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El proyecto que prohíbe definitivamente la publicación en todos los medios de comunicación de avisos que fomenten la oferta sexual y la trata de personas tuvo media sanción en Diputados. La norma busca prohibir “los avisos, publicaciones, publicidades o cualquier otro tipo de mensajes que promuevan la oferta sexual o hagan explícita o implícita referencia a la solicitud de personas destinadas al comercio sexual, a través de cualquier medio de comunicación”, incluidas las redes sociales.

Con 123 votos a favor y 54 en contra la Cámara baja aprobó, de esa manera, un nuevo régimen de prohibición, en cualquier medio de comunicación, de todo aviso, publicación, publicidad y mensaje que fomente la oferta sexual y la trata de personas con fines de explotación. El proyecto pertenece a diputados de La Cámpora y busca “la eliminación de todas las formas de discriminación y violencia contra las mujeres”, mediante la regulación de la difusión de mensajes destinados al comercio sexual. En este sentido, también comprende “todos aquellos avisos cuyo texto resulte engañoso”, esto es, los mensajes que “haciendo referencia a actividades lícitas, tengan por fin último la realización de alguna de las actividades aludidas”.

“Este proyecto se inspira en la lucha de muchísimas organizaciones, pero fundamentalmente se sintetiza en la persona de Susana Trimarco”, explicó el líder de la agrupación kirchnerista, Andrés “Cuervo” Larroque. Además, indicó que la propuesta “también se enmarca en las modificaciones a la Ley de Trata de Personas” sancionadas en el año 2012. La oposición tuvo sus críticas desde el sector del radicalismo. El diputado Manuel Garrido  dijo que el texto “es inconstitucional porque está en juego la libertad de expresión” y explicó que el proyecto confunde una actividad ilícita, como es la explotación sexual, con la actividad lícita que ejercen al expresarse los medios de comunicación. Además,  advirtió que la ley va en contra de las mujeres que ejercen la prostitución por cuenta propia: “Las va a empujar a una marginalización aún mayor, las va a empujar a la calle”, enfatizó

Las sanciones para quienes incumplan con esta ley, según el proyecto, van de apercibimiento a multas de 60 mil a 3 millones de pesos, y podrían agravarse en caso de reiteración. Los diputados proponen conformar con ese dinero un fondo especial “destinado a la prevención, concientización y sensibilización en torno de los delitos de explotación sexual y trata de personas, así como de las diferentes formas de violencia contra las mujeres”. En los casos de “reiteración o desobediencia a una orden de cese”, las sanciones se agravarán y se duplicarán los límites mínimos y máximos. Además, si los mensajes que promueven la oferta sexual son difundidos por redes sociales, la autoridad –que será designada por el Poder Ejecutivo- notificará a quien corresponda para que se proceda a la eliminación del contenido prohibido.

En los fundamentos los diputados precisaron que la Oficina de Monitoreo de Publicación de Avisos de Oferta de Comercio Sexual del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, que desde julio de 2011 tiene a su cargo la aplicación y cumplimiento del decreto 936/2011 (que prohíbe la publicidad sexual), constató que "el 80 por ciento” de los medios de prensa gráfica supervisados dejaron esas publicaciones, pero advierte que aún hay “resistencias” a cumplir con ese mandato.

Esa Oficina hizo referencia a que sólo en los primeros seis meses del año -entre enero y junio-, el diario Clarín publicó 16.552 avisos por los que obtuvo una ganancia de 2.597.748 pesos. De esta manera, y tras recibir dictamen, el proyecto quedó en condiciones de ser tratado en el recinto.

Según datos que la Oficina difundió en junio la mayoría de los diarios dejó de publicar este tipo de avisos conocidos como “rubro 59”: mientras que en noviembre de 2011 el promedio diario de publicaciones irregulares era de 1.123, en abril de este año el número descendió a 295. Sólo el 14 por ciento de los medios gráficos que publicaban avisos de oferta sexual antes de la sanción del decreto 936/2011 continúa difundiendo de manera ilegal este tipo de anuncios.

La iniciativa de erradicación total fue impulsada por los legisladores kirchneristas Andrés Larroque, Horacio Pietragalla, María Luz Alonso, Marcos Cleri, Anabel Fernández Sagasti, Mayra Mendoza, Eduardo “Wado” de Pedro y Teresa García, secretaria parlamentaria del FPV, entre otros.