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Martín Ocampo, titular del Ministerio Público Fiscal porteño, respaldó la iniciativa de la presidenta Cristina Fernández para reformar los sistemas de inteligencia. “Que se aborde esto que viene siendo una problemática para Argentina desde hace un tiempo, y que la Presidenta defina estas medidas me parece importante”. En el sistema judicial de la ciudad de Buenos Aires hasta ahora también se debía recurrir a la Secretaría de Inteligencia para solicitar escuchas telefónicas e interceptación de comunicaciones.

Ocampo fue legislador del PRO entre 2007 y 2011, y desde el año pasado encabeza el cuerpo de fiscales en la ciudad. “Es un tema estratégico para el desarrollo del país”, opinó sobre el proyecto de ley. Lamentó el contexto en que surgió la iniciativa, dijo que “no es el mejor”, por la muerte de Alberto Nisman, “pero bienvenida sea la decisión” de reformular los servicios de inteligencia. Y analizó: “Estamos en una situación de alerta, porque lo que sucedió nos hace pensar que la actividad puede ser bastante riesgosa”.

“Espero que el debate sea amplio y se permita la participación de todos los sectores políticos para que la medida pueda sustentarse en el tiempo”, dijo el fiscal general. Recordó que en el Congreso de la Nación ya hubo otros proyectos para modificar el sistema de Inteligencia. “Me parece buena la decisión política, aunque lamento que sea en un momento en que todos los fiscales estamos en una situación de crisis por la muerte de Nisman, que llevaba la causa más importante de Argentina por su complejidad e implicancias internacionales”, planteó.

El titular del Ministerio Público Fiscal apoyó el traspaso del sistema de escuchas judiciales a la Procuración General de la Nación, un cambio a nivel nacional que no sólo afecta a la justicia federal, sino a todos los sistemas judiciales provinciales y al de la ciudad de Buenos Aires. “Es un avance en relación a lo actual”, dijo Ocampo a Télam, aunque consideró que “la mejor salida hubiese sido que se dé dentro del Poder Judicial”.

El sistema porteño

En la ciudad de Buenos Aires, las pericias y entrecruzamientos de llamadas y mails están a cargo del Cuerpo de Investigaciones Judiciales (CIJ), que depende funcionalmente del Ministerio Público Fiscal. Pero esa dependencia no está habilitada a realizar escuchas telefónicas, porque la Ley de Inteligencia vigente sólo le atribuye esa competencia a la ex SIDE. Cuando en las investigaciones del fuero penal porteño hace falta una escucha, los fiscales porteños deben solicitarle la prueba al juez, que se la encomienda a la Secretaría de Inteligencia.

El CIJ cumple las funciones de una policía judicial, y debe asistir a los fiscales en sus investigaciones por delitos complejos. Está integrado por dos áreas: un departamento de Investigaciones Judiciales y otro Técnico Científico. Allí se brinda apoyo logístico y operativo para las investigaciones, para lo que cuentan con peritos especializados. Entre sus tareas y atribuciones, está la de analizar técnica, jurídica y estratégicamente la información que se desprende de la prueba producida por el fiscal.

La oficina está en la órbita de la Secretaría General de Política Criminal y Planificación Estratégica del MPF, y fue creada en 2008 bajo la gestión del entonces fiscal general Germán Garavano. La ley 2896, que regula su funcionamiento, la puso al servicio del “esclarecimiento de los hechos ilícitos, tanto en el aspecto técnico como en el científico”. El Cuerpo cuenta con un personal de casi 50 personas, entre investigadores, administrativos y analistas.

En un informe elaborado por Garavano poco después de la puesta en marcha del CIJ, se detalla que el organismo “se enmarca en una de las acciones llevadas a cabo por el Gobierno Nacional, como lo es el ‘Plan de Implementación de Laboratorios Regionales de Investigación Forense’, destinado a mejorar la administración de justicia en nuestro país”. Garavano, autor de esa presentación, resaltó que el organismo “ha logrado la coordinación con las fuerzas federales de seguridad”. Y destacó que el laboratorio de esa policía judicial “fue dotado con equipamiento de última generación de investigación criminal financiado con recursos del presupuesto federal”.