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La estatización de la Compañía Italo-Argentina de Electricidad SA fue escandalosa. El Estado la compró poco antes de que venciera el acuerdo para pasar a manos públicas sin pagar un peso. Unos días antes del golpe de 1976, el entonces fiscal Edgar Sá había evaluado que no valía más de 35 millones de dólares, pero el ministro de Economía de la dictadura, José Alfredo Martínez de Hoz, pagó casi 400 millones de dólares por ella. La operación fue acompañada por su secretario de Programación y Coordinación Económica, Guillermo Walter Klein. Uno de los que se opuso a esa maniobra fue el director de Inversiones Extranjeras, Juan Carlos Casariego de Bel. Poco después fue secuestrado y pasó a integrar la lista de desaparecidos. La causa por ese crimen no pudo ser cerrada porque la Cámara Criminal y Correccional Federal revocó el sobreseimiento  y pidió nuevas medidas de prueba para determinar la responsabilidad de Klein en ese crimen.

"Consideramos que aún resta profundizar la investigación en relación a la participación que habría tenido Guillermo Klein en los hechos objeto de estudio, previo a adoptar un criterio desvinculante definitivo a su respecto", afirmaron los camaristas Eduardo Freiler y Jorge Ballestero, integrantes de la Sala 1 de la Cámara Federal, en la resolución del 5 de noviembre pasado. Esa decisión revocó el sobreseimiento dictado por el juez federal Norberto Oyarbide y respaldó la apelación del fiscal Ramiro González.

Freiler y Ballestero, que votaron en contra del sobreseimiento propuesto por su par Eduardo Farah, indicaron que si bien no había duda de que en la desaparición de Casariego de Bel participó el ex agente de Inteligencia militar Héctor Vergez, correspondía “dilucidar la totalidad de razones” que motivaron el crimen. Eso permitirá identificar a “todos sus responsables”. Y para ello –señalaron- falta tomarle declaración indagatoria el periodista Jorge Devicenzi, que investigó el caso Italo y la desaparición de Casariego de Bel, y realizar otras pericias para “desentrañar qué persona fue nombrada de forma interina para reemplazar al nombrado (Casariego de Bel), y cuál habría sido su efectiva intervención en las negociaciones”.

En diciembre de 2012, Vergez fue condenado por el secuestro y desaparición del responsable de Inteligencia del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), Javier Coccoz, el abogado Julio Gallego Soto y Casariego de Bel. También por la privación ilegal de la libertad y tormentos que sufrió Cristina Zamponi, esposa de Coccoz, que finalmente pudo exiliarse. Sin embargo, la desaparición de Casariego de Bel podría estar relacionada a su oposición a ese negociado, que incluyó a Martínez de Hoz, a Klein y a Juan Alemann.  Según consta en la causa, el 15 de junio de 1977, en medio de las negociaciones por la estatización de la Compañía Italo, Casariego de Bel llamó a su mujer para decirle que tenía una reunión con Klein. Su familia no lo volvió a ver.

“En casa mi papá no hablaba de Martínez de Hoz, pero sí de la política económica. En cuanto a la negociación nos mencionó que se estaban sobrefacturando los gastos, que para él ocho millones de dólares era lo máximo que se podía pagar por las instalaciones y las indemnizaciones, pero al final se pagaron 394 millones”, declaró su hija, María Casariego de Gainza, en 2008. Tenía 17 años cuando secuestraron a su padre.

El caso Italo terminó de convertirse en un escándalo en el miércoles 5 septiembre de 1984. Ese día una comisión parlamentaria, a cargo de investigar ese tema, encabezó un allanamiento en el estudio Klein & Mairal, en el octavo piso de Lavalle 1171. Allí encontraron, como tituló al día siguiente el diario La Voz: “Documentos secretos que prueban la responsabilidad y participación de Martínez de Hoz en varios negociados fueron hallados en las oficinas de Klein”.

En el estudio se encontró información “que salpica a unas 2.000 operaciones en las que están involucrados, con nombre y apellido, directivos y accionistas y testaferros de un centenar de empresas que realizaron transacciones fraudulentas durante el ‘Proceso’”, indicó el matutino en la edición del 6 septiembre. Todo estaba prolijamente acomodado en una caja fuerte de 24 metros cuadrados, aunque alguna documentación pudo ser salvada del allanamiento: “En el momento de ingresar los integrantes de la comisión parlamentaria, dos abogados jóvenes huyeron del lugar con dos grandes valijas. Uno era Mariano Grondona (hijo), dirigente juvenil de la UCD. El otro, José Alfredo Martínez de Hoz (hijo)”.

Pero eso no fue todo. En el estudio también encontraron informes de inteligencia militar sobre la actividad de los partidos políticos, de la Iglesia Católica, de los distintos sindicatos. Seguimientos de Antonio Tróccoli, en ese momento ministro del Interior, de Deolindo Bittel, e instrucciones para los funcionarios de la dictadura sobre cómo actuar ante la llegada de la Comisión de Derechos Humanos de la OEA, que había visitado la Argentina en septiembre de 1979. Ese estudio, que Klein y Mairal fundaron en 1971, pasó de asesorar a 50 empresas de primera línea en 1976 a 210 en 1984. De ese total, pasó de 2 a 46 bancos internacionales en el mismo período: todos acreedores del Estado, según detalló una nota de la revista Apertura, de agosto de 2013.

Silencio y negocios

Klein fue mucho más que el hombre de confianza de Martínez de Hoz, Mairal extendió su peso más allá de ese estudio de abogados. El ex secretario de Programación y Coordinación Económica de la dictadura tenía gravitación en lo más concentrado del empresariado local y extranjero. A principio de 1975, fue elegido como nuevo titular de la sección argentina del Consejo Interamericano de Comercio y Producción (CICyP), que fue fundada en 1941 por la Bolsa de Comercio, la Cámara Argentina de Comercio, la Sociedad Rural y la Unión Industrial Argentina.

“Durante 1975 el ámbito empresario volverá a escuchar el nombre de una cantidad (sic, por entidad) que permaneció en silencio durante casi dos años”, dijo Klein durante una entrevista publicada en la revista Mercado el 6 de febrero de 1975. Según la revista, los motivos de ese silencio tienen que ver –precisó Klein- con “el acento de intolerancia en las manifestaciones de sectores y grupos”. Ese texto está subido a la página del CICyP, que hoy preside el empresario Eduardo Eurnekian, uno de los hombres de negocios que está a favor de impulsar la impugnación legal de la nueva Ley de Regulación de las Relaciones de Producción y Consumo (26.991) con la que amenazó el Grupo de los Seis, que además de las cuatro cámaras del CICyP está integrado por la Cámara Argentina de la Construcción y la Asociación de Bancos de Capital Argentino (Adeba).

Además, el futuro funcionario de la dictadura anticipaba la decisión de lanzar a las empresas privadas a participar de licitaciones internacionales, intensificar la exportación de consultorías y servicios a Latinoamérica. Y anticipaba la decisión de buscar un “nuevo marco legal” para las investigaciones privadas en desarrollo tecnológico, que poco después se tradujo en la desregulación del mercado y del comercio exterior.

A Mairal, el allanamiento de 1984 lo encontró en Estados Unidos. A diferencia de su socio –a quien le cuidó el estudio mientras fue funcionario de la dictadura- no tenía prohibición de salir del país. Hacía dos años que Klein había retornado al estudio y eso había generado tensiones que terminaron de cristalizar sobre el final de la década: Jorge Pérez Alati, Mariano Grondona (h), Manuel Benitez y Alan Arnsten fueron los primeros en irse. Poco después se sumó Martínez de Hoz (h)  al nuevo estudio.

Para fines de 1991, Mairal se incorporó al buffet de Marval & O’Farrel. “Es el estudio jurídico más grande de la Argentina, líder en el país y también en Latinoamérica”, se autodefine el buffet en la primera línea del institucional, en su página web. Allí analizaron el proyecto de reforma a la Ley de Abastecimiento. “Sin dudas brindará más herramientas a la Administración para intervenir fuertemente en la economía y en el comercio, e imponer restricciones al derecho de propiedad y a la autonomía contractual de los particulares. Si bien elimina algunas de las disposiciones más controvertidas de la Ley de Abastecimiento (en especial, las penas privativas de la libertad), al mismo tiempo promueve cambios que pueden ser impugnados con fundamento constitucional”, escribieron María Lorena Schiariti y Enrique Veramendi, del área Derecho Público y Administrativo; y Santiago Soria, de Litigios y Arbitrajes de Marval, O Farrel & Mairal.