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En el juicio por la represión de diciembre de 2001, ordenada por el gobierno de Fernando De la Rúa, la querella del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) detalló hoy la cronología de un operativo que, en el centro porteño, terminó con cinco personas asesinadas y cientos de heridos. Después de 20 meses de audiencias, esta es la segunda jornada que el Tribunal Oral Federal N° 6 dispuso para escuchar los alegatos de los abogados de las familias que, por ese operativo –el día 20 de diciembre–, perdieron a Diego Lamagna, Gastón Riva y Carlos “Petete” Almirón. Ayer lo hicieron los de las familias de Gustavo Benedetto y Alberto Márquez.

En el juicio no están sus fusiladores, a quienes la fiscalía de Instrucción N° 5 no logró identificar. En cambio, sí están quienes, según la acusación, son considerados responsables indirectos de estos asesinatos: el ex secretario de Seguridad del gobierno de la Alianza, Enrique Mathov; el jefe de la Federal, Rubén Santos; y los ex comisarios Raúl Andreozzi –entonces superintendente de Seguridad Metropolitana– y el ex director general de Operaciones, Norberto Gaudiero.

Luego de nueve horas de audiencia –que sólo tuvo un cuarto intermedio al mediodía–, Karina Lamagna, la hermana de Diego, disparó: “Acá falta uno”, en referencia al ex presidente De la Rúa, sobreseído de su responsabilidad en la represión, por decisión de la Corte Suprema.

En el juicio, está previsto que los alegatos del CELS y del abogado Rodolfo Yanzón se extiendan durante dos jornadas más, por lo que concluirían el 26 de noviembre, dado que no habrá audiencia la próxima semana.

El abogado de CELS, Rodrigo Borda, comenzó su alegato haciendo una breve referencia a la crisis política y económica que se vivía en el país por esos días. Y marcó lo que, en su cronología –de reuniones político-policiales y de lo que sucedía en las calles–, fue el momento inicial: las 22.50 de la noche del 19 de diciembre cuando, por cadena nacional, De la Rúa anunció el estado de sitio (por decreto) que la Federal –dijo Borda– “utilizó como un cheque en blanco para detener personas y terminó como todos sabemos que terminó”.

En la sala SUM de los tribunales de Comodoro Py, separados de los acusados por un vidrio, estaban las esposas, hermanas, madres y padres y los hijos de los asesinados la tarde del 20 de diciembre, cuando la Federal desató la represión, y los heridos que sobrevivieron a la trágica jornada: llevaban remeras blancas con la inscripción “Los caídos viven en nuestra lucha, familiares de los asesinados el 20 de diciembre de 2001”. Los acompañaron Diana Malamud, de Memoria Activa (AMIA); Horacio Verbitskyy Gastón Chillier, del CELS; y Luis Zamora, del Partido Autodeterminación y Libertad, junto a militantes por los derechos humanos y amigos.

La primera alarma

“La gente necesita estar bien, basta de FMI, basta de ajuste”, gritaba a las cámaras un joven de unos 30 años, que marchaba junto a otros miles. Cuando la imagen terminó de proyectarse en la sala, Borda remarcó que “el Canal 4 de la Policía Federal monitoreaba la situación”. Era la noche del 19 de diciembre. A las 23.30, un grupo de policías de comisaría, “que no está preparado para contener una manifestación”, la avisaba a la Dirección General de Operaciones (DGO) que estaban “desbordados”.

Media hora después, recordó Borda, en la Plaza de Mayo –“repleta de gente” – la policía arrojó gases. En la televisión anunciaban que había renunciado el ministro de Economía, Domingo Cavallo. El canal de noticias TN lo informó brevemente; después, enfocó las corridas en la plaza. El video se volvió a ver hoy en la sala de audiencias. “Hasta que se inició, no hubo ni siquiera un intento por parte de ningún manifestante de voltear la valla de seguridad que rodea la Casa de Gobierno”, dijo la periodista. “Esto es preocupante, aquí hay familias con chicos”, agregó la cronista.

Borda calificó esta situación como un anticipo de lo que sería la jornada del 20. Asustadas, las personas se trasladaron hacia el Congreso: no faltaba mucho para que comenzaran la represión y las detenciones. Los policías de las comisarías pedían refuerzos. En el lugar, se veía a familias con chicos, a ancianos. A las 3.25 de la madrugada del jueves 20, Jorge Cárdenas se desplomó, sangraba sobre las escalinatas del Parlamento. En las imágenes, que Borda pidió que se proyectaran, se ve a un policía disparar.  “Esa fue la primera alarma de lo que iba a ser ese día”, concluyó Borda.

Cárdenas sobrevivió a esa bala; pero, meses después, murió afectado por una enfermedad. Sus hijos Juan Manuel, Verónica y Martín pidieron que sus tiradores fueran juzgados en este juicio; pero eso no sucedió. Su causa continúa en instrucción, ante la Fiscalía N° 5.

Cronología

Una represión programada. Borda resaltó que ya el 14 de diciembre, la Policía Federal había emitido órdenes internas para afectar “personal de comisaría, uniformados de Infantería” para evitar concentraciones en las plazas de Mayo y de los Dos Congresos, donde concretamente, se indicó “evitar que alguien arme una carpa”. A esa siguieron otras, de similar tenor.

En el salón de los Escudos, en la Casa Rosada. El 19, luego de la firma del decreto del estado de sitio, los jefes de las fuerzas federales –Policía (Santos), Gendarmería y Prefectura– fueron convocados por el ministro del Interior, Ramón Mestre (fallecido) y su secretario de Seguridad, Enrique Mathov. Les informaron sobre el estado de sitio, y que la Federal quedaba a cargo de la seguridad en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En esa oportunidad, también estuvo el ministro de Seguridad Bonaerense, Juan José Álvarez, y la plana mayor de la policía provincial. La preocupación era, según remarcó Borda, “vigilar los ingresos a la CABA” y no, como dijeron los acusados, el ocuparse de los saqueos en la provincia de Buenos Aires.

Orden 4863. Esa noche, la DGO convocó a todo el personal para el otro día, “incluso a los recién promovidos”, “a partir de las 6 de la mañana”, leyó Borda, ya que la orden circuló por escrito. El objetivo, según dijo Mestre en su declaración del 21 de diciembre, era reforzar la seguridad en el centro porteño y “el dispositivo de resguardo de la Casa Rosada”. Hubo otras órdenes; una, por ejemplo, que indicaba que la lista de detenidos a disposición del PEN debía informarse a Mathov. “Cuando niega haber recibido esa información, claramente Mathov miente”, dijo Borda y aclaró que así surge del “instructivo que armó Andreozzi  por orden de Santos”. Y de la declaración de Mestre, quien aseguró que “fue Mathov el que le alcanzó el borrador del decreto 1682 para blanquear esas detenciones”.

Para el querellante, “la policía no actuó autónomamente, todo eso se hizo en función de la instrucción que recibieron en la reunión del 19 de diciembre”.

La represión recrudece

La mañana del 20. Siguieron las reuniones de los funcionarios y el jefe de la Federal; mientras otros funcionarios del gobierno aliancista buscaban acuerdos con el Partido Justicialista y su propio partido, encabezado entonces por Raúl Alfonsín. Las referidas a la seguridad, precisó la acusación, fueron “encabezadas preponderantemente por el imputado Mathov”. El objetivo: que no se reunieran manifestantes frente a la Casa de Gobierno, porque podrían afectar “un acuerdo, negociación con los partidos”.

La misma mañana, alrededor de las 9. Santos volvió a la Casa Rosada. Convocó a una reunión de la Plana Mayor de la fuerza que encabezaba y ordenó incrementar la represión. “Ordenó a todos los superintendentes poner inmediatamente a disposición de la DGO la mayor cantidad de personal que sea posible a los fines de reforzar el operativo”, dijo Borda. Y aclaró que, en esa reunión, Santos puso en manos de Andreozzi esa coordinación. Además, indicó que esos efectivos debían responder al Jefe de zona y de la DGO.

“Desalojen la plaza, quiero 50 detenidos”. Habría indicado Santos, cerca de las diez de la mañana, en la sala de Operaciones. Así lo remarcó Borda, citando a distintos testigos. Y aclaró que la orden se “transmitió por tracking y teléfono a los oficiales que estaban en la plaza”. “El único de los presentes que niega esa orden es Santos, claro, por obvias razones”, concluyó el abogado. A las 10.15, la orden transmitida de la DGO fue “hacer un cerco perimetral a toda la plaza”.

Después de las 11, los caballos sobre las Madres de Plaza de Mayo. Era jueves, el día de la semana en el que las Madres siguen haciendo la ronda. Sin embargo, aquel 2001 se habían acercado también alertadas por la situación y pedían que cesaran las detenciones, los palazos y los atropellos sobre los manifestantes. Los policías de Montada les tiraron los caballos encima. En las comunicaciones de los policías que citó Borda, las nombran como “las de los pañuelos blancos”. “La escalada de represión terminó como todos sabemos: esto era previsible”, dijo Borda.

En avenida de Mayo y Tacuarí, hacia la avenida 9 de Julio. A partir de las 15. El Grupo de “Asalto 5” del Cuerpo de Operaciones Federales (COF) de la PFA sumó personal de distintas comisarías, pero se vieron superados por el avance de los manifestantes a quienes querían impedir que llegaran a Plaza de Mayo. Entonces, avanzaron y dispararon, según los peritajes citados por la querella, con balas de plomo. En esa zona y a esa hora, murieron en la calle Diego Lamagna, Gastón Rivay Carlos Almirón. En la instrucción, el ex principal de la seccional 4ta., Víctor Belloni, fue identificado como el tirador que apuntó contra los manifestantes. Pero, en este juicio, no está acusado por sus asesinatos, sino por los intentos de homicidio de Marcelo Dorado y el motoquero Sergio Sánchez, sobrevivientes de esa trágica jornada.

MB/LL