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El ex jefe de la Policía Federal Rubén Santos se sentó esta mañana frente a los jueces del Tribunal Oral Federal 6 para ampliar su indagatoria. Está acusado por haber dado las órdenes que derivaron en el asesinato de manifestantes en la represión que el 20 de diciembre de 2001 marcó el fin del gobierno de Fernando de la Rúa. Para comenzar, leyó una declaración que realizó como imputado en 2006, cuando aseguró que actuó “bajo la tutela del poder político (el ministro del Interior Ramón Mestre) y judicial (la jueza María Servini de Cubría)”, instructora de la causa que lo tiene como imputado.

En este juicio, Santos está acusado por impartir las órdenes que derivaron en los homicidios de Gustavo Benedetto, Marcelo Riva, Diego Lamagna, Carlos Almirón heridos por balas de plomo en las inmediaciones de Plaza de Mayo y la de Alberto Márquez, en las cercanías del Obelisco. Y, además por abuso de autoridad y por incumplir con sus deberes como funcionarios públicos al no haber actuado para impedir esos asesinatos y las heridas ocasionadas a otros cientos.

En una de las audiencias de este juicio, Carlos Casafús, uno de los hombres que estuvo bajo las órdenes de Santos, contó cómo lo vio en la sala donde se tomaron decisiones sobre la represión. Casafús dijo que la mañana del 20, Santos estuvo parado en medio de la habitación y “a viva voz” dijo “quiero 50 detenciones” y que se desaloje la plaza de Mayo.

En el debate oral que se desarrolla desde hace un año y medio en los tribunales de Retiro, cada semana Santos ocupó un lugar junto a otros quince ex policías acusados por la masacre que desató el gobierno aliancista cuando pretendió despejar de manifestantes la Plaza de Mayo. Esta mañana, a poco de iniciar la lectura de su declaración, un corte de luz en los tribunales de Comodoro Py le impidió continuar.

Para entonces, Santos había leído la parte de la declaración de 2006 en la que reconocía haber dado tres órdenes: “Cerrar el tránsito sobre la calle Balcarce”; “desplazar a la gente detrás del vallado policial, detrás de la pirámide” y “realizar detenciones puntuales”. “No impartí ni autoricé ninguna otra orden”, completó. Y aseguró: “El resto de lo que se me imputó es falso”.

Dijo, además que esa mañana se alejó de la Dirección General de Operaciones alrededor de las 9.30. “Antes de retirarme le transmití a (Raúl) Andreozzi y (Norberto) Gaudiero que continuara con el trabajo emprendido y que se siguieran efectuando detenciones puntuales a quienes efectuaran actos violentos”. Como Santos, Gaudiero entonces director de Operaciones y el ex comisario Raúl Andreozzi, ex superintendente de Seguridad Metropolitana, están acusados por los homicidios culposos de los manifestantes heridos por balas de plomo.

Cerca del mediodía, llegarían las imágenes de los policías de la Montada abalanzándose con sus caballos sobre las Madres de Plaza de Mayo. Y por la tarde, los heridos y los muertos por las balas de plomo. En el banquillo de los acusados, y con los mismos cargos que él, está Enrique Mathov, entonces secretario de Seguridad y, ahora, el único político imputado por la represión.

El peritaje sobre las imágenes del crimen

El tribunal hizo hoy lugar al pedido de la fiscalía para que se complete el informe realizado por peritos del CONICET sobre las imágenes de las personas que el 20 de diciembre de 2001 rodearon a Alberto Márquez, asesinado a metros del Obelisco poco antes que Fernando del Rúa dejara la presidencia. El tribunal resolvió pedir este estudio luego de que uno de los nueve ex policías acusados por el homicidio de Márquez presentó un informe que, por fuera de la causa, encargó a un oficial de la Metropolitana.

Con el objetivo de indicar que llegaron al lugar después del ataque, en el informe presentado por el imputado se observan en los relojes que llevaban las personas que habrían estado junto a Alberto Márquez, cuando lo alcanzaron dos balas de plomo; pero la fiscalía y las querellas lo rechazaron por "extemporáneo" y porque no pudieron controlar su producción. El tribunal tampoco lo aceptó, pero dada la “trascendencia” pidió un nuevo peritaje al CONICET.

El informe llegó al tribunal integrado por José Martínez Sobrino, Adrián Martín y Rodrigo Giménez Uriburu esta semana. Pero desde la fiscalía, encabezada por Mauricio Viera, pidieron que se precisara con qué imágenes trabajaron los peritos y que se complete con un “minucioso” detalle del razonamiento que lleva a las conclusiones.

El tribunal dio curso a este pedido, y le indicó a los profesionales que, una vez notificados, en un plazo de 48 horas informe “cuál fue el tramo del archivo o documento que utilizaron” para el peritaje. Y los convocó, en principio, a la audiencia del debate que se reanudará el jueves 17, de la próxima semana.

El homicidio de Márquez

Aquel 20 de diciembre, poco antes que un helicóptero alejara a de la Rúa de la Casa Rosada, un grupo de oficiales comandados por el ex comisario Orlando Oliverio -a bordo de dos autos y una camioneta no identificados- se desplegaron sobre la avenida 9 de julio, cerca del Obelisco. En las imágenes registradas por el canal policial 4 y por Crónica TV –que fueron transmitidas en el juicio-, se ve como algunos de ellos apuntan y disparan con armas largas. A Márquez dos balas lo hirieron a la altura del pecho, cuando ingresó al hospital Ramos Mejía los médicos ya no pudieron hacer nada.

Los oficiales que acompañaban a Oliverio están además acusados por dos intentos de homicidio. El de Martín Galli que recibió otro balazo; a él lo salvó “El Toba” Héctor García, un militante en los 70 que se empecinó en salvarle la vida: con un dedo le tapó el agujero que la bala le había dejado en la nuca. Y el de Paula Simonetti, una joven estudiante de comunicación que desde ese día, vive con una bala de plomo en su cuerpo: “Entró cerca de la vena aorta, a la altura del broche del corpiño”, recordó en el juicio.

MB/MEL/RA