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Los vínculos entre el empresario Marcos Jacobo Levín y la patota policial que secuestró y torturó en la comisaría 4ta a varios empleados de su compañía, La Veloz del Norte, sigue asomando en boca de los primeros testigos del juicio oral que está llevando adelante en la ciudad de Salta. En la audiencia de ayer, el sobreviviente Carlos Lidoro Aponte se preguntó por qué lo habían hecho pasar por eso. “Nunca entendí por qué me hicieron esto; hubiera sido mejor que me echaran del trabajo, pero no que me detuvieran y me golpearan. Cuando me liberaron fui a entregar la ropa y el señor Levín me ofreció continuar en el trabajo, pero después de lo que había pasado no acepté. Tenía 22 años y un hijo pequeño”, dijo al concluir una intensa declaración. “Aponte relató que Levin le dijo que era recuperable, que podía quedarse en la empresa”, contó a esta agencia Cristina Cobos, la hermana de la única víctima en el juicio, Víctor.

Las víctimas que no fueron consideradas víctimas

En el proceso, que comenzó la semana pasada, en la sala del Tribunal Oral Federal en lo Criminal de Salta, se investiga el secuestro y los tormentos contra Víctor Manuel Cobos, un chofer de La Veloz del Norte que era además un delegado sindical. En la instrucción, se supo que al menos otros 21 trabajadores de la empresa pasaron por la comisaría 4ta., de los cuales 15 también fueron torturados. “No fueron considerados como víctimas de lesa humanidad, porque no eran dirigentes gremiales como en el caso de Cobos, y la Cámara sostuvo que la policía los torturó para investigar la defraudación, que es un delito común”, explicó Juan Manuel Sivila, otro de los fiscales del juicio. Ese criterio para definir a la víctima de lesa humanidad, fue apelado por la fiscalía pero lo confirmó por mayoría la Cámara de Casación.

Unos días antes de los secuestros, en enero de 1977, Levín había presentado una denuncia contra 24 empleados por una estafa contra su empresa que nunca se comprobó: los acusaba de robar boletos y talonarios. En ese entonces, algunos de ellos fueron procesados por la justicia ordinaria por el juez Jorge Alberto Trincavelli, que tomaba declaración a los empleados, con las marcas de la tortura, en la propia comisaría. Con el tiempo fue ascendido a fiscal general de la provincia: ahora está fallecido. “En lo que va del juicio, se viene corroborando la íntima relación de la comisaría 4ta con Levín, y el armado de la causa por robo a la empresa, ya que muchos de ellos fueron reincorporados después de ser torturados en la comisaría”, explicó a Infojus Noticias, Francisco Snopek, otro de los fiscales del juicio.

Segunda audiencia

La audiencia empezó ayer con dos horas y media de retraso. Había problemas con la conexión a internet en la casa de Víctor Hugo Bocos, desde donde sigue las audiencias por videoconferencia después de que le detectaran un cáncer de próstata. David Leiva –abogado de Cobos-, pidió que se lo llevara a la sala. El tribunal, compuesto por Marta Liliana Snopek y Federico Santiago Díaz y Gabriel Casas, aceptó el pedido y Bocos tuvo que ir acompañado por los médicos. Tras salvar los obstáculos técnicos, llegaron los planteos de los abogados querellantes y los defensores de los acusados, que demoraron los testimonios una hora más. De los ochos testigos previstos, fueron cinco, y pudieron testificar sólo tres. Los dos que se quedaron sin tiempo fueron reprogramados para el 21 de septiembre, cuando se retomará el juicio, luego del asueto por el día de la Virgen del Milagro.

El ex detenido Aponte describió detalladamente su cautiverio. “Me llevaron encapuchado a una pieza y comenzaron a golpearme y cuando me aplicaron la picana me oriné", contó el hombre, según destacó el diario El Tribuno. En la comisaría vio a Juan Alberto Alonso, también torturado. "Me preguntaban quiénes eran los que robaban en la empresa, de mis actividades en la UTA y querían que firmara un acta sin conocer su contenido”, dijo Aponte, que finalmente, por miedo, firmó.

Los otros dos testigos no fueron tan contundentes. A Amado Núñez lo fueron a buscar en un Ford Falcon azul de la policía a su casa y lo llevaron a la comisaría 4°. Estuvo alojado en una oficina solo. Vio que estaban detenidos allí a Cobos, Justiniano y otros compañeros de trabajo. Si bien atribuyó los secuestros a la denuncia que interpuso Levín, dijo que “a mí me detuvieron por averiguación de ese hecho y me llevaron a la comisaría cuarta, pero nadie me tocó”. Lo liberaron unas horas después y siguió trabajando para la empresa, donde se jubiló luego de 42 años de servicio. “En la actualidad realizo algunos trabajos para la señora de Levín y lo que pasó aquella vez no afectó en nada mi tarea como empleado”, aclaró.

Carlos Alberto Barrientos dijo que tuvo problemas por una estafa a la firma, pero antes del que sirvió como coartada para levantar a los empleados más revoltosos. En ese momento no aceptó la oferta de seguir vinculado a la empresa, pero unos años más tarde lo contrataron. Relató que veía a Bocos —subcomisario de la 4ta.—en la empresa, que creía que era inspector porque manejaba el Ford Falcon celeste de la empresa.

“Nuñez y Barrientos no aportaron gran cosa. Cuando mencionaban a Levín, lo hacían como el jefe o el patrón. Evidentemente le tenían una gran reverencia”, concluyó Cristina Cobos.