Infojus Noticias

A raíz de la detención en Rusia de Camila Speziale y Hernán Pérez Orsi, los dos activistas de Greenpeace acusados de piratería en Rusia, surge la pregunta. ¿Qué puede hacer el Estado para auxiliar a los argentinos que son detenidos en el exterior? ¿Qué no puede hacer? A Speziale y a Pérez Orsi se los acusa de haber cometido lo que se considera un delito “común”. Eso limita las posibilidades del Estado de intervenir en el asunto.

Alberto Binder es vicepresidente del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP), especialista del derecho procesal penal. Dalila Seoane es abogada penalista, trabaja en la Procuraduría de Narcocriminalidad y tiene una amplia experiencia ante tribunales internacionales. Ambos coinciden: las gestiones que puede hacer Argentina en el caso de Speziale y Pérez Orsi son puramente diplomáticas.

Consultado por Infojus Noticias, Binder consideró que ante la detención de un extranjero en cualquier país, existe la obligación de la asistencia consular. Los consulados deben brindar auxilio a sus connacionales para garantizar que las condiciones de detención sean adecuadas, para que se respete el debido proceso y el derecho de defensa del detenido, y para asegurar que el imputado tenga acceso a toda la información necesaria para defenderse de la acusación que pesa sobre él. “Desde el punto de vista jurídico, eso es todo lo que se puede hacer”, informó Binder. Y agregó: “Es una garantía para que se respeten los estándares internacionales y para evitar que el detenido reciba un trato desigual por ser extranjero, algo jurídicamente establecido en convenios y tratados del derecho internacional”.

Mariana Ciaschini, de la oficina de prensa de Greenpeace en Argentina, adelantó la semana pasada a Infojus Noticias que apelarían las resoluciones de la justicia rusa. Y explicó que los distintos cuerpos diplomáticos realizaron algunas gestiones políticas: solicitaron que los activistas puedan pasar los dos próximos meses de prisión preventiva –o el tiempo que demande la investigación- en las embajadas de sus países en suelo ruso.

Cuándo intervienen los tribunales internacionales

Seoane aclaró que “los delitos comunes son juzgados ante los tribunales locales”, y que sólo podrían llegar a un tribunal internacional en el caso de que el Estado que mantiene detenido al extranjero incumpla obligaciones internacionales establecidas en los tratados, como las que atañen al respeto de los derechos humanos o el debido proceso. El caso de los veintiocho activistas de Greenpeace y los dos reporteros detenidos en Rusia “podría llegar ante la Corte Internacional de Justicia si uno de los Estados de los cuales provienen los activistas denunciara a Rusia por la violación de esas obligaciones, a partir de malos tratos hacia los detenidos”, razonó Seoane, en diálogo con Infojus Noticias.

Binder y Seoane dicen que más allá del marco jurídico establecido en cada país, Argentina o cualquier Estado soberano puede realizar gestiones diplomáticas. La alternativa es estrictamente política, pero las negociaciones podrían derivar en decisiones sobre el estado de la detención de sus ciudadanos, o sobre los procesos penales en los cuales se encuentran implicados. No es el caso de la extradición, un procedimiento que se lleva a cabo cuando se pide la remisión de un ciudadano a su país para ser juzgado por un delito cometido en el territorio nacional, o que haya generado efectos allí.

Rusia, Greenpeace y… ¿Holanda?

El proceso que afrontan los activistas de Greenpeace en Rusia tiene ribetes ajenos a lo penal, pero que podrían derivar en su liberación. La discusión es de derecho internacional y procedimientos. Según Rusia, el MV Artic Sunrise, buque de Greenpeace con bandera holandesa, se encontraba en aguas de su Zona Económica Exclusiva. En ese margen, Rusia tiene derecho a explotar recursos o a disponer de ellos como lo indique su política. Además, acusa a los activistas de haberse introducido en la zona de seguridad de la plataforma petrolera contra la que pensaban realizar su manifestación.

Los activistas responden que no existe razón para mantenerlos detenidos a raíz de esa eventual violación. A la vez denuncian el abordaje ilegal de las fuerza de seguridad de guardacostas, por la cual terminaron arrestados. Ahora el abogado de Greenpeace denuncia que las condiciones en que están detenidos los activistas son “inhumanas”, porque “no tienen agua potable ni calefacción”.

Holanda, en el ejercicio de su soberanía sobre el barco, también intervino e intenta recurrir a un procedimiento de arbitraje internacional. Ante un tribunal internacional, Rusia no podría sostener la acusación de “piratería” contra los activistas. Los Países Bajos podrían solicitar la “pronta liberación” de los acusados y otro tipo de medidas provisionales que alivien su situación durante el proceso. A la vez, discute si los manifestantes fueron detenidos o no dentro del radio de los 500 metros de seguridad en torno a la plataforma, y reclama que cualquier buque puede navegar libremente en la Zona Económica Exclusiva de otro país.