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La defensora general de la Nación Stella Maris Martínez se refirió a la reestructuración que debe encarar en el área a su cargo para la implementación del nuevo sistema para investigar y juzgar delitos, tras la sanción el año pasado del nuevo Código Procesal Penal de la Nación (CPPN). “El rol de los defensores está claramente definido en el primer artículo de la nueva Ley orgánica: somos una institución para la defensa y protección de los derechos humanos”, apuntó la jefa de los defensores que asisten, en principio, a las personas en situación de vulnerabilidad que resultan acusadas en un proceso penal. “Tenemos una ley modelo para el mundo”, dijo Martínez al promediar la entrevista.

Sus explicaciones fueron breves y precisas; para ella, el desafío ahora es que el pasaje de un modelo inquisitivo a uno acusatorio, que deberá responder con mayor celeridad y simplicidad en debates orales, “cuente con el compromiso de todos, particularmente de la gente joven”. Su experiencia en la reforma de 1992, cuando se pasó de un “sistema totalmente inquisitivo” a uno “mixto”, con tribunales orales, avala sus dichos. “En ese momento éramos 10 defensores oficiales para 30 tribunales orales”, recordó, de espaldas al ventanal que en su despacho da a la plaza de los Maestros, en el centro porteño.

“Hicimos trabajo sobre humano, no teníamos edificio, no teníamos muebles, no teníamos computadora, nos reuníamos en el bar de la esquina”, enumeró y aclaró que no era una forma de decir. “Es literal, así como te digo, y sin embargo con un gran compromiso se sacó el modelo adelante y la defensa pública empezó a ser respetada”.

—¿La reforma colabora en mejorar el servicio de la defensa pública?

—Es un cambio paradigmático, en tanto en cuanto se diseña con la idea de un juez absolutamente imparcial, un fiscal que se ocupa de acumular toda la prueba de cargo y un defensor que protege los derechos de las personas acusadas. Para esto era necesaria una nueva Ley orgánica, tanto para el Ministerio Público de la Defensa (MPD) como para el Fiscal (MPF), que antes nos regíamos por una misma norma. Ahora, queda más claro para la gente, quienes tienen como objetivo acusar y quienes tenemos como defender, nos regimos con distintas normas. Por ejemplo, cada cuerpo va a tener su propio jurado de Enjuiciamiento.

—¿A qué atribuye las resistencias que manifestaron algunos sectores para trabajar en la reestructuración de las formas de investigación y enjuiciamiento penal?

—Cuando trabajamos en la anterior reforma, la del año 1992, muchos jueces y fiscales no creían en este modelo de tribunales orales. Después de un año, de dos años, de trabajar, estuvieron totalmente a favor. Por eso, no hay que tenerle miedo a los cambios pero hay que enfrentarlos, con compromiso y con seriedad. Acá hay que hacer una salvedad, si la oposición es política, así tengamos el mejor proyecto, se van a oponer.

—Ahora, a medida que se vaya caminando se va formando un criterio común y se va trabajando de forma mancomunada, me parece que no puede haber resistencias. Cuando los magistrados vean cómo funciona el modelo van a estar de acuerdo. Ahora sí, no hay que apurarse, hay que darles las condiciones materiales y humanas necesarias para que todo esté bien hecho.

—¿Por ejemplo?

-Por ejemplo, no se puede empezar sin tener salas de audiencia dignas para celebrar todas las audiencias sin que haya problemas con el traslado de los detenidos. Todo tiene que estar bien organizado porque si no le vamos a echar la culpa al modelo de lo que no tiene la culpa el modelo, sino su puesta en práctica. Y en esto hay que tener mucho cuidado.

La nueva defensa

—¿Se redefine el rol de los defensores?

—La reafirmación de cuál es el rol del MPD, de los defensores, queda clara en el primer artículo de la nueva Ley orgánica. Somos una institución para la defensa y protección de los derechos humanos en casos individuales y colectivos. No solo trabajamos brindando defensa en las causas penales a quienes no la tienen; sino que somos garantes del acceso a la justicia de los sectores en condición de vulnerabilidad. Esto es fundamental y está de acuerdo con las actuales requisitorias de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y de las Naciones Unidas (ONU).

—Entonces, ¿contempla la posibilidad de brindar asistencia a las víctimas?

—Lo que hay que entender es que somos o deberíamos ser como un gran estudio jurídico financiado por el Estado y destinado a proteger a los más vulnerables. En el nuevo proceso la víctima no es un convidado de piedra, asume un rol protagónico y si quiere intervenir como parte jurídica del proceso, es decir como querellante, necesita un abogado que le de asistencia jurídica especializada. Una persona con recursos contrata a un abogado; ahora, si la persona no tiene esos recursos o está en situación de vulnerabilidad y el caso justifica que el Estado lo patrocine, eso lo va a hacer el MPD.

—¿Esto es novedoso para la defensa?

—Basados en que la ley anterior, que también hablaba de garantizar el acceso a la justicia, ya lo veníamos haciendo. Pero limitado a víctimas de violencia institucional, o en casos paradigmáticos de violencia de género o de personas en una situación especial de vulnerabilidad. Era para casos muy excepcionales; ahora, va a ser para casos donde veamos que hay vulnerabilidad y que estamos garantizando un derecho humano fundamental como es el acceso a la justicia.

— ¿Se jerarquizan los cargos de tutores y curadores en la nueva Ley?

— Los tutores trabajan básicamente con menores en condición de vulnerabilidad. Los curadores son los que tienen que defender los derechos de las personas con padecimientos mentales, de los ancianos, y la nueva Ley de salud mental que es revolucionaria les exige mayor protagonismo. Entonces, se reforzó otorgándoles categoría de magistrados.

—¿La reforma contempla un crecimiento de la estructura de la Defensa?

—Hay un crecimiento obligado para que el CPP en su nuevo modelo acusatorio no fracase. No tiene que ocurrir lo que sucede en muchas provincias, donde se privilegia la fiscalía y se olvida y debilita a la defensa. Uno de los paradigmas del nuevo sistema es la igualdad de armas entre el fiscal y la defensa, sino es una farsa que lleva a no respetar los derechos de los más vulnerables que son llevados a proceso. Para que el sistema funcione como debe tiene que haber jueces de garantías absolutamente imparciales, fiscales comprometidos en la investigación y defensores que también tengan los recursos necesarios para poder librar una batalla jurídica entre fuerzas que deben estar equiparadas.

—¿La defensa va a tener capacidad para investigar?

—La ley la prevé expresamente. Ahora deberemos trabajar en eso, todo esto está por hacerse. Deberemos contratar investigadores, tener nuestro propio laboratorio o firmar convenios para poder hacer pericias balísticas, econométricas, caligráficas, por ejemplo. Si por algún motivo esto no es así, el sistema no va a funcionar. Tenemos que tener exactamente los mismos recursos.

—¿Son necesarios otros ajustes para que el MPD sea garante de los derechos humanos?

—Una vez que el Código empiece a regir tenemos que alcanzar un estándar que era deuda para la Defensa: que cuando una persona está detenida tenga acceso inmediato a un abogado. Y nos debemos dos grandes reformas: dictar una ley de responsabilidad juvenil, tal como le indicó a la Argentina la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Mendoza, que llevamos desde la Defensoría. Y promover una nueva ley de Ejecución penal por el cual se controlen las sanciones, se puedan recurrir, que intervenga la defensa pública, considerando que la etapa de la ejecución debe ser tan judicial como cualquier de las anteriores. Diría que el gran paso es desmilitarizar el servicio penitenciario, que debería actuar como un servicio de formación de ciudadanos que equivocaron su camino.

Ejes para la reforma

—¿Cómo enfrentará la defensa el comienzo de la implementación del nuevo sistema en la justicia penal de la Ciudad de Buenos Aires?

—Va a ser una apuesta fuerte, porque las casusas que ya empezaron siguen con el anterior sistema y las que se inician arrancan en el nuevo. Esto también exige un compromiso personal de los operadores judiciales, fiscales, defensores, de los magistrados, funcionarios y empleados.

—¿Hay riesgo de sobrecarga?

—Todo depende de cómo lo organicemos, para eso va a haber fiscales y defensores coordinadores cuya misión va a ser la asignación ponderada. Esto significa que van encargarse de evitar que alguien muera sepultado de trabajo y que otro no haga nada.

—¿Cómo accederá el personal a los nuevos cargos?

—Los magistrados, como ahora, accederán por concurso. Los que eligen son defensores, ahora deberán haber entrado ellos mismos por concurso y tener una antigüedad de tres años como mínimo. E incluimos en el jurado un catedrático elegido por una universidad nacional.

—¿Y el personal que, como lo prevé el paquete de leyes para la implementación de la reforma, provenga de los juzgados de instrucción?

-En la emergencia vamos a considerar todos iguales y utilizaremos un sistema de selección, exámen o antecedentes que estamos estudiando, para que no pase como en 1994, cuando nos divorciamos por primera vez del Poder Judicial, y de las Cámaras Federales mandaron a las Defensorías a la gente menos calificada, a aquel que no tenía título secundario o estudiaba farmacia. Esto no lo vamos a aceptar. Lo que sí vamos a garantizarles a los empleados es que los vamos a tratar exactamente igual que si fueran parte del MPD. Y, prevista por la Ley, se va a hacer una gran excepción y vamos a tener en cuenta a la gente interina (y esto lo aclaro porque a diferencia del Poder Judicial en nuestra planta prácticamente no hay interinos, ni contratados).