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Después que la represión ordenada el 20 de diciembre de 2001 por el gobierno de Fernando de la Rúa dejara cinco muertos y cientos de heridos en las calles del centro porteño, en la Casa Rosada “la razón estaba dominada por la emoción”. Lo dijo esta mañana el entonces secretario general de la Presidencia, Nicolás Gallo ante los jueces del Tribunal Oral Federal 6 (TOF6) que desde febrero llevan adelante el debate oral que tiene a un funcionario político entre los acusados, el ex secretario de Seguridad, Enrique Mathov, y 16 ex policías de la Federal.

A diecisiete días de cumplirse trece años de la sangrienta represión, Gallo corrigió en varios puntos la versión de los hechos que dio el 23 de abril de 2002, cuando declaró durante la instrucción de la causa. Dijo entonces que no advirtió que hubiera una “confabulación para que el presidente se vaya”; ahora la vuelta de timón fue completa. “En 2002 yo consideraba eso y es obvio que, bajando la adrenalina, hoy tengo una opinión contraria”, dijo el testigo.

Y enumeró tres hechos por los que le atribuye al ex presidente Eduardo Duhalde, encabezar un complot para desplazar a De la Rúa: una supuesta reunión en Washington, en agosto de 2001, donde según información del periodista Mario del Carril, Duhalde anticipó que se iba a “hacer cargo de la presidencia”; la designación de Ramón Puerta en la presidencia provisional del Senado; y que la mañana del 20  de diciembre Duhalde dijo “el presidente cambia o cambiamos de presidente”, ante los canales de televisión.

Continuando la línea del interrogatorio sobre las contradicciones advertidas por los abogados que llevan la querella del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), el juez Martínez Sobrino le recordó al testigo que en 2002 también habló de una reunión, en diciembre de 2001, donde había acompañado a De la Rúa a un encuentro con sus correligionarios Raúl Alfonsín y Raúl Alconada Sempé. “Con Alfonsín el cambio debía ser mucho más profundo; por mi parte no quería la devaluación, pero sí la renuncia de Cavallo”, dijo hace trece años el testigo y aclaró que la idea no era compartida por quien gobernaba.

El acta que desapareció

El tercer testigo citado para hoy por el TOF6 fue Luis Uriondo, secretario del Consejo de Seguridad Interior en diciembre de 2001. El Consejo es un organismo federal compuesto por el titular del área (en ese momento, Mathov), los jefes de las fuerzas de seguridad -Policía Federal, Gendarmería y Prefectura- y los ministros de Seguridad de las provincias, con sus respectivos jefes policiales. Y si las circunstancias lo ameritan, se suman autoridades tales como el presidente de la Nación o los gobernadores.

En la audiencia, Uriondo recordó que el día 19 de diciembre, por disposición de Ramón Mestre (ya fallecido, y por eso ausente en este debate) dispuso que al  día siguiente, a las tres de la tarde, se convocara al Consejo. “El día 20 fui a la Casa de Gobierno, pero no vino ninguno de los gobernadores”, dijo el secretario. Y enumeró a los presentes y a los ausentes, “el ministro Mestre no fue”, empezó, y aclaró: “estaban Mathov, cinco o seis representantes de los gobernadores y los jefes de las fuerzas de seguridad federales (Gendarmería, Prefectura y la Policía Federal)”. 

Según la versión de Mathov, durante su declaración indagatoria en este juicio, ese día no se labraron actas (actividad que le correspondía a Uriondo) y la convocatoria fracasó porque las autoridades provinciales no llegaron. Urindo, ratificó ante los jueces que “ante la falta de quórum se levantó la reunión del Consejo” pero dio una versión distinta sobre el acta. Dijo que el ex secretario de Seguridad se limitó a informar a los presentes sobre los contactos y las personas designadas, en cada región, para asistir a las autoridades provinciales. “Estaba yo con una planilla registrando, después se hizo una muy breve acta firmada por los presentes”, dijo Uriondo. Pero no dio precisiones sobre el destino de este documento.

“El abogado del CELS, Rodrigo Borda, lo interrogó al respecto y el ex funcionario dijo que fue ratificado en su cargo durante la presidencia de siete días de Adolfo Rodríguez Saa, y después también en la de Duhalde. “Yo entregué el acta antes del gobierno de Duhalde, después qué pasó con el acta sinceramente no sé, pero estimo que tiene que estar en el archivo del ministerio del Interior”, dijo y agregó: “todo era un descontrol”. Este documento -requerido durante la investigación-  no figura entre los presentados como prueba porque no fue hallado. “Los testigos de hoy pretendieron apuntalar la versión de Mathov y, para hacerlo modificaron sus declaraciones anteriores”, dijo Borda cuando terminó la audiencia.

La censura a los medios

El secretario de la Presidencia de De La Rúa, recordó en la audiencia de hoy un episodio de antología sobre los discutidos alcances del estado de sitio, durante la jornada del 20 de diciembre. Contó que el entonces COMFER, encargado de la regulación de los medios de radio y televisión, estaba a cargo de Gustavo López y dependían de él.

Por este motivo, López lo habría consultado cuando le llegó una instrucción del ministro del Interior, Mestre, para que los medios no difundieran imágenes de las protestas, dado que se había dispuesto el estado de sitio. “Bajo ninguna circunstancia yo hubiera aceptado que se ponga una restricción a la libertad informativa”, dijo Gallo pero no aclaró si la medida se llevó o no a cabo.

López figura entre los testigos que serán convocados. Por lo pronto, fuentes que conocen la investigación informaron a Infojus Noticias que la disposición fue leída por Mirtha Legrand, en el programa que condujo el mismo día 20.

Posible careo

Gallo y Uriondo no fueron los únicos ex funcionarios de la Alianza que integraron el  gobierno que fueron de la partida de dichos y desmentidas. Ese 20 de diciembre, cuando ya había muertos por las balas policiales en los alrededores de la Plaza de Mayo, el diputado de Autodeterminación y Libertad Luis Zamora y la diputada del ARI Marcela Bordenave tuvieron una reunión con el entonces secretario de Asuntos Políticos del Ministerio del Interior, Lautaro García Batallán.

Según relató Zamora, durante la instrucción de esta causa, Batallán le habría contado que “esa mañana hubo una reunión en Olivos, del Presidente y su entorno, donde se decidió  impedir que la plaza se llene, utilizando los mecanismos que fueren necesarios, porque necesitaban horas para negociar con el justicialismo”. García Batallán no se cansa de repetir que sus palabras fueron “malinterpretadas”. Hoy habló de una “interpretación política o mala interpretación de Zamora”.

El "rubiecito seductor" del grupo sushi, como alguna vez lo definió un viejo militante del radicalismo que no lo veía con buenos ojos, fue escueto y esquivo en sus declaraciones. Este psicólogo de 47 años, cuando fue consultado sobre su actividad actual, dijo que dirige una revista de medio ambiente. Y lacónicamente, casi con la misma cadencia, ante preguntas sobre el contenido de la reunión con los legisladores, sobre quién le había ordenado recibirlos y, qué funcionario correspondía que lo hubiera hecho, respondió con un formula: “todos estábamos muy preocupados, muy afectados por la situación”. Los detalles prácticamente fueron ajenos a su memoria.

Algo parecido ocurrió cuando, desde la fiscalía que encabeza Mauricio Viera, le consultaron que  funcionarios vio ese día en la Casa Rosada y dijo que solo había visto al hoy fallecido Mestre. Cuando le preguntaron si la informó a los legisladores que la orden era despejar de manifestantes la Plaza de Mayo, se corrigió y dijo que como había un “vallado” él interpretó que si dice “prohibido pasar, no se pasa”. Bordenave y Zamora están citados como testigos en este juicio a pedido de la querella y de la fiscalía. El tribunal deberá decidir  va a disponer un nuevo careo entre los ex legisladores y García Batallán, como ya ocurrió durante la instrucción.

La renuncia de De la Rúa

-¿Dónde fue después de que los periodistas, por la tarde, le dijeron que había muertos?-le preguntaron los querellantes a Gallo.

-Me senté en el sillón de mi despacho con un dolor muy profundo porque no lo podía creer –recordó el secretario de la Presidencia y agregó: -Media hora después el presidente estaba redactando de puño y letra su renuncia y se la entregó a (Virgilio) Loiácono.

En ese entonces, Loiacóno era secretario Legal y Técnico de De la Rúa, hoy ocupa un lugar en este juicio como defensor del ex jefe de la Federal, Rubén Santos, acusado junto con  Mathov por los homicidios culposos, durante esa represión y en manos de la policía Federal, de Alberto Márquez, Gastón Riva, Carlos Almirón, Ariel Benedetto y Diego Lamagna. En la sala presidida por los jueces José Martínez Sobrino, Rodrigo Giménez Uriburu y Adrián Martín, es la primera vez desde que empezó el juicio en febrero que se escuchó la versión de testigos del poder, segundas y terceras líneas de funcionarios que presenciaron la toma de decisiones durante ese diciembre, donde murieron 30 personas y hubo centenares de heridos.