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No podían salir de la casa en la que vivían sin autorización, tenían prohibido tener teléfonos y tampoco podían conversar con otras personas. Dormían sobre cartones y cuando se levantaban estaban obligadas a hacer pulseras y gorros tejidos que después vendían en Avenida de Mayo y Perú, cerca del subte A, donde están los denominados “manteros”. Eran víctimas de trata laboral en pleno centro porteño en una modalidad distinta de explotación: la venta ambulante. El juez Sebastián Casanello, titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 7, procesó por este delito a una pareja ecuatoriana de explotadores. Se trata de Rosa Elena Salazar Oyagata y José Rafael Oyagata Gualsaqui. Además, el magistrado les trabó embargos por 100.000 pesos.

Las víctimas eran tres jóvenes del mismo país -dos de ellas menores de edad-. La mayor, de 19 años, se escapó en mayo de este año e hizo una denuncia anónima al 144 y también en la Policía Metropolitana. Esa denuncia fue la punta del ovillo para que las fuerzas de seguridad y el Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a las personas damnificadas por el delito de Trata y la Dirección Nacional de Migraciones allanaran la casa donde estaban las otras dos víctimas.

Según el procesamiento, al que tuvo acceso Infojus Noticias, se comprobó que los explotadores las obligaban a trabajar los siete días de la semana durante trece horas. Por la mañana confeccionaban las pulseras y gorros y, por las tardes, salían a vender en distintos puntos de la Ciudad de Buenos Aires hasta la noche. Solo le daban veinte pesos para almorzar. No contaban con días libres, ni tenían vacaciones. Nada más contaban con los domingos por la mañana para pasear. Después tenían que volver al “trabajo”. Una de las víctimas contó que en una oportunidad se sintió descompuesta, pidió ir al médico y se lo negaron. Le dieron una pastilla y la obligaron a quedarse trabajando en la casa. “Me sentía una esclava”, declaró una de las ecuatorianas.

Los mecanismos de la trata

El imaginario asocia la situación de trata con la privación total de la libertad, a personas encadenadas o encerradas bajo llave. Este caso demuestra que la trata también puede existir en casos de libertad ambulatoria. Y que las organizaciones van mutando en sus modus operandi en función de la persecución del delito.

Las jóvenes víctimas en esta causa son oriundas del pueblo ecuatoriano de Otavalo. Llegaron al país con la promesa de un salario de doscientos dólares mensuales por año y, que al finalizar ese período, regresarían a Ecuador donde se realizaría la paga total. Las tres declararon en Cámara Gesell que jamás recibieron algún tipo de remuneración. Contaron que sus familias son pobres y que tienen muchos hermanos, y que aceptaron la propuesta para conocer el país y ganar dinero. La resolución judicial que procesó a sus explotadores dice que ellos se aprovecharon de la "situación de vulnerabilidad".

Dos de las víctimas viajaron en micro desde Ecuador hasta Argentina. Una de ellas vino en julio del año pasado y la otra en marzo. El viaje duró ocho días durante los cuales solo bajaban del vehículo para comprar comida o ir al baño. La tercera vino al país en noviembre de 2013 y llegó en avión. Cuando llegaron a Buenos Aires fueron hasta la casa de la pareja de explotadores en la calle Pedro de Mendoza al 1200, en La Boca. Los explotadores guardaron sus documentos. Les dijeron que “podrían perderlos”. Esa documentación nunca les fue devuelta hasta el allanamiento. Para dormir les asignaron un espacio con dos camas, con tablas y cartones donde dormían. Tenían poca ropa porque le habían prometido comprarles cada tres meses tres remeras, tres pantalones, tres buzos y tres juegos de ropa interior. Pero los explotadores nunca cumplieron la promesa.

Cuando salían a sus puestos de venta ambulante les daban 100 pesos en cambio, de los cuales podían retirar como máximo para comer. Todo lo que vendían lo anotaban en un cuaderno que le entregaban con el dinero a José Rafael Oyagata Gualsaqui. El hombre controlaba las ventas.

Los explotadores no las dejaban hablar con los artesanos de otros puestos. Las habían aleccionado en su discurso. Si le preguntaban con quienes vivían y de quién eran los productos tenían que responder que vivían con una tía o su hermana, y que la mercadería era de ellas. Cuando llovía las víctimas eran obligadas a quedarse en el puesto. Las reglas y normas dentro de la casa en la que vivían era un degradé de prohibiciones: “No me permitían tener celulares, no me permitían entrar a ningún locutorio, no me permitían sacar el DNI, no me permitían que hable con las personas, sobre todo los peruanos; era del trabajo a la casa y de la casa al trabajo”.

El auto de procesamiento que lleva la firma de Casanello dice que la explotación quedó comprobada  en el período que va entre el mes de junio del año 2013 y el 4 de junio de este año. “Si bien las víctimas han manifestado haber aceptado el empleo, ya sea porque sus padres se lo encomendaron o con la esperanza de mejorar su calidad de vida, lo cierto es que esos dichos deben ser analizados dentro del contexto que se viene explicando, ya que ese “consentimiento” prestado no implica la ausencia de los indicadores del delito de explotación laboral y con esto me refiero, particularmente, a la situación de vulnerabilidad de las damnificadas y a la posible creencia de que esta forma de vida es la que se merecen”, dice el escrito. La ley de trata prevé pena de prisión de 4 a 8 años para este delito.