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La Red de Jueces Penales de la Provincia de Buenos Aires emitió un comunicado para "deplorar y repudiar" los linchamientos. Los califica de "expresiones de venganza privada" y advierte que "nos retrogradan a épocas de barbarie y crueldad, a la sociedad arcaica donde no existían el derecho, la razón ni la justicia, donde el hombre era el lobo del hombre". El texto lleva la firma de Pedro Rodríguez y Adriana Lucía Nanni, autoridades de la agrupación.

En respuesta a las voces que justifican los violentos hechos de "justicia por mano propia", el grupo de jueces afirma que "bajo ninguna circunstancia pueden explicarse o comprenderse por la aducida 'ausencia del estado' en materia de políticas de seguridad". Define los linchamientos como "actos de brutalidad criminal", y plantea que "contradicen las normas más elementales de la convivencia social".

A lo largo de cuatro puntos, el comunicado expone un firme rechazo a los hechos acontecidos en los últimos días en varios puntos del país. En el primero, detalla que se trata de "ejecuciones sumarias y tumultuosas de personas sospechadas de cometer delitos". Califica a quienes las realizan como "grupos de particulares con ánimo de venganza" en contraposición a quienes los definen como actos de "justicia por mano propia". Por el contrario, plantea que "revelan el nivel de irracional y salvajismo que se manifiesta en algunos miembros de nuestra sociedad".

La red de jueces publicó el texto en su sitio web y lo acompañó de una foto de un linchamiento a varios hombres negros a comienzos de siglo. Sobre la imagen, la agrupación escribe: "Golpear a una persona indefensa puede ser un delito grave, pero sin dudas es una cobardía que no tiene nada de justicia. Si es víctima o testigo de un delito, denúncielo y exija la aplicación de las leyes".

En un tercer punto, los jueces recuerdan que el artículo 14 de la Constitución Nacional le reconoce a los ciudadanos -y a los damnificados en particular- el derecho a peticionar ante las autoridades. "Existen cantidades de grupos y asociaciones de víctimas que ejercen una notable influencia en la adopción de las medidas de política-criminal con las que el Estado de derecho, a través de sus poderes representativos, ejercita el derecho a la persecución penal del crimen y la criminalidad", explican. 

Sostienen que "cuando los particulares desplazan a los organismos estatales encargados de velar por la realización de un juicio a la persona sospechada de haber cometido un delito, a través del debido proceso legal y con el aseguramiento de todas las garantías, se conmueve la estructura institucional y hasta la propia razón de ser del Estado". Y advierten que a partir de ello "se cierne sobre la población el grave riesgo de volver a las atrocidades de las sociedades primitivas que arreglaban sus diferencias a través de la violencia ilimitada, por la ley del más fuerte, en una estado de guerra permanente de todos contra todos".