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La Cámara Federal de Casación Penal revocó una sentencia y procesó por “amenazas coactivas” a un joven que envió un mail al rector del Colegio Nacional Buenos Aires en 2013 cuando éste comenzó con las sanciones a los estudiantes por las tomas del establecimiento educativo. Los jueces recordaron que en medio de la toma los jóvenes estudiantes ingresaron en la Iglesia San Ignacio de Loyola y produjeron destrozos. El acusado podría tener una pena de hasta cuatro años de prisión.

El 23 de octubre de 2013 el rector del colegio Nacional Buenos Aires, Gustavo Zorzoli, fue a la comisaría 2° de la Policía Federal y denunció que había recibido en su mail oficial (rector@cnba.uba.ar) un email de “contenido amenazante” que se relacionaba con las sanciones que había iniciado contra los alumnos que entre el 17 y el 27 de septiembre de ese año habían participado de tomas del colegio.

Según se explica en el expediente, ese mail decía en su asunto “URGENTE señor rector”; y el mensaje era el siguiente: “saca las sanciones o se te pudre todo la puta que te pario mira que sabemos dónde vivís Paso 684 4B, a los pibes no se los sanciona. Último aviso”. En febrero del año pasado el joven, Tomás Carrera de Souza, fue procesado por el juez Norberto Oyarbide por amenazas.

Pero la sala I de la Cámara Federal revocó el procesamiento y sobreseyó al joven porque consideraron que “el accionar carecía de entidad suficiente para producir una intimidación o amedrentamiento en los términos demandados por la normal penal en estudio”. Ello porque “el delito no se agota con una frase alarmante” sino que “debe además producir ese efecto intimidante sobre el receptor”.

Un mail con “idoneidad suficiente para intimarlo”

La causa llegó a la Cámara Federal de Casación luego de que el fiscal Germán Moldes apelara el sobreseimiento del joven dictado por la Cámara Federal.  Moldes sostuvo que la Cámara Federal tuvo una “errónea interpretación de las normas sustanciales aplicables al caso” porque para su consumación (la del delito de amenazas) que “la amenaza llegue al conocimiento de la víctima y que la misma comprenda su contenido”.

Los jueces Eduardo Riggi, Liliana Catucci y Mariano Borinsky, consideraron que el fiscal tenía razón en su apelación, revocaron el sobreseimiento y procesaron al joven por el delito de “amenazas coactivas” al considerar que las expresiones del estudiante en el mail –cuya autoría fue reconocida en el expediente- “tienen la notoria finalidad de amedrentarlo y lograr así por parte de la víctima una acción –un hacer- contra su voluntad (levantar las sanciones), afectando de esta manera el bien jurídico –libertad que protege la figura legal descripta precedentemente”.

También recordaron que el mail fue enviado en un contexto de toma donde un grupo de estudiantes “irrumpió en la Iglesia San Ignacio de Loyola –a través de los túneles que la conectan con el establecimiento educativo- produciendo importantes daños en el templo religioso”, donde otros jóvenes fueron sancionados por el rector.

Esto para los magistrados significó darle importancia a la denuncia del rector Zorzoli y que el mail que le fue enviado tuvo “idoneidad suficiente como para intimidarlo” y que por eso “sintió la necesidad de acudir al auxilio de la fuerza pública y radicó la denuncia”.  El joven, de nuevo procesado, podría tener una condena de dos a cuatro años de prisión o reclusión.

GA/AF