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Un explícito y unánime apoyo al sistema acusatorio propuesto en el proyecto de reforma del Código Procesal Penal que el Poder Ejecutivo envió al Congreso fue manifestado hoy por los representantes del Consejo de Procuradores, Fiscales, Defensores y Asesores Generales de la República Argentina y del Consejo Federal de Política Criminal en un encuentro que mantuvieron con el ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Julio Alak.

En la reunión, que tuvo lugar este mediodía en la sede del ministerio, los representantes de los ministerios públicos provinciales anunciaron, además, que el jueves próximo (30 de octubre) se presentarán en el Senado para participar de la reunión de la comisión de Legislación Penal, que analiza el proyecto del Ejecutivo, para exponer las distintas experiencias recogidas en cada una de las jurisdicciones en las que ya rige el régimen acusatorio.

Durante el encuentro, Alak subrayó que “el actual proceso inquisitivo es lento y dificulta las investigaciones conjuntas dentro del país, porque a nivel federal investiga el juez y en las provincias lo hacen los fiscales, igual que en el resto del mundo”.

Los representantes de los organismos que nuclean a los fiscales, asesores generales y procuradores de todo el país destacaron la propuesta oficial de trasladar la función de investigación a los fiscales, al tiempo que los jueces mantienen el poder de decisión sobre todas las resoluciones judiciales, tales como imputaciones, procesamientos, prisiones preventivas, elevaciones a juicio y, por supuesto, la determinación de inocencia o culpabilidad de los acusados.

Alak también enfatizó que “el nuevo sistema acortará los procesos penales de un promedio de cuatro años a sólo seis meses” y destacó que “la condena tiene que llegar en tiempo oportuno para que la víctima y toda la sociedad sientan que el Estado les da una respuesta efectiva ante el delito”.

En el encuentro estuvieron junto a Alak los secretarios de Política Criminal, Planificación Estratégica y Asuntos Registrales, Juan Martín Mena, Ana Casal y Oscar Martini; y los procuradores generales de Buenos Aires, María del Carmen Falbo; de Salta, Pablo Viñals; La Pampa, Mario Bongianino; Misiones, Miguel Piñero, y Río Negro, Silvia Baquero Lazcano.

También concurrieron el procurador General de Formosa, Palo López; el de Chaco, Jorge Canteros; Chubut, Jorge Miquelarenna, y el procurador subrogante de Santa Fe, Miguel Molinari.

Otros presentes fueron los fiscales generales de San Juan, Eduardo Quattropani; Jujuy, Alejandro Ficoseco; Neuquén, José Gérez; Córdoba, Alejandro Moyano; Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Martín Ocampo; Santiago del Estero, Luis de la Rúa, y Corrientes, César Sotelo, y el fiscal del Tribunal Superior de Justicia de Santa Cruz, Claudio Espinosa.