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“Hay una grosera discordancia entre lo que se describe y lo que se imputa, que a todas luces lesiona el derecho de defensa en juicio” afirmó la jueza en lo  penal y contravencional de la ciudad de Buenos Aires María Gabriela López Iñiguez en los fundamentos de la resolución con la sobreseyó a Diosnel Pérez y a Luciano Nardulli, acusados por el Ministerio Público Fiscal de la ciudad de haber sido instigadores de la toma del Parque Indoamericano en diciembre de 2010.

 

Diosnel Pérez y Luciano Nardulli enfrentaron un proceso judicial de tres años en los tribunales porteños durante el que se los acusó de haber instigado a las centenares de familias que en diciembre de 2010 ocuparon el Parque Indoamericano en reclamo del derecho a una vivienda digna.

 

La jueza López Iñiguez considera que el fiscal Luis Cevasco acusó a Pérez y a Nardulli sin elementos de prueba que permitan sostener que los dos hombres hayan tenido la capacidad para tener “plena dominabilidad sobre varios centenares de personas, al unísono y masivamente”. La magistrada considera que si la acusación no se realiza en base a elementos concretos se lesiona el derecho a la defensa.

 

“El requerimiento de juicio lesiona el derecho de defensa en juicio porque está huérfano de toda referencia a estos elementos que son indispensables para imputar del modo en que se ha hecho. Sostener que los imputados, por su adscripción a movimientos barriales o sociales de diversa índole y pertenencia, conformaron una asociación ilícita al margen de toda ley, un “Estado dentro del Estado”; sostener que fueron un aparato poderoso, cuyos miembros son altamente fungibles, como los engranajes de una maquinaria, es perder el contacto con la realidad”, afirma la jueza en alusión al pedido de elevación a juicio oral hecho por la fiscalía. 

 

La jueza también señala en su resolución que el reclamo que originó la toma del Parque Indoamericano es justo y como tal fue reconocido por las máximas autoridades del país. “De hecho, la presunción de justicia que cobijó el desmadrado reclamo se deriva sin mayor esfuerzo de los propios hechos acontecidos, en punto a que los imputados fueron recibidos, junto con otras personas (algunas de ellas, también otrora coimputadas en estos autos), en la mismísima Casa de Gobierno federal, en procura de contención para la problemática habitacional que fuese brutalmente visibilizada en aquellos días”, afirma y continúa: “No estoy señalando con esto que las conductas estuviesen justificadas, en los parámetros del derecho penal vigente, pero es innegable que cuanto menos pudo sobrevolar en los actores de tales acontecimientos un error invencible sobre la justicia y legalidad del modo de reclamar, en atención a la receptividad que con ellos se tuvo desde las esferas institucionales. Claro que no me refiero a las judiciales, que desatinaron bastante”, concluye la jueza.

 

Lucas Morello, vocero de Derechos Humanos del Frente Darío Santillán al que pertenece Diosnel Pérez afirmó a Infojus Noticias: “Esto no terminó, la fiscalía porteña tiene otra instancia de apelación y nosotros vemos un ensañamiento  muy premeditado del Ministerio Público Fiscal de las la ciudad para que esta causa avance. Vemos que este ensañamiento hizo avanzar la causa contra los militantes sociales que colaboraron en la resolución del conflicto y no se avanzó en juzgar la responsabilidad de los policías responsables de la represión.”