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El juzgado Federal Nº 3 de Rosario decidió procesar con prisión preventiva a los seis tripulantes del buque de carga involucrados en el asesinato de cuatro polizones. El delito que se les imputa es homicidio agravado por la alevosía y la participación de más de dos personas. La defensa pidió que los acusados fueran juzgados en su país de origen.

El asesinato de los cuatro polizones ocurrió entre el 6 de julio, cuando el buque "RM Power" salió de la República Democrática del Congo y el 26 de julio, día en el que ingresó al puerto privado Dreyfus en Rosario. La prefectura los esperaba. La empresa griega que había armado el buque para que llegara a Argentina a cargar cereales, hizo la denuncia luego de recibir un mail del capitán rumano, Florin Filip, donde avisaba que sus marineros "habían tirado la basura al mar".

El mismo barco, a poco de zarpar de África, había devuelto a siete ciudadanos congoleños encontrados como polizones. La empresa griega dueña de la flota ordenó una inspección inmediata. El tiempo perdido significaba dinero. El registro se hizo mal. A 400 kilómetros de la costa africana aparecieron otros cuatro polizones. La tripulación esta vez no los devolvió al país de origen ni avisó al próximo puerto de destino, como indica la ley. Se deshizo del problema arrojándolos al mar.

En la primera ronda de declaraciones testimoniales todos los tripulantes negaron haber escuchado o visto algo. La Justicia argentina solo contaba con la denuncia de la empresa griega. En los testimonios apareció una contradicción. Se realizó un careo ente un marino filipino y  un oficial rumano. Ambos terminaron por aceptar los hechos. Los otros doce tripulantes se mantuvieron en su primera versión después de dos rondas de testimoniales y varios careos.

Fuentes del juzgado federal a cargo de Carlos Vera Barros informaron a Infojus Noticias que  la Justicia congoleña abrió, por motus propio, una investigación para identificar a las cuatro víctimas. Las acciones se están coordinando con la fiscalía federal a cargo de Mario Gambacorta, que persigue el mismo objetivo.

La defensa oficial de los involucrados está dividida porque se supone que los oficiales rumanos y los marineros filipinos podrían tener intereses contrapuestos. El defensor ad hoc Carlos Zürcher representa a los rumanos y su colega Federico Guillermo Tschopp, a los filipinos. Ambos responden a la Defensoría Oficial N° 1 de Rosario y coincidieron en el pedido de que los involucrados fueran juzgados en su país de origen. Este recurso se ampara en la La Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. El juzgado está analizando la propuesta y esperando la respuesta de la fiscalía, pero anticiparon que encuentran una dificultad para dar lugar al pedido: al pertenecer a dos países diferentes -Rumania y Filipina- se dividiría el proceso legal y se realizarían dos juicios que podrían tener resultados contradictorios.   

Fuentes de la fiscalía federal informaron a Infojus Noticias que la causa, tarde o temprano, debería salir del país aunque todavía no saben qué nación tomará el proceso judicial en sus manos. La primera opción era la República de las Islas Marshall, dado que el "RM Power" tenía bandera de ese país. Al tratarse de un delito cometido en altamar, las normas internacionales dan prioridad a la Justicia del país de origen de la embarcación. Pero las autoridades de las Islas Marshall declinaron su derecho a intervenir en el proceso afirmando que no les interesa investigar el caso.

Un segundo hecho todavía no fue esclarecido. Entre la llegada del buque al puerto de Rosario y la detención de los imputados, desapareció un marinero filipino que habría participado de los homicidios. Agentes de Prefectura buscaron su cuerpo en el río sin resultado. La justicia provincial, a cargo de la investigación, todavía no declinó su competencia pero es probable que lo haga en los próximos días. De esta forma se unificarían las dos investigaciones en la justicia federal. Fuentes de la investigación afirmaron que todavía no puede descartarse ninguna hipótesis: muerte accidental, suicidio o un nuevo asesinato.

Los seis tripulantes están imputados como coautores de los cuatro homicidios. El juzgado federal decidió que fueran trasladados a dependencias del Servicio Penitenciario Federal. Hasta el momento se encontraban bajo la custodia de Prefectura. La investigación sigue en curso y la fiscalía todavía no realizó el requerimiento de elevación a juicio. Hasta entonces, la Justicia argentina será la responsable de la causa.