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Faltaba un mes para que terminen las clases y concluir el cuarto año en el colegio Nacional Buenos Aires. Un alumno sabía que podía perder su ciclo lectivo, pero se arriesgó: tomó prestada la notebook de un compañero y envió un correo electrónico con una intimidación al rector de su colegio, Gustavo Zorzoli. El hecho ocurrió el año pasado y días atrás el juez federal Norberto Oyarbide procesó al adolescente por amenazas y le trabó un embargo de dos mil pesos.

A principios de noviembre, Zorzoli declaró ante el fiscal Gerardo Pollicita. Dijo que le habían enviado el correo electrónico cuyo asunto se titulaba: “Urgente, señor rector”. En el cuerpo de la misiva se leía:“Sacá las sanciones o se te pudre todo, la puta que te parió. Mirá que sabemos dónde vivís (dirección). A los pibes no se los sanciona. Último aviso”.   

El motivo del correo fue porque el rector había decidido sancionar a los estudiantes que profanaron la tradicional iglesia de San Ignacio de Loyola, a fines de septiembre de 2013.

En el marco de la toma estudiantil del colegio contra la reforma educativa, los estudiantes accedieron a la iglesia más antigua de la ciudad por uno de los túneles internos y produjeron destrozos. Orinaron en el piso y pintaron las paredes con frases ofensivas como “la única iglesia que ilumina es la que arde”.

Tres días después del ataque a la iglesia, un grupo de fanáticos autodenominados Foro Nacional Patriótico (FoNaPa), de impronta nazi, se presentó en el colegio buscando a los responsables de la profanación.

Después de analizar la situación, el rector sancionó a diez de los 26 alumnos acusados por la toma del edificio y algunos de ellos quedaron libres. Todavía no hay sanción por la profanación porque no fueron identificados.

Zorzoli declaró ante la Justicia. Después, se hicieron distintas investigaciones desde la dirección de Informática del colegio. Así se llegó a saber que quien había utilizado la notebook no era el titular de la cuenta de correo. Zorzoli también se reunió con estudiantes que le dijeron quién había sido el autor de la amenaza. Días después el rector se reunió con el alumno, quien le confesó haber sido el autor del correo. El estudiante también le pidió disculpas.

Para el fiscal Pollicita,el alumno cometió el delito previsto en el artículo 149 del Código Penal, que prevé prisión o reclusión de dos a cuatro años al que hiciere uso de amenazas con el propósito de obligar a otro a hacer, no hacer o tolerar algo contra su voluntad.

Según el fallo de Oyarbide, en la misiva electrónica “hay una existencia de un anuncio de daño futuro sobre la víctima o terceros”.

"Tuvo como propósito obligar al rector para que retirara el pedido de sanciones que había formulado respecto a los alumnos que habían participado de la toma del Colegio Nacional de Buenos Aires ", señaló la resolución judicial a la que accedió Infojus Noticias.

Para el juez, Zorzoli comprendió el contenido del correo desde el momento que denunció el hecho. “La coacción, ante todo, constituye un delito que se consuma cuando, mediando el anuncio de un daño futuro que recaerá sobre la víctima o terceros, se le impone al individuo limitaciones que no tendrían que existir y que le impiden ejercer su libertad en la medida de lo deseable”, agregó el fallo.