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Un informe presentado a la Comisión Interpoderes para el seguimiento de las causas de lesa humanidad realizado por el juez federal subrogante de Bahía Blanca, Alejo Ramos Padilla, dio cuenta de graves irregularidades en el Juzgado Federal N° 1 de aquella ciudad que, hasta hace poco tiempo, estuvo siendo subrogado por Santiago Ulpiano Martínez. Martínez había sido designado por la Cámara Federal de Bahía Blanca aunque, después, no fue ratificado por el Consejo de la Magistratura.

El derrotero de irregularidades con las que se encontró Ramos Padilla al llegar al juzgado para subrogarlo comenzó con “inconvenientes” que pueden denominarse de menor cuantía, como encontrarse con todas las computadoras del juzgado desenchufadas o las impresoras rotas. Pero ese fue sólo el comienzo.

El magistrado plasmó en un expediente todas las irregularidades. Caratulado “Reorganización del Juzgado Federal N° 1 de Bahía Blanca” se certificaron una serie de sucesos que incluyen detenidos sin ser indagados, prisiones preventivas vencidas y hasta droga y armas incautadas amontonadas en la terraza.

La descripción puntual que se realiza en el informe explica que, por ejemplo, los detenidos sin indagar tienen que ver con la causa Triple A de aquella provincia. Hace poco más de tres meses se detuvo a un supuesto integrante de la Triple A, que estuvo detenido varios meses mientras ese juzgado estaba siendo subrogado por Martínez. Con la llegada de Ramos Padilla, el detenido fue indagado y esto luego derivó en el llamado a indagatoria del actual presidente de la Cámara Federal de Bahía Blanca, Néstor Montezanti.

Pero no sólo eso; en el juzgado, se hallaron “centenares de detenidos a los que no se les resolvió su situación procesal, algunos que llevan años” así como “prisiones preventivas vencidas y no informadas al Consejo de la Magistratura (art. 9 Ley N °24.390)” o “quejas por retardo de justicia”. “No existía información sobre la cantidad de personas detenidas, ni tampoco certeza sobre dónde se encontraban alojadas”, explica el informe presentado ante la comisión.

A esto, se suman los más de 40 panes de droga y armas “dispuestas en las distintitas secretarías, sin identificar y sin siquiera cumplir las condiciones mínimas de seguridad y custodia”. Se trata de más de medio centenar de armas. Asimismo, se “encontró material estupefaciente a la intemperie, esto es, en la terraza del juzgado”.

Ramos Padilla destacó que con esta situación “sin duda perjudicaron la debida administración de justicia y, en especial, los expedientes más sensibles de la Secretaría de Derechos Humanos”. Es que hasta “se borraron archivos y registros de utilidad de la Secretaría de Derechos Humanos” lo que se suma a la falta de control en las prisiones domiciliarias y, en el caso de los detenidos de lesa humanidad, determinó que están “alojados en las mismas dependencias –Delegación PFA Bahía Blanca– desde donde con anterioridad se produjeron fugas (caso Corres), incumpliendo resoluciones expresas del Ministerio de Justicia y Seguridad que prohibían el alojamiento de este tipo detenidos en esa dependencia”.

Un expediente como ejemplo

Todo el trabajo retrasado, del que dio cuenta el juez subrogante, lo ejemplificó con la causa 15000005/2007 donde se investigan crímenes de lesa humanidad y que acumula 180 cuerpos y más de 400 incidentes. Esto se trasluce en unos 100 imputados y un universo aproximado de 750 víctimas.

“Allí se han planteado 14 requerimientos en orden a diversos delitos y diferentes víctimas”, detalló Ramos Padilla que explicó que “las declaraciones indagatorias reclamadas por el Ministerio Público se llevaron adelante de manera incompleta y sin un orden lógico, lo que implica que, en muchos casos, se deberá readecuar, modificar y/o ampliarse la declaración”.

Un ejemplo de lo que falta por hacer en esta causa habla de que unos 60 imputados fueron vinculados con el requerimiento de noviembre de 2013, pero “a casi dos años de la imputación restan indagar 11”. Otras 72 personas fueron imputadas por la fiscalía, en diciembre de 2013, pero sólo 22 fueron indagadas.

A esta causa que usó de ejemplo el magistrado, hay que sumarle otras causas en trámite que incluyen la investigación de robo de bebés, la actuación de organismos paraestatales con carácter previo al golpe de 1976, la responsabilidad de funcionarios públicos, magistrados, empresarios y miembros de la Iglesia. El magistrado pidió personal capacitado para afrontar las causas y que se cubran los tribunales donde hay cargos vacantes.

Martínez, el profesor titular que no es tal

En el Consejo de la Magistratura ya avanzan los dos concursos que planean cubrir los cargos vacantes en la justicia federal de Bahía Blanca, tanto en primera instancia como en la Cámara Federal. La semana pasada, la Comisión de Selección del Consejo avanzó en el denominado concurso 293 y resolvió las impugnaciones. Esto, cuando los mismos postulantes impugnan el otorgamiento de puntajes por los análisis de los currículums y del examen escrito.

Al inscribirse al concurso, Martínez sostuvo que como docente se desempeñó como “profesor titular por contrato” en la Universidad Nacional del Sur (UNS) y, por esa actividad, en el Consejo se le otorga un determinado puntaje. Sin embargo, otra postulante, Ana Araujo, cuestionó esto puesto que sostuvo que “tiene conocimiento” de que “sólo se desempeña como Profesor de la Escuela de Policía”, lo que significa enseñanza terciaria y no universitaria. Los certificados dieron cuenta de esa situación y el Consejo, finalmente, decidió restarle puntos.

En cuanto al otro concurso, el destinado a cubrir tres vacantes en la Cámara Federal de Bahía Blanca, el Consejo oficializó la semana pasada el llamado y la inscripción que se realizará entre el 7 y el 11 de septiembre próximo. La fecha del examen se fijó para el 16 de octubre.

GA/LL