmente se conocen en el fuero, no sólo por su transnacionalidad, sino por estar dirigidas puntualmente desde un ajeno país, esto es, Colombia”. Así, el volumen probatorio permitió identificar con precisión los distintos eslabones y niveles jerárquicos al interior de la organización, cada una de ellas con un rol específico.

En el eslabón superior de la cadena de distribución –que respondería a las directivas de la organización central en Colombia–, se encontrarían las personas que tendrían como función principal la administración de los recursos, dedicándose principalmente al manejo del flujo de dinero obtenido del narcotráfico y solventando así las actividades.

Por otro lado, el grupo que funcionaría en el país contaría además con un sofisticado entramado de empresas comerciales a partir de las cuales administran el flujo de dinero, recibido como consecuencia de la distribución de la droga. Una parte de los recursos estaría destinada al mantenimiento de la organización y la otra, al blanqueo de capitales, cuestión que está siendo investigada por la Procelac.

Uno de los aspectos que sobresale en las innumerables cantidades de escuchas telefónicas son las medidas de seguridad adoptadas por los integrantes de la banda para referirse a la actividad. Se trata del uso de una suerte de “código”, tendiente a disimular las operaciones. La estructura delictiva funcionaba además de manera “cerrada”, con segmentos que no interactuaban entre sí y que sólo se conectaban a través de unas pocas personas.

Vínculos con el Cartel del Norte del Valle

Los investigadores sospechan que esta banda actúa con la participación de miembros del ex “Cartel del Norte del Valle”. El expediente a cargo del juez federal Sergio Torres es un desprendimiento de una investigación iniciada en enero de 2011, a partir de información brindada por la Policía Nacional de Colombia y la Comunidad de Policías de América (Ameripol) respecto al funcionamiento de una célula criminal conformada, principalmente, por ciudadanos colombianos y dedicada al tráfico de estupefacientes.

La instrucción, a cargo del mismo juez con intervención del fiscal federal Federico Delgado, permitió dilucidar el desplazamiento de la droga en el país, así como su exportación a España y Nueva Zelanda, secuestrándose 8743 gramos de cocaína “con un alto grado de pureza”. Por estos hechos, resultaron condenadas seis personas –cuatro de nacionalidad colombiana– y se ordenó la captura internacional de otras cuatro.

La investigación desarrollada por Torres también permitió vincular a integrantes de esa organización criminal con un cargamento que transportaba 229 litros de cocaína en fase líquida, disimulados en bidones de biodisel, todo ello con destino a la ciudad de Vigo, Santiago de Compostela, España. La instrucción mancomunada con las autoridades españolas concluyó con el procesamiento de cuatro integrantes de la banda, que actualmente se encuentran afrontando la etapa de juicio oral.

Otras operaciones

El 14 de agosto de 2014, se inició una investigación luego de que la División Drogas de la Dirección General de Aduanas detectara en el aeropuerto  de Ezeiza casi un kilo de cocaína oculta en envases de kétchup. El portador intentaba viajar hasta Bangkok, Tailandia. La pesquisa llegó a la conclusión que el hombre no actuaba solo.

El 17 de enero de 2015, en el barrio de Palermo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se secuestraron 79 “ladrillos” que contenían sustancia estupefaciente elaborada a base de cocaína, con un peso total de 84.955 gramos.

Por último, otro hecho vinculado a la organización tiene que ver con el mencionado intento de exportación de casi 40 kilogramos de cocaína oculta en cargamentos de arroz. Torres señaló que sólo se ha analizado una pequeña porción de las 46 toneladas de arroz que conformaba la carga en curso de exportación, lo cual aún se halla bajo estudio por parte de los peritos químicos. Por ese motivo, no se descarta que pueda hallarse mayor cantidad de material estupefaciente en el resto de la mercadería, “máxime teniendo en cuenta el método de ocultación utilizado, de gran sofisticación”.

JC/LL