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El proyecto de ley que declara de interés público la reestructuración de la deuda de 2005 y 2010 y el pago soberano local obtuvo dictamen de mayoría. Los senadores comenzaron a firmar el texto luego de una jornada de intenso debate en el plenario de las Comisiones de Presupuesto y Hacienda, Relaciones Exteriores y Economía Nacional e Inversión de la Cámara de Senadores. La reunión, que se extendió por más de siete horas, contó con la participación del ministo de Economía, Axel Kicillof;  y el secretario de Legal y Técnica, Carlos Zannini; quienes defendieron la iniciativa del Ejecutivo. Según está previsto, el proyecto será debatido en el recinto de sesiones el próximo miércoles 3 de septiembre.

Al iniciar su exposición ante los senadores, el ministro de Economía, Axel Kicillof, advirtió que votar contra el proyecto que habilitará el cambio de jurisdicción y ruta de pago de los bonos reestructurados sería convertir al Congreso en una "escribanía" del juez Thomas Griesa. "Hay un plan para atacar a la Argentina y su moneda", subrayó Kicillof ante el plenario encabezado por Aníbal Fernández, donde también participó la procuradora del Tesoro, Angelina Abbona. 

El ministro de Economía planteó que el proyecto de ley del Gobierno busca seguir cumpliendo con los compromisos que surgieron de los canjes de 2005 y 2010. “Tenemos que estar orgullosos de estos canjes de deuda. Fueron exitosos, porque alcanzaron al 92 por ciento de los acreedores”, sostuvo y insistió sobre el riesgo de no hacer nada y "ratificar el fallo de Griesa". 

El proyecto fue anunciado la semana pasada por la presidenta de la Nación. Prevé el cambio de sede para los pagos a los bonistas que ingresaron a la reestructuración, cambia el agente de pago, e incluye la reapertura del canje de deuda para que puedan ingresar los bonistas que hasta ahora no habían adherido a los canjes de 2005 y 2010 -bajo las mismas condiciones de quita y plazos que se ofrecieron en aquel entonces-.

“Nosotros tenemos una respuesta, tenemos una salida. Queremos pagar, y lo vamos a hacer porque somos un país soberano y nadie nos lo puede impedir”, expresó el ministro. Y explicó que con la nueva ley se seguirá aplicando y cumpliendo el contrato original, porque la cuenta en la que se depositan los pagos “va a estar gobernada por un fiduciario”, que va a dejarle cobrar su dinero a los bonistas (en Fideicomisos Nación), a diferencia de lo sucedido con el Banco Mellon de Nueva York, que incumplió sus obligaciones contractuales.

El ministro detalló que “los fondos buitre tienen un plan” en torno a la sentencia. Afirmó que una vez sancionada la ley, “Argentina va a sufrir el boicot de los fondos buitre, porque van a intentar impedir que los bonistas puedan cobrar”. Señaló que “son los buitres los que proclaman que a la Argentina se le va a cerrar el financiamiento internacional, porque son sus intenciones”. Y resumió que de esa forma “van a desarrollar nuevos mecanismos de extorsión”.

Sostuvo que además de impedir el cobro de los pagos realizados en el marco de la reestructuración, los fondos buitre buscan “atacar” al país por todos los medios, a través de una campaña desplegada mediante solicitadas, declaraciones y maniobras financieras y monetarias. Y agregó que la extorsión continúa con un boicot al acceso al crédito internacional. “Por último, esperan que venga otro gobierno que pague la sentencia”.

Kicillof concluyó su exposición en forma terminante, apuntando premisas de las que el Gobierno parte al momento de impulsar esta nueva alternativa. “Nos ponemos firmes. Somos un país soberano. Vamos a cumplir nuestros compromisos. Vamos a seguir pagando. Tenemos los fondos, tenemos la liquidez. Si no puede ser con este banco, va a ser por otro”.

“Argentina no va a repetir su historia”

“Esta no es una ley para evadir sentencias, sino una ley que busca cumplir con obligaciones”, afirmó Zannini. Y agregó que “hay que cumplir con los prospectos, porque la otra posibilidad es volver al 2001”. Expresó que la nueva propuesta del Ejecutivo busca evitar el retorno a esa crisis que terminó en un colapso institucional. “El cumplimiento de la sentencia de Griesa es imposible, porque dispara reclamos por 355 mil millones de dólares que son impagables”.

El secretario de Legal y Técnica agregó que “Argentina no va a repetir su historia” porque “va a ingresar al concierto de naciones con la fortaleza que implica tener estar tan cerca del terminar con el problema de la deuda”, apoyándose en una generación genuina de riqueza. Y cerró: “Con esta política, y una vez que logremos el autoabastecimiento energético, nada nos va a poder parar”.

“Acá está en juego la inmunidad soberana, que el país nunca puso en juego” cuando firmó los prospectos de los canjes de 2005 y 2010, explicó Abbona. La procuradora cuestionó el fallo del juez Griesa, porque “afecta el orden público” que sostiene el andamiaje jurídico internacional.

Rechazo anticipado

Gerardo Morales (UCR) compartió que “Griesa juega a favor de los intereses de los fondos buitre”, pero anticipó su rechazo al proyecto de ley porque “el Poder Ejecutivo tiene todas las facultades para poner en marcha un cambo de la sede de pago” y la ley sería innecesaria. Zaninni y Kicillof le explicaron que ninguna de las disposiciones incluidas en la iniciativa está prevista por normas anteriores. Morales reprochó el tono de “maestro ciruela” del ministro, pero Aníbal Fernández lo corrigió: “El dicho es ‘maestro de Siruelo’, y se refiere a un pueblo de Barajoz”.

Morales adujo que “el Gobierno busca hacernos partícipes de su fracaso” en la gestión del litigio con los especuladores. Zannini le reprochó que “al que no hace nada, nadie le echa la culpa”, y el presidente de la bancada del Frente para la Victoria (FPV), Miguel Ángel Pichetto, le atribuyó una “expresión angustiada, de no compromiso, por no ‘contaminarse’ con este hecho, como siempre han tenido mientras este Gobierno enfrentaba las dificultades”. Kicillof remató: “Reconocimos la complejidad del asunto y vinimos al Congreso, pero no se les cayó una idea”.

Fernando “Pino” Solanas (FAUNEN) reclamó que “no se nos puede llamar de apuro, sin información adecuada”, aunque el proyecto de ley se presentó hace una semana, y el Ministerio de Economía puso a disposición toda la información vinculada. Acusó “corrupción” en toda la reestructuración de deuda, y cuestionó que no se haya respetado el fallo del juez Ballesteros en julio de 2000, cuando se desconoció parte de la deuda externa por ilegítima e ilegal. Zannini explicó que “los Estados tienen una continuidad jurídica” y que no se podía repudiar esa deuda si con el retorno a la democracia se había convalidado.

Rubén Giustiniani (FAUNEN) también anticipó su rechazo antes de ingresar al Salón Azul, donde transcurre la reunión, y se apoyó en el mismo argumento de Morales: “El Gobierno ya tiene las herramientas para tomar esta decisión”. Contradictorio, reclamó que “los asuntos de deuda soberana nunca pasan por el Congreso, como debe ser”.