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En diciembre de 2001, antes que Fernando de la Rúa se subiera al helicóptero que lo alejó de la Casa Rosada, el abogado Virgilio Loiácono se convirtió en el escriba de la represión. Doce años después el letrado volvió a escena: ahora que las víctimas y los familiares de los muertos durante esas trágicas jornadas ven a parte de los responsables en el banquillo de los acusados, Loiácono se coló entre las defensas. Unas semanas antes que comenzara el juicio, el ex jefe de la Policía Federal, Rubén Santos, desplazó a los abogados que lo representaban y nombró al letrado radical, que también formó parte del gobierno que ordenó despejar la Plaza de Mayo de manifestantes y dejó muertos y cientos de heridos.

De gestos tajantes pero andar afable, no es la primera vez que este hombre de baja estatura y espalda ancha, aparece en los pliegues de esta causa. Cuando empezó la investigación, en una estrategia parecida se había presentado como defensor del ex presidente De la Rúa. Entonces, los abogados del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Víctor Abramovich y Alberto Bovino, señalaron que “también podría ser considerado, eventualmente, imputado como partícipe”.

Entonces, la jueza María Servíni de Cubría lo apartó y efectivamente, después estuvo imputado en la causa. La medida estaba justificada, de hecho como secretario Legal y Técnico de la presidencia durante el gobierno de la Alianza, tuvo a su cargo la redacción de los decretos con los que de la Rúa buscó ganar tiempo para negociar un gobierno de coalición con el Partido Justicialista (PJ).

En las calles los tiempos ya estaban vencidos, después de escuchar a de la Rúa miles de personas en todo el país, y especialmente en la ciudad de Buenos Aires, se unieron en una única consigna: ¡Que se vayan todos! Pese a las balas, los muertos y la sangrienta represión no dejarían las calles sino hasta varios meses después. Loiácono y sus correligionarios no lo supieron leer.

Durante las primeras audiencias del debate oral que preside el juez José Martínez Sobrino, el rol de Loiácono durante las trágicas jornadas de 2001 sobrevoló la sala. Cada vez que los secretarios del Tribunal Oral Federal 6 (TOF 6) introdujeron los cargos para cada uno de los 17 imputados, marcaban que la cacería comenzó cerca de las 11 de la noche del miércoles 19 de diciembre cuando De la Rúa anunció el estado de sitio por televisión. Por su cargo, la redacción de esa pieza había estado en manos de Loiácono. Después del estado de sitio, redactó el decreto de aceptación de la renuncia del entonces ministro de Economía Domingo Cavallo, pero el clamor popular ya era incontenible.

El censor

En El Palacio y la calle, el periodista Alfredo Bonasso contó que el jueves 20 al mediodía, Loiácono llamó a su despacho al director del Comité Federal de Radiodifusión (COMFER), Gustavo López. Basado en el estado de sitio pretendía censurar las imágenes que se emitían por los canales de televisión, pero no quería que la orden emanara de un decreto presidencial. Llamó a López para que los dispusiera con una resolución administrativa del COMFER. López se negó y le recordó que “la última vez que se hizo algo así fue durante la guerra de Malvinas” y llevaba la firma del dictador militar Leopoldo Fortunato Galtieri.

Loiácono no desconocía lo que dijo López, porque hasta el 15 de diciembre de 1978 fue asesor de Gabinete en la Secretaria General de la Presidencia, durante el gobierno de facto. Retacón y de gestos duros -aunque siempre “canchero”, suelen decir los que lo conocen-, desde que se recibió de abogado a los 22 años en la Universidad Católica Argentina, el abogado radical estuvo en los pliegues del poder y siempre aliado con los sectores más conservadores.

En 1974 hizo sus primeras armas como asesor de De la Rúa, por entonces electo senador nacional; después compartirían la experiencia docente en la Universidad Nacional de Buenos Aires. Después de las elecciones presidenciales que ganó la Alianza en 1999, su antiguo correligionario lo volvió a convocar. El abogado que nunca rindió cuentas de su paso por las entrañas de la última dictadura militar; también se mantuvo alejado de las responsabilidades por la represión del 2001.

Quedó del lado de los 600 testigos pedidos para este juicio, y reforzó las suspicacias presenciando las audiencias como defensor del ex comisario Santos, acusado de impartir “órdenes y directivas indebidas dirigidas a los diferentes oficiales superiores (de la federal)” que derivaron en los homicidios de Gustavo Benedetto, Marcelo Riva, Diego Lamagna y Carlos Almirón, en las inmediaciones de la Plaza de Mayo y el Congreso y la de Alberto Márquez en las cercanías del Obelisco.

Los decretos que no firmó de la Rúa

En marzo de 2002, en una entrevista con Quique Pesoa, Loiácono desnudó los argumentos de los mentores de la represión. “Yo he leído el expediente y no está totalmente en claro quién produjo las muertes”, le dijo al periodista. Luego agregó que en ese momento “estaba en vigencia el estado de sitio, con una situación de conmoción interior notable en el país” y que la provincia de Buenos Aires era “tierra de nadie”. “Quien necesitara una heladera, un televisor, un aire acondicionado... era cuestión de ir a la casa de electrodomésticos de la vuelta, pegarle un fierrazo al dueño y llevárselo en auto, en camioneta, a pulso o como fuera, a la vista y paciencia de la policía provincial”, remarcó. En pocas frases resumió los principios políticos que lo guiaron esos días.

Horas antes de la despedida de la Casa Rosada, Loiácono seguía frenéticamente redactando decretos, en un desesperado intento por salvar el pellejo de su jefe político. Con esmero y la lista de los detenidos que les aportó la Federal, armó el decreto 1682/01. En el texto publicado en el Boletín Oficial del 24 de diciembre de 2001, con la firmas del entonces ministro del Interior Ramón Mestre (que falleció antes de responder judicialmente por sus responsabilidades) y del entonces presidente De la Rúa, Loiácono había fijado que 29 manifestantes quedaran “a disposición del Poder Ejecutivo Nacional” (PEN) por el término de 30 días.

Mestre se reservaba la facultad de determinar el lugar en el que serían alojados, pero en algunos casos ya habían sido liberados. En el escritorio presidencial, Loiácono dejó preparados otros textos de similares características que De la Rúa no llegó a firmar, confiaron a Infojus Noticias fuentes cercanas a la investigación.

Los abogados del CELS que siguen esta causa consideran que el estado de sitio decretado por De la Rúa, y redactado por su correligionario fue inconstitucional. Tratándose de una medida excepcional que sólo el Congreso puede declarar en caso de conmoción interior, “el Presidente sólo puede recurrir a esta medida en caso de que el Congreso se encuentre en receso, es decir, en período de vacaciones. Sin embargo, al momento de dictarse el decreto 1.678/01 el Congreso estaba sesionando”, afirmaron durante la instrucción.

Después de esto, la última jornada de trabajo de Loiácono como secretario Legal y Técnico en la Casa Rosada, estuvo plagada de desaciertos. Y el abogado se recicló de la mano de un paladar negro del menemismo, fue el abogado defensor del ministro de la Corte Suprema, Adolfo Vázquez durante el juicio político que culminó con su alejamiento del máximo tribunal; ahora, desde 2005, son socios en el estudio Vázquez & Loiácono y se presentan con “el fin de mejorar la labor judicial en la República Argentina”. Menudo título para el escriba de la represión.