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La pareja y los hijos de Alberto Márquez, uno de los manifestantes asesinados en la represión que ordenó el gobierno de Fernando de la Rúa, llegaron esta mañana temprano a los Tribunales de Comodoro Py. Llevaban remeras blancas con la inscripción “Los caídos viven en nuestra lucha, familiares de los asesinados el 20 de diciembre de 2001”. Después de 20 meses de audiencias, hoy empezaron los alegatos en el juicio. El abogado de la familia les pidió a los jueces del Tribunal Oral Federal 6 que condene por el homicidio de Alberto a los nueve policías de Asuntos Internos de la Federal que esa tarde, cuando el ex presidente ya había abandonado la Casa Rosada, llegaron en tres automóviles a una plazoleta cerca del Obelisco, se bajaron y dispararon contra 20 o 30 personas que buscaban un poco de sombra. Para el jefe del grupo, Orlando Oliverio, el querellante pidió 25 años de prisión; para los que llevaban la armas –Carlos López, Ariel Firpo Castro y Norberto Juárez– pidió 20 años de cárcel y 16 para los otros acusados. Concluyó así la primera audiencia dedicada a los alegatos de las querellas.

Por la mañana, el abogado de dos heridos pero sobrevivientes de esa balacera –Martín Galli y Paula Simonettti-había pedido 15 años de prisión para Oliverio y 12 para sus subordinados, por intento de homicidio. En tanto, la abogada que representó a la familia de Gustavo Benedetto, asesinado cuando otro grupo de policías encabezado por Omar Bellante desató una balacera desde una sucursal del HSBC, sobre la avenida de Mayo en la esquina con Piedras. Bellante es el único imputado por estos hechos en el juicio. La abogada de su familia, Alicia Pierini, pidió que se lo condene a 5 años de prisión por “homicidio por omisión impropia”. Pierini evaluó que no se comprobó que disparó pero sí que no hizo nada para impedir que sus subordinados lo hicieran, que no lo denunció y borró pruebas (o habilitó que otros lo hicieran) levantando los casquillos que dejaron los disparos. Por esto lo señaló por encubrimiento e incumplimiento de los deberes de funcionario público.

Mañana será el turno de la querella del Centro de Estudio Legales y Sociales (CELS) y de Rodolfo Yanzón, que representan a los familiares de Gastón Riva, Diego Lamagna y Carlos “Petete” Almirón, tres de las cinco víctimas fatales de esa represión, a metros de la Casa Rosada. En su caso, apuntarán a quienes consideran los responsables indirectos de estos asesinatos: el ex secretario de Seguridad del gobierno de la Alianza, Enrique Mathov y el jefe de la Federal, Rubén Santos. Y los ex comisarios Raúl Andreozzi, entonces superintendente de Seguridad Metropolitana y el ex director general de Operaciones Norberto Gaudiero, a quien Santos asignó funciones operativas durante la represión. Está previsto que sus alegatos se extiendan durante dos jornadas. Como no habrá audiencia la próxima semana, concluirían el 26 de noviembre, para dar luego lugar a la fiscalía integrada por Mauricio Viera, Mariano Domínguez y José Piombo,

Marta Pinedo, la mujer de Márquez, en el lugar en el que mataron a su marido (Foto: Télam).

“Sentí los tiros en la nuca”

Alberto tenía tres hijos: Claudia, Daniel y Hebe. Vendía seguros y, en esos días, ocupaba funciones como consejero escolar en el municipio de San Martín, por el Partido Justicialista, donde militaba desde su juventud. Tenía 57 años. En la represión dos balas calibre 12/70 le atravesaron al cuerpo. Estaba con Marta Pinedo, su pareja, en las inmediaciones del Obelisco, De la Rúa ya había renunciado, y él intentaba comunicarse con su familia y amigos en San Martín cuando dos autos y una camioneta estacionaron frente a la plazoleta. Era cerca de las 19.20 de la tarde, hacía 40 minutos De la Rúa había firmado su renuncia.

“Sentí los tiros en la nuca”, dijo Marta en la primera audiencia que el Tribunal Oral Federal 6 dedicó a escuchar a los testigos de este juicio, en mayo de 2014. Marta asegura que Alberto no los vio venir, porque estaba hablando por teléfono; pero que cuando advirtió el peligro la protegió. Su abogado, Juan Carlos García Dietze hoy lo recordó: “Alberto era grandote, abrió los brazos y le puso la espalda a las balas para salvar a quien quería", dijo tras recordar el testimonio de Marta.

Según la acusación, por decisión del entonces jefe de la Federal Rubén Santos que decidió “llenar de policías la Capital”, sin importar si estaban preparados para eso. Estos hombres se sumaron al operativo, aun cuando su tarea era la “vigilar” la labor de otros integrantes de la fuerza, señalaron los abogados. Recordó García Dietze y antes lo había hecho Yanzón, que la Orden 4863 los sacó, no como hacían siempre de civil, sino con chalecos azules y gorras y con armas. Y que según uno de ellos, Horacio Berardi, reconoció durante el debate no sabían usar en situaciones como las que enfrentaban.

“No tenemos un testigo, tenemos muchos”, dijo García Dieteze al comenzar su alegato. Con vehemencia, después lo volvió a remarcar cuando cuestionó el intento de las defensas, en los últimos meses, de cuestionar la hora del asesinato de Márquez, y decir que los policías llegaron después al lugar. Señaló que el informe que presentó uno de los acusados, Figueroa, que  por su cuenta y sin control judicial, encargó a un subcomisionado de la policía Metropolitana y, que el tribunal en principio rechazó, aunque encargó una análisis similar al CONICET: “carece de todo sustento”.

Enumeró cuantiosa prueba, pero las más contundentes: hay tres llamadas de Márquez desde su celular, entre las 19.09 y las 19.12, mientras los policías pretendieron que fue asesinado a las 19.10; y un policía (Weber) que estaba viendo las imágenes de la represión, desde otro lugar, modula y comunica a las 19.21 que ve a dos personas tiradas próximas a la avenida 9 de Julio y Sarmiento, donde estaba la plazoleta en la que descasaba Márquez y los otros manifestantes. García Ditze, concluyó: consideró a los nueve policías como “coautores funcionales” por el reparto de tareas. Asegura que tuvieron la “voluntad común” de matar.

Los nueve ex agentes de Asuntos Internos fueron comandados por el comisario Orlando Oliverio (Foto: Leo Vaca).

La brigada que disparó

En la causa que se elevó a juicio está probado que estos nueve agentes portaban armas reglamentarias, y al menos una escopeta en cada automóvil. Así como también que dispararon, como algunos de ellos reconocieron, aunque aseguran lo hicieron sin riesgo para los manifestantes.

-En la Ford Ranger doble cabina gris, patente DIM 747, Oliverio iba al mando: era entonces jefe del Departamento de Control de Integridad Profesional. Con él estaba el oficial inspector Norberto Sabbino que conducía. Y el agente Ariel Firpo Castro iba en la parte de atrás. Según, la instrucción, llevaban dos escopetas, una Itaca y otra Browning.

-En el Peugeot 504 blanco, patente VYM 669, conducía el sargento Roberto Juárez. El mando estaba en manos del principal Eugenio Figueroa. Y el auxiliar Sebastián Saporitti los asistía desde el asiento trasero.

-El Fiat Palio color bordó, patente DOX 129, conducía Berardi. Y el subcomisario Carlos López estaba al mando y el principal Mario Seia, viajaba en la parte de atrás. Tanto en este auto, como en el Peugeot, las escopetas eran 12/70.

La intensidad del dolor

Gustavo tenía 23 años, estaba a diez días de su cumpleaños y esa mañana cuando fue a trabajar se enteró que había quedado desocupado. El supermercado donde se ocupaba de reponer mercadería había sido saqueado. Enojado decidió marchar hacia la Plaza de Mayo, sumarse a los que manifestaban su descontento con las políticas de hambre y una bala le destrozó la cabeza cuando caminaba hacia la plaza.

En el banco, desde el que dispararon Bellante estaba con 16 policías a cargo. En su alegato, la abogada Alicia Pierini asegura que no puede probar que Bellante disparó, pero sí presume que dio la orden de disparar porque “eran muchos, y además de los policías estaban los vigiladores privados, si no se ponían en fila se mataban entre ellos”, aseguró.

La abogada lamentó que a este juicio haya llegado solo Bellante como imputado, y recordó que en la fiscalía de Instrucción 5 se instruye la causa que tiene al jefe de los viligadores privados como imputado: Jorge Varando, un ex militar también investigado por la desaparición de dos jóvenes en el copamiento del regimiento de La Tablada.

Al final de su alegato, Pierini citó el fallo de la CorteIDH en el Caso Bulacio: la persona que pierde su cónyuge se torna viudo o viuda, el que pierde el padre o la madre se torna huérfano, los idiomas no tienen un término correspondiente para el padre o la madre que pierde su hijo o hija. Este vacío semántico se debe a la intensidad del dolor”. La mamá de Gustavo –Olga de Benedetto- la escuchaba con la vista fija en el vidrio que la separaba de los acusados. Cuando se retiró de la audiencia, se preguntó por el próximo 20 de diciembre: un nuevo aniversario sin su hijo, todavía sin condenados por su muerte.

MB/RA

*El video que ilustra esta nota fue producido por el Área Audiovisual del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).

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