Infojus Noticias

“Tenemos todos los antecedentes documentados pero hay una decisión política de golpear a una investigación exitosa, que permitió desbaratar una banda narco. Lo que están buscando es la foto del allanamiento de la UIF un mes antes del monitoreo internacional pero eso no es necesario porque pusimos toda la información a disposición de la Justicia”, contragolpeó José Sbattella, el jefe de la Unidad de Información Financiera, en declaraciones a Infojus Noticias. Esta mañana, el fiscal Eduardo Taiano pidió su imputación en una causa por presunto incumplimiento de los deberes de funcionario público y encubrimiento de un presunto caso de lavado de dinero. Pero Sbattella ya ofreció la prueba documental sobre su rol en la investigación de Ignacio Alvarez Meyendorff, Mauricio Alvarez Sarria y Henry de Jesús López Londoño, alias “Mi Sangre”. Según el escrito presentado ayer ante el juzgado de Julián Ercolini, el organismo comenzó a investigar a Alvarez Meyendorff en 2006, a  partir de la alerta de una entidad financiera y su tarea junto a la Justicia Federal permitió la detención de 25 integrantes de la banda.

Además, Sbattella aclaró que el blanqueo de capitales de Alvarez Sarria (hijo de Meyendorff), que es parte de la denuncia en su contra, se concretó en 2009 pero que su organismo recién recibió un reporte de operación sospechosa (ROS) en 2012. Y también precisó que recién el 15 de marzo de 2013 el juez Sebastián R. Ramos pidió colaboración al organismo para trabajar en el caso de López Londoño. Sobre todos esos hechos solicitó al juez Ercolini que libre oficios judiciales solicitando copias certificadas a la Justicia sobre la tarea desarrollada por la UIF en las diferentes causas.

La denuncia a la que respondió el jefe de la UIF fue presentada la semana pasada por el senador Ernesto Sanz (UCR) y los diputados de UNEN Martín Lousteau y Fernando Sánchez. “Una de las críticas fundadas que caracterizan la gestión del licenciado Sbattella al frente de la UIF es que sus escasísimas denuncias penales contienen graves falencias técnicas, por lo que, en su gran mayoría, concluyen en una ‘declaración de incompetencia’ y/o en un irremediable ‘archivo’ de las actuaciones”, señalaron los legisladores en la denuncia.

Sin embargo, en la presentación espontánea realizada ayer a la que tuvo acceso este medio, Sbattella detalló que la UIF comenzó a investigar a Alvarez Meyendorff en 2006 a partir del reporte de una actividad financiera sospechosa que envió el Banco Santander Río. “Concretamente se reportó que en esa cuenta se ingresaron U$S 700.000,00 en efectivo (siendo el único movimiento verificado en la misma). Tal antecedente fue elevado al Ministerio Público Fiscal por esta Unidad luego de su análisis en marzo de 2008”, indicó en la tercera página del escrito.

Además, precisó que en octubre de 2011 envió un informa al Juzgado Federal 2 de Lomas de Zamora, que había pedido asistencia en la causa Nº 709 caratulada “S/ Presunta Infracción Ley 23.737”. Allí se detallaron que Alvarez Sarría se sumó al Plan Ley 26.476, por medio del cual blanqueó 4.453.000 pesos. Y señaló que recién el primero de junio de 2012 la AFIP envió en Reporte de Operación Sospechosa (ROS). Esa advertencia surgió de cruzar la denuncia de 2006 con la adhesión al blanqueo de capitales de 2009.

“En definitiva en el caso, el blanqueo de capitales en cuestión no fue conocido por esta Unidad originariamente por el ROS de AFIP sino a raíz de la documentación obrante en la causa Nº 709 analizada en el marco de la Colaboración Judicial que esta UIF presta en la misma, y a raíz de ello, el mismo ya había sido puesto en conocimiento de Su Señoría en octubre de 2011 en oportunidad de la elevación del Informe Técnico realizado en el contexto de dicha Colaboración. El Ros de la AFIP recién fue recibido en esta UIF en junio de 2012 y elevado –tras dar curso a los procedimientos de rigor- en diciembre de ese mismo año”, puntualizó Sbattella.

Y detalló, además, que del cruce de los reportes financieros sospechosos con los perfiles económicos elaborados en la UIF se pudo detectar que “mediante empresas previamente constituidas en Uruguay con sucursales en Argentina -sin asignación de capital específico ni transferencias de dinero surgidas del sistema financiero legal-, esta red delictiva adquirió ocho propiedades en un country privado de la zona de Hudson, también en la zona de Tigre y Escobar. El pago se realizó con dinero en efectivo producto del narcotráfico”.

Todos esos informes colaboraron con la tarea del Juzgado Federal que hace dos años detuvo y procesó a 25 miembros de la banda. En esos operativos también se secuestró un cargamento de 280 kilos de cocaína con destino a Europa, valuado en unos 14 millones de euros. Fue un despliegue bautizado como “Luis XV”, porque la droga estaba dentro de muebles de estilo, e incluyó 78 allanamientos simultáneos en departamentos del territorio porteño y barrios cerrados en Tigre.

Esa investigación permitió el procesamiento de otros 15 imputados en la causa, el embargo de activos por más de 500 millones de dólares. “Como consecuencia de todo ello, en mayo de 2013, la justicia colombiana tomó acciones sobre 210 propiedades, 26 personas jurídicas y 20 establecimientos de comercio”, agregó Sbattella en el escrito y destacó que la Fiscalía colombiana envió un comunicado a la UIF donde a aseguró que ese proceso judicial permitió “la extinción de dominio más grande que su Unidad de Lavado de Activos haya iniciado contra este tipo de organizaciones criminales en la historia del país”. Gracias a esa acción, la entidad antilavado de Colombia rescató alrededor de 700 millones de dólares del narcotráfico.

“Nosotros tenemos todo. No tenemos nada que esconder. Se trata del primer caso que elevamos a juicio. Es un caso exitoso y justo sobre él se hace la presentación judicial. Y no es casual que ella ocurra un mes antes de la reunión del GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional sobre el blanqueo de capitales) y en lugar de hablar de lo que tenemos por hacer nos obligan a explicar lo que hicimos bien. Todo eso genera complicaciones para salir de la órbita de la auditoría”, se quejó Sbattella.