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La Procuración General de la Nación implementó un nuevo esquema de trabajo para enfrentar los delitos complejos como el narcotráfico y la trata de personas a través de políticas coordinadas en todo el país. La procuradora Alejandra Gils Carbó designó a los primeros cinco fiscales que actuarán en Santa Fe, Salta, Mendoza, Santiago del Estero y Mar del Plata. Lo harán en conjunto con la Justicia y las fuerzas provinciales a partir de información relevada en todo el país. El objetivo es cubrir unos 27 distritos fiscales.

Los fiscales designados son Adriana Teresa Saccone, que actuará en Santa Fe; Eduardo José Villalba, que lo hará en Salta; Dante Marcelo Vega, en Mendoza; Cecilia Indiana Garzón, en Santiago del Estero; y Daniel Adler, que coordinará el trabajo en Mar del Plata. El proyecto pretende alcanzar un trabajo conjunto entre los fiscales nombrados por Gils Carbó y sus pares provinciales, autoridades judiciales y políticas y fuerzas de seguridad. El objetivo es que el Ministerio Público Fiscal pueda dar respuestas para combatir los delitos complejos a través de estrategias adecuadas a cada región.

“Es necesario dar comienzo a la implementación de este sistema de actuación  para mejorar el posicionamiento y la capacidad de intervención del organismo frente a este tipo de criminalidad en las distintas regiones del país”, dice la resolución que designa a los fiscales coordinadores.

La procuradora Gils Carbó consideró que en las provincias seleccionadas ya "se encuentran dadas las condiciones para dar inicio a este proceso", y señaló que seguirán designando a los fiscales de los 22 distritos restantes.

Según explicó el sitio Fiscales.gov.ar, el “fiscal coordinador” de cada distrito será responsable de articular una mesa de trabajo, aunque no se le asignarán funciones para intervenir directamente en los expedientes que no se encuentren a su cargo. Además, tendrán acceso a información relevante para la elaboración de estrategias adaptadas a cada región, para combatir delitos como son al trata de personas, el narcotráfico, el lavado de dinero, la compraventa ilegal de armas, los delitos cibernéticos, la corrupción en el ámbito público y en el privado.

La procuradora Alejandra Gils Carbó había adelantado el proyecto a los gobernadores de Santa Fe Antonio Bonfatti, de Salta Juan Manuel Urtubey, de Mendoza Francisco Pérez y de Santiago del Estero, Claudia Zamora. En una de las reuniones que tuvieron, la procuradora expresó que el Misterio Público Fiscal debía articular junto con las provincias “mesas de trabajo y de diálogo para generar una estrategia común que tiene que redundar en una fuerte presencia del Estado frente al crimen organizado”.