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El Tribunal Oral Federal Nº1 de La Plata, presidido por el juez Carlos Rozanski, dio lectura a las pruebas por las que serán juzgados cuatro ex jefes de la Armada y otros tres de Prefectura por delitos de lesa humanidad cometidos en centros clandestinos durante la última dictadura cívico militar. Se trata del ex comandante de Operaciones Navales, Antonio Vañek; el ex comandante de la Fuerza de Tarea 5 (FT5), Jorge Alberto Errecaborde; el ex director del Liceo Naval y también comandante de la FT5, Juan Carlos Herzberg y el ex comandante del Batallón de Infantería de Marina Nº3 (BIN3), José Casimiro Fernández Carró. También están imputados los ex jefes de la Prefectura Naval zona Río de La Plata, Carlos José Ramón Schaller y Luis Rocca y el oficial Eduardo Antonio Meza, mientras que Osvaldo Tomás Méndez. que iba a ser también juzgado, falleció en marzo pasado cuando cumplía detención domiciliaria en su casa de Berisso.

En el proceso se investigan los delitos de secuestro, tormentos y homicidio, cometidos en perjuicio de 40 víctimas. "Quedó probada la existencia de un aparato organizado de poder desde la Armada que privó ilegítamente de la libertad y apllicó tormentos, siendo agravado el delito por considerarse funcionarios públicos y por ser las víctimas perseguidos políticos", leyó la secretaria del Tribunal también integrado por los jueces Germán Castelli y César Álvarez, en el comienzo de la audiencia. Tras cuarto intermedio se indagó a los acusados, que se negaron a declarar. Además, los jueces rechazon los pedidos de la defensa de eximir la presencia física de los represores por razones de salud y de edad.

Fue el primer día del juicio conocido como "Escuela Naval", una megacausa donde declararán más de 100 testigos. La próxima audiencia será el 3 de agosto, y allí se espera la presencia de algunas víctimas sobrevientes, como el delegado sindical Carmelo Cipollone. También se indagará a dos jefes represivos que no pudieron estar presentes en la apertura: Antonio Vañek y José Casimiro Fernández Carró. Según la acusación fiscal, los imputados cometieron crímenes de lesa humanidad en perjuicio de trabajadores de YPF, Propulsora Siderúrgica y Astilleros Río Santiago, que fueron torturados en centros clandestinos que funcionaron en dependencias de la Fuerza de Tareas 5 de la Armada.

La acusación apunta a hechos que damnificaron a tres víctimas desaparecidas, otras 36 secuestradas y torturadas que finalmente sobrevivieron, y los homicidios de Miguel Orlando Galván Lahoz y Roberto Pampillo, perpetrados por la Armada y la policía bonaerense el 19 de octubre de 1976 en 7 y 58 de La Plata, pleno centro de la capital bonaerense.

De acuerdo a lo acreditado en la causa, la Armada Argentina funcionó reorganizando sus once Fuerzas de Tareas desplegadas de norte a sur del país y en la región de La Plata, Berisso y Ensenada operó a través de la denominada Fuerza de Tareas Nº 5. Los marinos tuvieron una importante participación en la intervención de sindicatos y fábricas de la zona del parque industrial de Berisso y Ensenada, como Propulsora (grupo Techint), el Swift, Astilleros Río Santiago e YPF, entre otras.

La persecución a trabajadores sindicalizados

No será un juicio más por delitos de lesa humanidad: por primera vez se pondrá la lupa en el accionar de los jerarcas de la Marina. Se calcula que habrá cerca de cien víctimas. La investigación estuvo a cargo de los fiscales federales de La Plata Marcelo Molina, Hernán Schapiro y Gerardo Fernández. Los fiscales aseguraron a Infojus Noticias que el juicio marcará un antes y un después en entender cómo funcionó la Armada en los circuitos represivos de la capital bonaerense.

De la investigación se desprende otro dato revelador: mientras la dictadura cívico militar benefició a algunas empresas –como Propulsora Siderdúrgica, del Grupo Techint- persiguió duramente a los trabajadores sindicalizados. La zona del puerto es uno de los enclaves fabriles clave de la región. Forma parte del cordón industrial bonaerense –incluye a Berisso, Ensenada y el río Santiago- y allí se concentran, además del tráfico de aduana, grandes industrias como YPF, Astilleros Río Santiago, IPAKO, Propulsora Siderúrgica y Petroquímica Mosconi.

En los ´70, había aproximadamente entre 15 y 20 mil trabajadores. Muchos de ellos fueron perseguidos y secuestrados en centros clandestinos de la Armada. La novedad de este juicio es que involucra a los miembros vivos con mayor grado de responsabilidad en las acciones desplegadas por la Fuerza de Tareas Nº5 (FT5) de la Armada, uno de los ejes del plan represivo que hasta ahora había sido eclipsado por la investigaciones en torno de la Policía conducida por Ramón Camps.

Carmelo Cipollone, ex delegado de Propulsora Siderúrgica, fue secuestrado en la madrugada del 24 de marzo de 1976, a horas de concretado el golpe de Estado. Se lo llevaron de su casa de la calle Mitre al 4000, en Berisso, y lo cargaron en un colectivo junto a un gran grupo de obreros de Siderúrgica, Astilleros y el frigorífico Swift. "Alrededor de mi casa había una tropa de Marina, apuntando", recordó. Esa madrugada ocurrió un mega operativo comandando por la Marina en el que cientos de personas con actividad gremial fueron detenidos ilegalmente. En micros los “pasearon” por los barrios de Ensenada y luego los subieron a un barco, donde los torturaron. Encapuchados y desnudos, fueron conducidos hasta un edificio de la Armada que funcionó como centro clandestino. Allí los interrogaron, con simulacros de fusilamientos y los amenazaron con arrojarlos al Río de La Plata. Después los derivaron a los otros centros de detención del denominado Circuito Camps.

Cipollone debió exiliarse en Italia. Hace diez años, ante un tribunal federal, también acusó a empresarios. “Tengo la sospecha de que Néstor Corteletti, mi exjefe de Personal de Propulsora, fue el que me marcó”, dijo y señaló también al abogado de la empresa, de apellido Fidanza, como una de las personas que también "andaban marcando gente".

Los investigadores descubrieron, además, que existió “un contexto de persecución contra los trabajadores previo a los militares”. En efecto, precisaron que la intervención de los marinos en el terrorismo de Estado estaba prevista en el denominado Plan de Capacidades C.O.N Nº 1 “S”/75, conocido como “Placintara”, dictado el 21 de noviembre de 1975, en el marco de las previsiones que había implementado el entonces flamante Consejo de Defensa, un organismo creado en los decretos de "aniquilamiento de la subversión" firmados durante el gobierno constitucional.

El “Placintara” estableció que la Armada Argentina “debe operar ofensivamente contra la subversión en el ámbito de la propia jurisdicción y fuera de ella en apoyo de otras FF.AA, detectando y aniquilando las organizaciones subversivas a fin de contribuir a preservar el orden y la seguridad de los bienes, de las personas y del estado”. Los fiscales remarcaron que, en ese contexto, luego del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, comenzaron a funcionar en su jurisdicción cuatro dependencias como centros clandestinos de detención: la ex base naval, la sede de la Prefectura, el BIN3 y el Hospital Naval Río Santiago.

JMM