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La Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC) incorporó la información sobre las vinculaciones societarias del Grupo Clarín a las investigaciones sobre posibles delitos económicos cometidos por la empresa de medios. Así se lo informó a la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA), que en octubre pasado había presentado esa información ante la estructura que encabeza Carlos Gonella.

Se trata de informes elaborados con la información surgida de los análisis realizados en el marco del proceso de adecuación del Grupo Clarín a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Esa documentación fue entregada en mano el pasado 10 de octubre por el titular de la AFSCA, Martín Sabbatella.

Según explicó Sabbatella después de presentar la documentación, al analizar la propuesta de partición en seis unidades de negocios de Clarín y los vínculos societarios entre sus integrantes, se detectó que el multimedios “quería hacer trampa” para burlar la ley. “No estoy diciendo que exista un delito económico. Quizás esta investigación pueda servir para otras investigaciones en curso en la justicia”, indicó.

Estos documentos son los que fundamentaron la decisión del directorio de la AFSCA de iniciar la adecuación de oficio del Grupo Clarín a la ley 26.522. Según el organismo, el grupo económico develó vinculaciones societarias no declaradas en el plan de adecuación presentado por la empresa y eso es incompatible con la norma.

Según la notificación de la procuraduría, que lleva la firma de Gonella, los informes fueron remitidos a las dependencias judiciales que investigan las diferentes causas sobre lavado de dinero que se le siguen a la empresa.

Además, la procuraduría, encargada de recibir denuncias, investigar y asistir a fiscales en causas de criminalidad económica, resolvió dar intervención al Área de Delitos Tributarios y Contrabando.

La información entregada por Sabbatella a la PROCELAC, también fue presentada ante la UIF, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y la Comisión Nacional de Valores (CNV), organismos públicos que tienen competencia en ese tipo de investigaciones.