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Daniel Solano es jornalero y está desaparecido desde el 5 de noviembre de 2011. Miembro de la comunidad aborigen de Misión Cherenta, partió de Salta junto a otros trabajadores golondrina rumbo a Lamarque, cerca de Choele Choel, para la cosecha del tomate. No supo que al bajar del colectivo de la empresa El Tucumanito se iba a encontrar con un sistema de explotación montado por la empresa Agrocosecha SRL, que implicaba vivir hacinado en galpones, trabajar jornadas extenuantes y tener guardia policial de la Bora –Brigada Operativa de Rescate y Antitumulto–. O tal vez sí sabía, pero pensó que no le quedaba otra, o que no iba a ser para tanto, que con 26 años el cuerpo es fuerte y se podía hacer unos pesos en la temporada. Esta empresa, de Gustavo y Adrián Lapenta, fue contratada por la multinacional Expofrut, que terceriza servicios laborales.

El Informe sobre el estado de las clases obreras argentinas, escrito en 1904 por Juan Bialet Massé, sigue siendo actual en muchas zonas de la Argentina para  muchos trabajadores migrantes. Su situación, dijo Bialet Masse, “es la más inestable, de ahí que nadie cuide de él sino en el momento en que se le necesita y para sacar de él los rendimientos mayores posibles, no considerándolo sino como un medio, menos importante que la máquina y que la bestia, porque estas tienen un precio de compra, son un capital que es preciso conservar, mientras que si un hombre se pierde, se repone con otro, que no cuesta dinero”. Cien años después del informe las cosas parecen seguir igual. El neoliberalismo también fue eso para el peón rural: la posibilidad de atrasar cien años en vulnerabilidad social y laboral.

En su último mes de trabajo, Daniel recibió 800 pesos, mil menos de los pactados. No era la primera vez que la rendición era esa. ¿Quién se quedaba con la plata? Entre lo que Expofrut entregaba a Agrocosecha y Daniel recibía, faltaba casi el 60% del sueldo, que se quedaba la tercerizada. En un año se quedaron con más de 30 mil pesos que le correspondían. Una gran estafa, si se multiplica esa cifra por los más de mil trabajadores que -calcula el abogado Sergio Heredia- fueron esquilmados. Solano no se quedó callado, no se resignó. Protestó. Habló con sus compañeros y les propuso declararse en huelga el lunes 7 de noviembre de 2011. La huelga nunca llegó.

El sábado 5, terminada la jornada de trabajo, Daniel se fue con sus compañeros al boliche Macuba. Eran casi las tres de la mañana cuando, después de que alguien lo marcara, un grupo de policías lo agarraron y lo sacaron a empujones. Lo llevaron a una calle lateral mientras lo golpeaban y allí lo metieron en una camioneta Ecosport. Agarraron rumbo a la Isla 92. Otro auto se les sumó en el recorrido. Según el relato de testigos, lo mataron a golpes en la isla. Se encontró sangre en el lugar y la billetera de Daniel -perdida luego durante la investigación–.

El abogado de la familia, Heredia, cree que el cuerpo del muchacho fue trasladado luego y enterrado en la comisaría 8° ya que se estaban haciendo refacciones y cambiando pisos. De hecho, uno de los policías imputados trabajó como albañil en esa obra. En enero del año pasado se iba a hacer una prueba de luminol, pero se suspendió a último momento, sin razones. El lunes próximo, Heredia va a pedir que se realice un allanamiento en la comisaría 8° para buscar el cuerpo de Daniel. De hecho, el abogado cree que podría haber más de un muerto.

El encubrimiento

Desde la noche del sábado 5 de noviembre de 2005 se organizó el encubrimiento del destino de Daniel. Gualberto Solano, su padre, se enteró el lunes que no aparecía y se fue a la comisaría de Tartagal –donde vivía– a hacer la denuncia. La denuncia desapareció y se abrió una causa penal para saber los motivos. Los que contactaron a Daniel y otros muchachos para viajar al Valle Medio, en Río Negro, para la cosecha, eran dos punteros de la zona.

Cuando Gualberto llegó a Río Negro, unos abogados de la empresa lo estaban esperando con unos testigos falsos que decían haber visto a Daniel en la terminal rumbo a Neuquén. Pero toda la ropa y la documentación de su hijo estaban todavía en la cama donde dormía. El fiscal Miguel Flores y la jueza Marisa Bosco dijeron que no había nada que investigar, a tono con la empresa. La industria de la fruta es la principal fuente de riqueza de los valles de Río Negro. Bosco y Flores tuvieron pedidos de juicio político y fueron reemplazados en sus puestos. Bosco aduce hoy, para no presentarse, que está psicológicamente enferma.

Un mes después de la desaparición de Daniel, Heredia asumió la representación de la familia Solano y dejó Salta para empezar a investigar en Choele Choel. Cuando comenzó a averiguar, destapó una olla. Encontró testigos que se animaron a contar pese al miedo a la policía. Heredia los metió escondidos a prestar declaración. Aun así fueron amenazados al comienzo de la investigación –a uno de los testigos hasta le secuestraron a su hija–.

Los antecedentes muestran que la policía no puede investigar a la policía, por eso Heredia –junto a los abogados Leandro Aparicio y Favio Prado Muñoz– pide la intervención de Gendarmería en los peritajes. Investigación nacional y justicia provincial. Las gestiones por asistencia técnica a Nación se han realizado a través de la Secretaría de Derechos Humanos y el Ministerio de Defensa, aunque aún no tienen respuesta. A los rastrillajes que se hicieron en busca del cuerpo de Daniel asistió un perito de la policía local sin pilas en su cámara de fotos. Encontraron algo más de lo que buscaban: dos cuerpos. Todavía no hicieron las pruebas para identificarlos pero coinciden con dos desapariciones: Héctor Villagrán, otro empleado de Agrocosecha, y Pedro Cabañas Cuba, que trabajaba para uno de los testigos falsos que vio subir a Daniel a un colectivo en la terminal.

Luego de la jueza Bosco se nombró al juez Víctor Darío Soto a cargo de la causa. Ordenó la detención de los policías implicados y logró que la causa avanzara. Pero fue ascendido a camarista y debió dejar su lugar a la jueza Natalia Costanzo, que ya dictó medidas en favor de los policías. Además, es prima de María Cecilia Costanzo, la abogada de Agrocosecha que fue a recibir a Gualberto y le presentó a los testigos truchos. Costanzo se desempeñaba hasta este jueves, además, como delegada de la Secretaría de Trabajo de Choele Choel, de donde fue removida y sumariada por Weretilneck por las graves acusaciones que tenía en su contra. Las denuncias acompañaban el petitorio de nueve puntos que realizó la familia Solano el día 11 último ante autoridades públicas y privadas.

Costanzo quiere elevar la causa a juicio. La familia de Solano cree que pretende cerrar la larga cadena de encubrimientos y lograr que se cansen de pedir justicia. Los únicos imputados son los siete policías: Cristian Toledo, Walter Etchegaray, Ceferino Muñoz, Raúl Aramendi, Luis Irusta, Claudio Chazarreta y Armando Vega. Heredia enumera lo que falta: “No identifica al otro policía que se llevó a Solano, Tomás Vega, cuyas pruebas presentamos en noviembre. No prueba las estafas contra los trabajadores por parte de la empresa. No detiene al policía que se llevó la billetera de la isla. Por último, no detiene a los autores ideológicos”. Afuera del proceso quedan los móviles del crimen que salpican grupos de poder. Los patrones de Daniel no entran en el reparto de imputaciones. La querella va a pedir la recusación de Costanzo.

Renovar esfuerzos

Un mes después de que Daniel desapareciera se derogó el Régimen de Trabajo Agrario de la dictadura. Se creó Renatea (Registro Nacional de Trabajadores y Empleados Agrarios) y un nuevo Estatuto del Peón, la Ley de Trabajo Agrario. El Estado ahora llega a los lugares donde antes confundían trabajo con trata de personas. Cuando Daniel y sus compañeros trabajaban en la cosecha, una vez terminada la temporada, los obligaban a renunciar. A veces pasaba un mes o quince días hasta que eran recontratados. ¿Y dónde estaba Gerónimo “el Momo” Venegas? La respuesta es: pidiendo recursos de amparo contra la nueva ley.

A la familia Solano –Gualberto, Romina, Pablo y Maira– se sumó Julieta Vinaya, la mamá de un chico asesinado. La huelga de hambre duró 18 días y la lucha sigue. Otras familias de casos impunes, como el de Luciano Arruga, apoyan sus reclamos y se mantienen en contacto. Madres de Plaza de Mayo, también. La investigación y la persecución de justicia parecen quedar en manos de los familiares en muchos casos.

El Valle Medio tiene actualmente tres desaparecidos, probablemente tres muertos: Daniel por intentar una organización laboral contra la indignidad, Villagrán y Cabañas Cuba “algo vieron o escucharon”, dice Heredia. Los abogados también están cansados, pero han abandonado sus casas y sus familias para buscar la verdad del caso. Y no van a renunciar. Desde que la olla se destapó se multiplicaron las denuncias en la oficina local del Ministerio de Trabajo, también las de maltrato policial. Las condiciones en que los trabajadores viven cambiaron. Los trabajadores cambiaron: ya no toleran la explotación. “Cambió todo en Río Negro –dice Heredia– les vamos a terminar ganando y van a ir presos todos los que tienen que ir”.