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Daniel Solano fue visto por última vez el 5 de noviembre de 2011 en Choele Choel, una localidad de diez mil habitantes en el Valle Medio de Río Negro. Estaba muy lejos de su pueblo, Tartagal. Tenía 26 años y había viajado en un micro de El Tucumanito hacia la Patagonia para trabajar en la cosecha de manzanas. Su cuerpo nunca apareció pero la causa fue caratulada como homicidio.

Veinte meses después, está por empezar un juicio contra siete policías acusados de su asesinato. Su familia y su abogado hacen huelga de hambre desde el domingo pasado. Denuncian que la Justicia pretende acotar la responsabilidad del crimen a los siete policías, sin investigar la trama económica detrás de un episodio que se presume ligado a la trata de personas para la explotación laboral. Ayer los policías imputados en la causa comenzaron a prestar declaración indagatoria. Se trata de Juan Barrera, Sandro Berthe, Pablo Bender, Andrés Albarrán, Héctor Martínez, Diego Cuello y Pablo Quidel. La causa puede ser elevada a juicio oral en los próximos días.

Sergio Heredia, abogado de la familia Solano, viajó de Tartagal a Choele Choel para seguir el caso. Desde allí explicó a Infojus Noticias los motivos de la huelga de hambre: “el fundamental es el encubrimiento. La Justicia quiere hacer pasar esto como un caso de violencia policial, cuando en realidad fue un crimen orquestado por personas que dieron órdenes”. El abogado denuncia que detrás de la desaparición y muerte de Solano hay una “asociación ilícita que involucra a empresarios, policías y funcionarios judiciales”.

Daniel llegó al valle de Río Negro contratado por la empresa Agrocosecha SRL para trabajar en las plantaciones de la empresa belga Expofrut. Heredia denunció que Expofrut tercerizaba la contratación de jornaleros a través de Agrocosecha, que trasladaba a hombres jóvenes -en general habitantes de comunidades aborígenes del norte del país- para trabajar en Río Negro. Según Heredia, una vez allí los mantenían hacinados y los estafaban con el pago de los jornales. Durante la investigación judicial testigos protegidos declararon que los trabajadores vivían en casillas precarias y eran custodiados por personal de la BORA (Brigada de Operaciones de Rescate y Antitumulto de la policía provincial).

Agrocosecha recibía las liquidaciones de todos los trabajadores y se quedaba con más de la mitad del jornal. El 4 de noviembre de 2011, Solano cobró 800 pesos. Como le habían prometido 1900, empezó a hablar con sus compañeros de la posibilidad de hacer una huelga.  Con lo que cobró, se compró un teléfono celular y llamó a su papá. Después, junto con sus compañeros de trabajo fue a bailar al boliche Macuba. A las dos y media de la mañana, un grupo de policías se lo llevó de ahí. Un testigo afirma que vio cómo esos policías lo golpeaban en la calle.

Cuando Guadalberto Solano, el padre de Solano, llegó a Choele Choel para buscar a su hijo, el fiscal Miguel Flores y la jueza Marisa Bosco dijeron que Daniel se había ido por sus propios medios: no había un delito para investigar. La investigación avanzó, impulsada únicamente por la familia. El fiscal y la jueza enfrentaron pedidos de juicio político por su desempeño en esta causa. La solicitud fue acompañada por ocho intendentes y por el gobierno de la provincia. Bosco intentó renunciar a su cargo, pero el Consejo de la Magistratura no lo aceptó y decidió avanzar con un sumario en su contra.

Los cálculos de Heredia estiman que Agrocosecha se quedó con 33 mil pesos que Expofrut había liquidado a nombre de Solano. Otra de las derivaciones de esta causa se relaciona con dos cadáveres hallados durante las búsquedas del cuerpo de Solano. Todavía no fueron identificados. Heredia sostiene que se trata de muertes producidas en circunstancias similares a la de Daniel.

Hoy a las cinco de la tarde se realizará una marcha de apoyo a la familia Solano por las calles de Choele Choel. Las organizaciones sociales que convocan cuestionan los privilegios que la Justicia otorgó a los policías. Por ejemplo, trasladarlos desde el penal de Viedma a un predio cerca de Choele Choel porque los imputados solicitaron estar cerca de sus familias. Los manifestantes pedirán que se avance en la investigación judicial que permitiría la “detención de otros policías y civiles partícipes en el bochornoso hecho de complicidad policial y empresarial”.