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“Con este Código vamos a arrancar en tres o cuatro años”, dijo el senador Aníbal Fernández en el plenario de las comisiones de Justicia y Asuntos Penales y de Presupuesto y Hacienda del Senado, donde se discute la reforma del Código Procesal Penal (C.P.P.). Tomó la palabra para terciar en el debate de especialistas y legisladores sobre la competencia legislativa del Congreso Nacional para regular el ejercicio de la acción penal. También se discutió sobre las facultades de las provincias para dictar sus propios códigos procesales penales.

En la quinta jornada de debate, la encargada de abrir las exposiciones fue la presidenta del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos, Claudia Mizawak. Sentada, frente al escritorio que ocupa el centro de la sala Rosada en la Cámara Alta, la magistrada repasó los hitos de la reforma del sistema procesal penal en su provincia. Iniciada en 2007, destacó que la implementación de un sistema acusatorio en su provincia conllevó un cambio fundamental: “se trata de escuchar la tragedia y a los seres humanos -a las víctimas y a los acusados- cara a cara, y no papeles y fojas”. Transformación de fondo a la que apunta el proyecto enviado al Congreso para su tratamiento por la presidenta Cristina Fernández, el pasado 21 de octubre.

Mizawak advirtió que esta discusión apunta a modificar una norma, pero advirtió que su efectiva implementación dependerá de realizar “cambios en tiempo oportuno” en la organización del Ministerio Público Fiscal, de la Defensa, de la judicatura y en la práctica cotidiana de abogados, peritos y auxiliares de la Justicia. El profesor de Derecho Penal y Procesal Penal en la UBA, Marcos Salt, coincidió con la presidenta del máximo tribunal entrerriano en que las reformas necesarias para la “implementación” no deben quedar en manos de una comisión legislativa bicameral, sino en disposición de los poderes Ejecutivo o Judicial, según la variante que se elija.

Al finalizar, Mizawak le dejó su lugar en la sala a la jueza Ángela Ledesma, de la Cámara Federal de Casación Penal, que pasó a acompañar a los senadores Pedro Guastavino, que preside la disución, y Aníbal Fernández. Ledesma felicitó a Mizawak porque su exposición versó sobre un sistema procesal vigente, mientras que ella como integrante de la Justicia federal tomó la palabra para referirse sobre una “aspiración” para llegar a “un modelo de enjuiciamiento acorde con la Constitución Nacional”. “No podemos eludir que la reforma al CPP es urgente”, señaló Ledesma y advirtió que el sistema vigente compromete graves violaciones a los derechos humanos.

La camarista también se refirió a los límites en el acceso a la Justicia que conlleva la extrema y actual dilación en las investigaciones, con un promedio de 14 años hasta la resolución que lleva al debate oral o la prescripción del delito. En este mismo sentido, señalò que “la oralidad y el Colegio de Jueces y todas las herramientas que prevé la reforma no serían útiles sin una llave escencial: la Oficina Jucidial, para que los jueces puedan ocuparse de las audiencias y dejemos de firmar carros y carros de trámites de licencias y despachos de forma”, dijo Ledesma.

Entre los últimos expositores estuvo el diputado mandato cumplido, Oscar Albrieu, autor de uno de los proyectos que sirve como base a la propuesta que se discute en el Congreso. En su momento, esta iniciativa contó con el respaldo de más de 200 jueces federales y la venia de todos los bloques legislativos, pero no traspasó los límites de la Comisión de Legislación Penal en Diputados. En sintonía, con los jueces, fiscales, profesores de derecho, exlegisladores y defensores que hasta ahora participaron de las reuniones -cinco en total-, Albrieu se manifestó conforme con la iniciativa.

Como él, los otros nueve oradores convocados para hoy se pronunciaron a favor de abandonar el sistema inquisitivo, piedra basal del proyecto enviado el Congreso por el Ejecutivo. El código actual, en el que rige un modelo mixto, acumula críticas desde hace años, al tratarse de un proceso lento y donde los jueces cumplen la doble función de investigar y resolver. El proyecto apunta a lograr procesos penales más veloces, justos y transparentes. Prevé que las investigaciones y los juicios sean orales, ágiles e inmediatos, y adopta un modelo de justicia adversarial o acusatorio: el fiscal investiga, el defensor defiende y el juez resuelve. Otro de los puntos coincidentes, se refiere a la necesidad de que la Ciudad de Buenos Aires “se encamine a asumir el juzgamiento de los delitos comunes que sucede en su territorio”, resumió Marcos Salt.

Las propuestas

“La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos quiere resaltar las reformas que en buena hora introduce este proyecto”, dijo su copresidente, el fiscal Daniel Pavlovsky, que tras ponderar los alcances del proyecto dijo que el organismo que integra solo quiere manifestar su disconformidad con los artículos que refieren a la “expulsiòn de los extranjeros” y la “conmoción social” como causal de prisión preventiva. Antes, la jueza Ledesma se había referido respecto a este punto, y dijo que habilitar esa figura podría dar lugara“encarcelamientos arbitrarios”, atados a al “humor social” que generen los formadores de opinión, entre ellos los medios de comunicación.

El juez del Tribunal Oral Criminal 15 Adrián Martín, en representación de la Asociación Pensamiento Penal, también mostró su desacuerdo sobre el punto antes citado. Luego se explayó sobre el uso del juicio abreviado en causas por violencia de género; sobre cómo y con qué fundamentos los jueces deben fijar el monto de pena; sobre los límites de a la prisión preventiva, dado el principio de inocencias, y, puntualmente, considero “excesivo” que se extienda de 24 a 72 horas “el plazo para recibir declaracion indagatoria al detenido sin orden judicial”, porque “generalmente se da en casos de flagrancia, y ahí no hay que investigar mucho más para resolver”.

El defensor oficial, Santiago Marino Aguirre llamó la atención sobre lo que se conoce como “igualdad de fuerzas” entre las partes, en el proceso penal. Advirtió que los anexos del proyecto preven la incorporación de 1348 nuevos cargos para el Ministerio Público Fiscal, entre ellos para 500 secretarios letrados que actuarían sin acuerdo del Senado, y como contracara no se estipula la incorporación de nuevos defensores.

El titular del Centro de Protección a las Víctimas de la provincia de Buenos Aires, Gabriel Bertrán, destacó, entre otros puntos, los artículos que introducen la obligación de los magistrados a explicar en términos sencillos las sentencias e informar a las víctimas sobre la extinción de pena, la liberación anticipada y otros beneficios a los que pueden acceder las personas encontradas responsables por algún delito. “El artículo ata esto a que la víctima lo solicite ante el Ministerio Público Fiscal, pero eso es innecesario; siempre debería ser informado”.

Otra mujer fue la encargada de cerrar el encuentro; la jueza de la Cámara Federal de Casación Penal, Ana María Figueroa, que recientemente dictó un fallo donde cuestiono que una persona fuera llevada a juicio por la sustracción de un kilo de carne, fue la última expositora de la jornada. Les pidió a los legisladores que,  para plantear la reforma, tomaran en consideración los tratados internacionales a los que suscribe Argentina y se manifestó en contra de la instalación de juicios por jurados, por la falta de formación en derecho de quienes los puedan integrar. Cabe aclarar que el juicio por jurados no forma parte del proyecto, y pero otros expositores bregaron para que así sucediera.

Se pasó a un cuarto intermedio hasta el martes.