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La causa por las irregularidades en la causa por el saneamiento del Riachuelo sigue sumando fojas.  La semana pasada, el juez federal Sebastián Casanello –que investiga las consecuencias penales de las irregularidades detectadas en el proceso licitatorio del saneamiento del Riachuelo- solicitó a la Auditoría General de la Nación un informe sobre la integración de las empresas que participaron de la licitación para realizar obras, pero que no lograron las adjudicaciones y quedaron afuera del negocio. Ante la negativa del organismo, lo derivó a la Policía Federal. Las medidas adoptadas por la justicia federal se producen en simultáneo con la reubicación de 60 familias (algunas de la villa 21-24) anunciadas después de cinco años por el Secretario de Ambiente y Desarrollo Juan José Mussi.

En julio de 2008, en un fallo que se conoció como “fallo Mendoza”, la Corte Suprema de Justicia de la Nación condenó a la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR), el ente tripartito conformado por el Gobierno Nacional, Bonaerense y Porteño por ley nacional 26.168 en 2006. Consideró a sus integrantes “igualmente responsables en modo concurrente” y ordenó ejecutar en forma urgente la sentencia al Juzgado Federal de Quilmes a cargo del Dr. Luis Armella.

Sin embargo, una denuncia periodística reflejó que el juez había favorecido con contratos para intervenir en el proceso de saneamiento a empresas que pertenecían a familiares, allegados o amigos el juez Armella, sin licitación previa. El 17 de diciembre de 2012, la Corte separó al juez Armella y designó a varios jueces para que se ocuparan de distintos aspectos. Al juez federal de Morón, Jorge Rodríguez, le encomendó la gestión y el cumplimiento de la gran mayoría de las líneas de acción del proceso de saneamiento establecidas en la sentencia del fallo Mendoza, y al juez federal de capital federal, Sergio Torres, la fiscalización de los contratos de obras que se realizaran de ahora en adelante, respecto de cuatro organismos: Agua y Saneamientos Argentinos S.A (Aysa), Aguas Bonaerenses SA (ABSA), Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (ENOHSA) y La Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado (CEAMSE).

“Nosotros controlamos las contrataciones que hacen esas empresas en el marco del Plan Integral de Saneamiento Ambiental (Pisa). Actividad hay todos los días en la cuenca Matanza Riachuelo, pero algunas son contrataciones directas por obras que duran veinte días, y otras son proyectos multimillonarios donde estudiamos mucho más en profundidad”, explicó una fuente de la investigación.

“Hemos encontrado algunas situaciones que nos llamaron la atención, pero no tenemos la potestad de hacer una investigación penal. Revisamos más en detalle aquellas situaciones y si hay desprolijidad administrativa, advertimos a los entes que tienen que controlarlo para que lo subsanen. Si detectamos la posible comisión de un delito, tenemos la obligación de hacer la denuncia ante el juez que corresponda por la jurisdicción”, detalló. Desde diciembre, en el juzgado de Torres se investigan algunas situaciones extrañas, aunque aún no se han presentado denuncias penales.

Por otro lado, la investigación penal por las contrataciones irregulares en las que habría incurrido Armella fue derivada al juez federal Nicolás Casanello. El magistrado pidió la ampliación de un informe que había elaborado la Auditoría General de la Nación (AGN) a pedido de la Corte, que confirmó las irregularidades y sepultó la suerte de Armella, a quien se le abrió un pedido de juicio político en el Consejo de la Magistratura y otras denuncias penales, para que se extendiera a las empresas no designadas finalmente para las obras. Como la AGN se negó a hacerlo, quedó a cargo de la Policía Federal.