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La diputada nacional del GEN Margarita Stolbizer  reconoció que la perito de parte Silvina Martínez -citada por el juez en el allanamiento de la empresa que administra el hotel Alto Calafate- es asesora suya. La diputada dijo que Martínez había sido entrevistada en el programa Periodismo Para Todos y “por esa razón Bonadio la citó”. “No constituye ninguna falla”, dijo. Explicó que trabaja con ella por “su gran conocimiento técnico”.

"Una aclaración que me parece importante hacer es que ninguna de estas faltas cometidas por la sociedad son delito”, había dicho ayer la diputada del GEN en declaraciones a Radio Nacional. La legisladora aclaró que en su presentación judicial solicitó que se pidiera “información” sobre la sociedad “pero no allanamientos”. “No me voy a hacer cargo de las cosas que hace Bonadio”, aclaró.

"Yo no soy una denunciadora consuetudinaria, pero decidí hacer la denuncia cuando tomé la declaración jurada de la Presidenta, observé que reconocía una participación en una empresa que tuvo grandes ganancias y cuando intenté buscar cuál era esa participación que tenía no la encontré”, dijo. La diputada aclaró que la presentación “no fue contra la presidenta Cristina Fernández de Kirchner sino contra la inacción de la Inspección General de Justicia (IGJ) que no cuenta con los datos de la sociedades comerciales registradas”. “El juez tendrá que hacerse cargo de lo que hizo”, agregó.

Para Stolbizer, existe “el delito de incumplimiento de funcionario público de aquellos que, debiendo controlar no habían controlado, lo que se configura en delito respecto de la sociedad de la presidenta como de cualquier otra”. “Si la IGJ tiene sociedades en condición irregular se tiene que sacar esos funcionarios de encima inmediatamente”.

La presidenta Cristina Fernández de Kirchner dio a conocer el martes a través de Twitter que una empresa de la que Bonadio tiene el 20 por ciento del capital accionario debe los balances por los ejercicios de 2012 y 2013, “igualito que Hotesur S.A.”. El juez que allanó la empresa que administra el hotel Alto Calafate y la sede de la IGJ, hace una semana, tiene acciones en una sociedad que está en las mismas condiciones.

A partir de esta información, el senador Marcelo Fuentes (FPV) presentó en los tribunales de Comodoro Py una denuncia por presunto enriquecimiento ilícito, lavado de dinero, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público. De acuerdo a lo que se especifica en la denuncia, Bonadio no podría formar parte de la sociedad respectiva porque el reglamento para la Justicia Nacional no le permite a los magistrados ejercer el comercio o actividad lucrativa alguna sin autorización de la autoridad de superintendencia, en este caso la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal.