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Cada vez que se iba a dormir, la pareja tenía que subir desde el taller donde confeccionaban y empaquetaban remeras de la marca “Siamo Fuori”, en Flores, al primer piso. Lo hacían por una escalera como la que usan los albañiles o los pintores. En la habitación en la que pasaban las noches no había luz ni ventilación. Tampoco tenían placards para guardar su ropa o pertenencias. Apilaban las prendas en el suelo. Dormían sobre un colchón.

Como ellos había cinco personas más en esa situación. En total eran dos mujeres y cinco hombres: seis de origen boliviano y un argentino. Todos eran víctimas de explotación laboral: eran sometidos a un régimen de trabajo de jornadas de trece horas de lunes a viernes, y sábados medio día. Tenían breves descansos para desayunar, almorzar y merendar. Lo hacían en el mismo espacio de trabajo. Dejaban los platos de comida sobre las máquinas de coser.

Las víctimas habían llegado al barrio porteño de Flores desde Bolivia con la promesa de un sueldo de entre 1500 y 2000. Ninguno cobró. El dueño les dijo que no podía pagarles por problemas con “la chequera”. Solo les había dado pequeños adelantos.

Cuando llegó al taller el personal de la Dirección Nacional de Migraciones, el martes pasado, una de las víctimas de nacionalidad argentina abrió la puerta. El dueño le había encomendado esa tarea. Al resto lo atemorizaba con la amenaza de que iban a ir presos por no contar con la documentación migratoria en regla. Los dueños no estaban en el lugar. Habían viajado a Bolivia. Ninguna de las víctimas tenía llaves del lugar donde trabajaban y vivían.

Después de la intervención de Migraciones, llegaron los profesionales del Equipo interdisciplinario del Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el Delito de Trata, dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, junto con los policías de la División Trata. A partir de las entrevistas, los profesionales pudieron identificar que se trataba de siete víctimas de trata laboral.

Las víctimas estaban bajo condiciones laborales irregulares. Además, el lugar no contaba con los estándares mínimos de salubridad e higiene. Según pudo identificar el equipo interviniente de la Oficina de Rescate, el tendido eléctrico colgaba de los techos y caía sobre las máquinas que se usaban para coser y planchar las prendas. Una de las mujeres entrevistadas dijo que los días de lluvia entraba agua por las goteras. Había peligro de electrocución.

“Después de cualquier allanamiento hay que seguir toda la ruta del dinero. Tiene que investigarse el lavado de dinero y también la evasión de impuestos”, dijo a Infojus Noticias Zaida Gatti, responsable de la Oficina de Rescate y Acompañamiento.

La Unidad de Información Financiera (UIF) pidió que en una causa por trata de personas para la explotación laboral en talleres clandestinos de indumentaria se investigara el posible lavado de dinero de grandes marcas de ropa. Gatti apoyó la iniciativa y dijo: “El lavado de dinero hay que investigarlo en todas las empresas grandes”.

Luego de finalizado el allanamiento, se clausuró el lugar, una persona quedó demorada y todas las víctimas quedaron a resguardo del Programa Nacional de Rescate hasta el momento de la declaración testimonial ante la Justicia. La causa que investiga el delito de trata de personas para la explotación laboral recayó en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 10, a cargo de Julián Ercolini, que fue quien ordenó el allanamiento.