Estaba acusado de "haber cambiado el objeto procesal de una causa", "abuso de autoridad" y de "tener una actitud desafiante ante las instituciones", etre otras cosas. El reglamento establece un plazo de 180 días para dictar sentencia. En el mes de julio, después de estar suspendido más de seis meses, el Tribunal de enjuiciamiento lo restituyó en su cargo.
Como no hay sentencia, el juicio político al fiscal de Nuñez -Saavedra, José María Campagnoli, será archivado. Es que ya transcurrieron los 180 días que establece el reglamento y que tiene el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados del Ministerio Público para dictar una sentencia. La oficialización se hará la semana que viene.
A mediados de julio de este año se produjo una de las últimas decisiones importantes que el jurado tomó en el juicio político contra el fiscal. Por cuatro votos contra tres, dejaron sin efecto la suspensión del fiscal de instrucción y lo restituyeron en su cargo. Desde entonces el juicio no avanzó. Recusaciones y renuncias se extendieron el tiempo y pasaron los días.
Fuentes del Jurado de Enjuiciamiento, explicaron a Infojus Noticias, que aún están haciendo cómputos sobre cuando se cumplen los 180 días que el reglamento marca pero sostienen que se trata “solo de una formalidad”. “La semana que viene se oficializará que el juicio será archivado, agregó la fuente, tal y como lo dispone el reglamento: “se archivan las actuaciones si transcurridos los 180 días no hubo sentencia”, explicó.
Al fiscal Campagnoli se lo acusó, entre otras cosas, "haber cambiado el objeto procesal de una causa”, "abuso de autoridad” y de tener una "actitud desafiante frente a las instituciones”. En diciembre del año pasado Campagnoli fue enviado a juicio político por una comisión evaluadora a instancias de la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó. Además el Tribunal de Enjuiciamiento de Magistrados lo suspendió. La justicia Contencioso Administrativo Federal confirmó la suspensión al rechazar recursos presentados por la defensa del fiscal, ejercida por el ex diputado Ricardo Gil Lavedra.
El 16 de junio empezó el juicio. La acusación propuso siete testigos para el juicio. La mayoría de ellos declaró el primer día y durante las jornadas sólo desistió de uno. En cambio, la defensa presentó treinta testigos, de los que sólo nueve eran realmente relevantes para el juicio. Los otros veintiuno eran, en su mayoría, lo que se conoce como testigos de concepto. “Los testigos representan algún tipo de corporación” y también “intereses”, dijo el fiscal Adolfo Villate, quien realizó el rol acusador. Entre otros estuvieron el presidente de la Asociación de Magistrados, Luis Cabral, y los consejeros de la magistratura Ricardo Recondo y Alejandro Fargosi.
El ahora juicio político trunco tuvo varios vaivenes que se dieron por fuera de la sala de audiencias de planta baja de la Procuración General. Las amenazas y las intimidaciones hacia los acusadores, integrantes del jurado y la fiscal que reemplazo a Campagnoli mientras estuvo suspendido fueron una constante.
La fiscal Cristina Caamaño, reemplazante de Campagnoli en la fiscalía, sufrió amenazas, que comenzaron cuando se hizo cargo de la fiscalía de Saavedra y Núñez. "Las primeras fueron la noche del 15 al 16 de abril, por Twitter, y venían de gente que utiliza apodos”, contó y agregó que “algunos empleados y funcionarios comenzaron a mandar twits desprestigiándome a mí y a mi trayectoria”. Esto último “originó un oficio a la Procuración. Los mensajes decían, por ejemplo, cerda, hija de puta, ya te vamos a encontrar, es cuestión de tiempo ", precisó.
En medio de la deliberación los integrantes del tribunal se pronunciaron con respecto a los escraches y amenazas que sufrió el presidente del tribunal, Daniel Adler. El tribunal pidió “respeto por la esfera de privacidad de cada uno de sus integrantes” y de su grupo familiar. Adler relató que en su domicilio de Mar del Plata arrojaron panfletos con la leyenda "Adler fiscal Korrupto", "Defensor de corruptos", "Verdugo de Campagnoli", y que el ataque también lo sufrió su hija en la escuela.
María Cristina Martínez Córdoba, otra integrante del jury, también recibió mensajes amenazantes vía Twitter (donde se difundió su foto y dirección) y aunque ella no hizo ninguna denuncia pública por estos hechos, solicitó licencia por enfermedad y finalmente renunció a integrar el jury.
A uno de los que ocupaba el rol acusador, el fiscal Villate, las amenazas fueron con pintadas en el frente de su casa en Rosario y llamadas telefónicas anónimas. "¿En dónde está ese hijo de puta que quiere juzgar a Campagnoli, ese renacuajo, no tiene miedo que le peguen un tiro?", se escuchó detrás del teléfono de la casa de Villate. Las pintadas que aparecieron en el domicilio del fiscal decían: "Todos con Campagnoli” y, sobre el portón del garage, “sorete”. “Provienen de gente que no tolera que las instituciones funcionen correctamente”, dijo entonces a Infojus Noticias Villate.
Otras denuncias
No es la primera denuncia que se realiza contra Campagnoli. Actualmente existen en la Procuración General unos veinte sumarios que analizan el desempeño del fiscal. Tiempo atrás, al fiscal ya los habían denunciado por otros hechos aunque los procuradores anteriores no dieron promoción a las mismas. Lo denunciaban por haber atacado la investidura de un magistrado, haber tenido parcialidad en su accionar en causas o no dejar ver las actuaciones de la causa a alguna de las partes.
En diciembre del año pasado, la Campaña Nacional Contra la Violencia Institucional, que encabeza el diputado Grosso, denunció a Campagnoli por "mal desempeño en sus funciones". Argumentó en su denuncia que el entonces titular de la fiscalía de Saavedra "persigue sistemáticamente, hostiga judicialmente, discrimina de manera violenta, estigmatiza y vulnera todos los derechos".
Este es otro sumario que está en instrucción en la Procuración General a cargo del fiscal federal Federico Domínguez. Se están tomando testimonios y cuando termine, el fiscal elevará el sumario a la procuradora, quien deberá decidir si lo envía a jury o no.
Los fiscales que ocuparon el rol acusador en el juicio político intentaron en dos oportunidades incorporar al proceso el “álbum de fotos” que el fiscal tenía en la fiscalía con más de 1500 fotos con habitantes del barrio Mitre.