Infojus Noticias

El 20 de diciembre de 2001, Gustavo Benedetto había llegado de su casa de La Tablada al epicentro de la movilización popular, sobre Avenida de Mayo. Mientras se acercaba a Plaza de Mayo, en la esquina de Chacabuco lo mataron de un tiro. El proyectil calibre 9 milímetros salió del interior de una sucursal del banco HSBC. Su madre y su hermana vieron su muerte televisada desde los noticieros. Hoy estuvieron las dos en la audiencia del juicio por la represión de ese día, separadas por una puerta de vidrio cerrada con llave. “Encima nos encierran, tienen miedo de que hagamos algo”, dijo enojada Eliana Benedetto, hermana de Gustavo, desde el área destinada al público. Unos metros más adelante estaba su mamá.

Hoy hubo una nueva audiencia en elTribunal Oral Federal N°6, integrado por José Martínez Sobrino, Javier Anzoategui, Rodrigo Giménez Uriburu y Adrián Martín. Los jueces investigan los cinco homicidios derivados de la orden de desalojar la Plaza de Mayo que dictó Fernando de la Rúa la mañana del 20 de diciembre de 2001. Las víctimas fueron -además de Benedetto- Gastón Riva, Alberto Márquez, Diego Lamagna y Carlos Almirón. También se debate sobre 117 casos de lesiones durante la represión policial.

Los imputados son Enrique Mathov, secretario de Seguridad del gobierno de De la Rúa; Rubén Jorge Santos, ex jefe de la Policía Federal; Norberto Gaudiero, ex jefe de la Dirección General de Operaciones de la Policía Federal; Raúl Andreozzi, ex jefe de la Superintendencia de Seguridad Metropolitana de la Federal. A estos acusados se les suman doce policías de menor rango que son juzgados por tentativa de homicidio.

Comprometida con poner fin a la impunidad de la brutal represión de diciembre de 2001, Alicia Pierini fue la primera patrocinante de la causa. En 2003 tuvo que abandonar su rol de letrada porque la designaron defensora del Pueblo de la ciudad de Buenos Aires. El lunes pasado rehabilitó su matrícula y en la audiencia de hoy se sentó al lado de quien vuelve a representar, la mamá de Gustavo. Después de once años, Pierini “volvió al llano profesional”, como le dijo al tribunal. Hoy pidió un cuarto intermedio para estudiar la causa y solicitó el audio de las audiencias pasadas.

Uno de los puntos que había quedado pendiente de la semana pasada era la situación del abogado Virglio Loiácono, letrado del imputado Santos. La querella y la fiscalía habían pedido su apartamiento porque Loiácono fue secretario legal y técnico durante el gobierno de De la Rúa y estuvo a cargo de las piezas legales que dieron marco a la represión policial. Sobre este eje, el tribunal hoy no se expidió.

En la audiencia anterior, la abogada Valeria Corbacho planteó que no podía estar ausente el abogado querellante Valentín Lorences. El letrado representaba –hasta ayer- a la familia Benedetto y Corbacho defiende al policía Omar Bellante, acusado de encubrimiento del asesinato de Gustavo. Lorences desde el año pasado fue designado como juez de faltas en el distrito bonaerense de Vicente López. Al igual que le sucedió a su antecesora Pierini, el cargo no es compatible con trabajar en la profesión.

Corbacho también había planteado la nulidad del proceso. Cuando el fiscal Mauricio Viera quiso argumentar, ella levantó la mano y protestó. Dijo que al fiscal no le correspondía responder su planteo. El TOF le dio la razón y el fiscal no pudo expresarse. La abogada vive días muy ocupados: a partir de la semana próxima deberá dividirse entre este juicio y el de la tragedia de Once, que empieza el martes. Es la defensora del maquinista Marcos Córdoba.

Desde el CELS, Rodrigo Borda le dijo a Infojus Noticias: “Nos sorprendió que el tribunal no dejara responder el pedido de nulidad que quería expresar el fiscal. Es preocupante que hayan tomado una decisión tan desacertada. Desdibuja el rol del fiscal, desatendiendo el rol del Ministerio Público cuando tiene que controlar la legalidad del proceso”.

La audiencia de hoy, además, estuvo dedicada a resolver cuestiones preliminares a la etapa de testimoniales. El fiscal Viera les respondió a las defensas que la semana pasada habían planteado la extinción de la persecución penal. Viera sostuvo que de ninguna manera se violaron las garantías de los imputados. También dijo que los sucesos investigados “son de una violencia institucional emblemática contra los ciudadanos que salieron a manifestarse en las inmediaciones de la Casa Rosada”. 

En esa misma línea se pronunció la querella del CELS, que apeló a lo dicho por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de Walter Bulacio. “Las prescripciones no deben ser tenidas en cuenta en este tipo de hechos, aunque no sean de lesa humanidad”, dijo Borda. “Esto no es una exégesis traída de los pelos”, agregó.