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Con nuevo aire, el Consejo de la Magistratura comenzó las sesiones ordinarias hoy por la mañana. La jornada arrancó con la reunión de la comisión de Selección, presidida por Eduardo "Wado" de Pedro, designado recientemente consejero en representación de la Cámara de Diputados, en reemplazo de la diputada Stella Maris Córdoba. Hoy el diputado nacional presidió la primera sesión ordinaria de la Comisión de Selección de Magistrados y Escuela Judicial.

"Pudimos activar el Consejo"

Integrada por Oscar Aguad, Julián Álvarez, Mario Silvio Fera, Carlos Moreno, Ricardo Recondo, Alejandro Sánchez Freytes y Manuel Urriza; la comisión acordó para el próximo encuentro el análisis de los proyectos para modificar los reglamentos de Subrogancias y el reglamento de Concursos. Por eso postergó varios pedidos de subrogancia de cámaras federales. El objetivo es adecuar a los reglamentos internos la reforma del Consejo aprobada el año pasado.

Después de la reunión de la comisión, De Pedro expresó: “Afortunadamente, en el día de hoy, pudimos materializar lo que nos propusimos la semana pasada: activar el Consejo, empezando por lo fundamental. El Consejo se reunió sólo ocho veces en transcurso del año 2013. Nuestra intención es destrabar un organismo que se encontraba paralizado".

En esta primera reunión, explicó De Pedro, se conformaron las subcomisiones -llevan adelante una parte del procedimiento de selección de magistrados- y definieron fechas para la realización de los exámenes psicofísicos y entrevistas personales de los candidatos en los Concursos 261 y 269, a fin de cubrir cargos de los juzgados federales de Córdoba y Campana.

Se informó acerca de las comunicaciones recibidas sobre la situación de los juzgados vacantes y la necesidad de designar subrogantes, se giraron los proyectos sobre modificaciones a los reglamentos de concursos de magistrados y al reglamento de subrogancias, a los nuevos consejeros para análisis y elaboración de los textos definitivos.

"Hubo mucha actividad y buen diálogo. Tratamos temas trascendentales atinentes a los concursos que habían quedado pendientes el año pasado, como es el caso del Concurso N° 253, para designar jueces de los Juzgados Federales 3,6 y 10 de la Seguridad Social y el caso del Concurso 271 para la designación de jueces de la Cámara Civil”, dijo De Pedro. Agradeció a todos por la buena voluntad y el trabajo, y se mostró satisfecho con los resultados obtenidos.

“Desde mi lugar como Presidente de la Comisión de Selección de Magistrados y Escuela Judicial, tengo el objetivo de agilizar los concursos que se encontraban en trámite, e iniciar también los nuevos, a fin de cubrir los aproximadamente 200 cargos vacantes de magistrados que tenemos en nuestro país. Éste es el camino que nos propusimos, trabajar para mejorar todos los días un poco más el servicio de justicia”.

La denuncia contra Rafecas

A esta comisión le siguió la de Disciplina y Acusación, con Ada Iturrez en la presidencia. Entre sus primeras acciones, desestimó una denuncia contra el juez Daniel Rafecas hecha por el Grupo Clarín. Ahora el plenario debe confirmar o no la legitimación. La comisión de Disciplina y Acusación - integrada por los consejeros Julián Álvarez, Mario Cimadevilla, Eduardo De Pedro, Alejandro Fargosi, Mario Silvio Fera, Carlos Moreno, Ricardo Recondo y Manuel Urriza- debía analizar unas 20 denuncias. Además de la de Rafecas, la comisión desestimó otras 13 denuncias contra magistrados.

En 2011, Rafecas se declaró incompetente para actuar en la causa donde se investiga la venta irregular de Papel Prensa durante la dictadura militar a los diarios Clarín, La Nación y La Prensa. El juez consideró que se trataba de un delito de lesa humanidad y envió el caso a los tribunales de La Plata para que se adjunten a la causa por el circuito Camps. Esto le valió la denuncia en el Consejo de la Magistratura que le hizo el Grupo Clarín.

En aquel momento el juez sostuvo que la venta de Papel Prensa se realizó en el marco de “una persecución por motivos políticos, económicos y religiosos, desatada desde el aparato terrorista estatal, que tuvo entre sus víctimas a los miembros del Grupo Graiver”. Hechos que están siendo investigados por el juez federal de La Plata, Arnaldo Corazza.

Por la desestimación de la denuncia se pronunciaron Álvarez, De Pedro, Moreno, Urriza e Iturrez de Capellini. Mientras que por postergar su tratamiento lo hicieron Fargosi y Recondo. Fera se abstuvo de votar.

Administración también tuvo su debut

Otra de las comisiones que también realizó su primera reunión fue la de Administración y Finaciera, encargada de administrar los fondos del Poder Judicial –excepto los de la Corte Suprema-. El actual contexto del Consejo estuvo presente en la mesa redonda del organismo. Uno de los consejeros, Daniel Ostropolsky, pidió una explicación al Administrador del Consejo, Germán Krieger, sobre el desfinanciamiento del organismo dado a conocer en el último tiempo.

“Tenemos más del 90 por ciento de los fondos se usan en el pago de haberes del Poder Judicial, unos 600 millones por mes aproximadamente”, explicó Krieger a los consejeros. Suma que se financia “con un porcentaje de los recursos que entran por el Tesoro de la Nación”, agregó. Aunque especificó que la deuda con la Corte, unos mil millones, se generó porque “fuimos  solicitando los fondos para hacer frente al pago de los haberes”.  ¿Cómo se soluciona esto?, replicó el consejero. “aportes directos del tesoro, es la forma en que canalizamos el déficit”, explicó Krieger.   

A principios de febrero de este año autoridades del Consejo, el secretario de Justicia, Julián Álvarez y el jefe de gabinete, Jorge Capitanich, se reunieron para analizar la Ley 23.853 de financiamiento del Poder Judicial.

Después la comisión, presidida por el juez Mario Fera, avanzó en el tratamiento de diversas licitaciones que tienen que ver con la actividad diaria del Poder Judicial como la distribución de papel para juzgados, la provisión de útiles o la provisión del servicio de policía adicional para los juzgados.

 La última reunión del día

“Se trata de una propuesta de campaña”, dijo Alejandro Fargosi representante de los abogados de la capital cuando intentaba explicar un proyecto presentado que crearía una oficina de defensoría del litigante en el organismo. “¿Cuál?, la de abogados, la del PRO o la de Massa”, respondió Moreno y todos rieron. Así empezó la última de las reuniones, la tarde la reunión la Comisión de Reglamentación.

En el orden del día constaba que se analizarían modificaciones al reglamento de la comisión de Disciplina y Acusación, que tienen que ver con la incorporación del patrocinio letrado. La Comisión está presidida por Daniel Ostropolsky, representante de los abogados del interior. La reunión fue más una presentación de temas pendientes de debate en el organismo como ser: la posibilidad de incorporar el patrocinio letrado para denunciar a jueces, un pago de una tasa de justicia o la posibilidad de declarar la “temeridad” en la presentación de denuncias. Son todos temas controversiales que sólo fueron presentados para poder comenzar con su análisis.

Carlos Moreno, consejero representante de los legisladores, puso en la mesa ya su discenso con algunas de estas propuestas. Dijo que es un “disparate” la posibilidad de declarar la “temeridad” de los denunciantes y que “no corresponde el pago de la tasa de justicia”. “No puede ser que coartemos una garantía judicial”, dijo al respecto. Finalmente decidieron posponer su tratamiento para adentrarse más en el tema.