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Las investigaciones sobre los saqueos ocurridos a raíz del acuartelamiento de policías provinciales a comienzos de este mes avanzan en varias jurisdicciones y arrojan pruebas de la participación de efectivos de esas fuerzas de seguridad en los hechos.

Así lo confirmó el coordinador de los fiscales de la ciudad entrerriana de Concordia, José Costa. Dijo que 105 allanamientos realizados en esa localidad arrojaron resultados "positivos”: se encontraron objetos robados durante los saqueos ocurridos entre el domingo 8 y el lunes 9 de diciembre.

El funcionario judicial confirmó que en cinco de los domicilios donde fueron encontrados objetos robados -principalmente electrodomésticos- corresponden a familiares de funcionarios policiales, lo cual refuerza la hipótesis de los vínculos entre la organización de los saqueos y la huelga policial en esa ciudad.

Costa explicó que para determinar esa conexión "se está cotejando la información que tenemos", proveniente de imágenes (fotos y 400 horas de filmaciones) e internet, como así también en la búsqueda de los testigos que han hecho referencia a esa vinculación.

Si se concluye que hubo policías que participaron de los saqueos, se hará la imputación correspondiente y las causas serán elevadas a juicio; también cabe la posibilidad de que se realicen juicios abreviados. En tanto, Germán Dri, uno de los once integrantes del cuerpo de fiscales que encabeza Costa, dijo a Télam que se está realizando "una investigación profunda" que abarca desde la participación de quienes realizaron saqueos e ingresaron en diferentes comercios hasta si hubo conexión entre los grupos de saqueadores con la policía, como así también al grupo de efectivos que ingresó en la jefatura departamental de la fuerza durante la huelga.

Al respecto señaló que "venimos avanzando bien en la calificación de la información" y que ya "hay vinculaciones
concluidas e imputaciones realizadas". El primero de los casos de los policías donde se encontró objetos sustraídos durante los saqueos corresponde a la madre de un sargento cuyo apellido es Valdez. A su vez, Dri detalló sobre los allanamientos que en algunos casos fueron a partir de denuncias de comerciantes y que en otros fueron dispuestos en el momento que ocurrieron los hechos y se iniciaron de oficio las causas.

En tanto, en la provincia de Tucumán, a raíz de una investigación del Ministerio Público Fiscal se realizaron setenta detenciones y más de cien allanamientos, en los que se ha recuperado cerca de 1900 elementos robados.
En esta provincia, hay ocho policías detenidos acusados de sedición, ya que la justicia local entiende que los uniformados, algunos de ellos cesanteados por protestas y acuartelamientos realizados en 2012, se levantaron en armas contra el gobierno provincial y dejaron a la ciudadanía en estado de indefensión.

La justicia aún se encuentra peritando teléfonos celulares y computadoras de los detenidos y de sus familiares, a la espera de encontrar una conexión entre la medida policial y los saqueos. En caso que no se comprueben los vínculos entre los uniformados y los saqueos, fuentes judiciales afirmaron que no descartan mantener la acusació, ya que entienden que los referentes del alzamiento tenían plena conciencia que al dejar las calles liberadas iban a suceder los hechos delictivos que se desataron en la ciudad y que dejaron un saldo de 6 muertos y más de 250 comercios atacados.

En este sentido, la percepción popular de las responsabilidades de los acuartelamientos policiales, se encuentra en sintonía con los avances de la investigaciones judiciales. Según una encuesta del Centro de Estudios de Opinión Pública (CEOP), publicada en el diario Página/12, 7 de cada 10 personas consultadas cree que hay una conexión entre los policías acuartelados y los promotores de los saqueos.

La muestra, realizada telefónicamente entre el 15 y el 17 de diciembre en una población de 1000 personas de todos el país, confirma que para la mayoría de las personas encuestadas (un 76,6%) los saqueos a comercios no fueron espontáneos. Por el contrario, dijeron, fueron organizados. Como responsables de la organización de los ataques, un 36,5% señaló a "sectores políticos que quieren desestabilizar al gobierno", mientras que el 33,2% se los adjudicó a "grupos de delincuentes organizados".

La encuesta del CEOP pone en evidencia el profundo malestar popular con las fuerzas policiales y el desacuerdo con las medidas de protesta adoptados por sus efectivos. En este sentido, el 66.2 de los encuestados reprobó el método de la protesta policial, y un 57,3% indicó que tiene una imagen negativa de la policía de su distrito.