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Ante la Cámara Federal de Córdoba, la defensora oficial María Mercedes Crespi expresó los motivos por los que se opone al cotejo de ADN para determinar si un chico que vive cerca de Alta Gracia es hijo de María de los Ángeles Verón, la joven secuestrada en 2002 por una red dedicada a la trata de personas con fines de explotación sexual. Después de rechazar el pedido de Crespi para que su presentación tuviera efecto “suspensivo” e impidiera estudio, ahora los camaristas escucharon los argumentos de la defensora para decidir el próximo miércoles 3 de septiembre sobre la cuestión de fondo.

El expediente se inició a partir de una denuncia realizada en junio por Susana Trimarco, tras recibir un llamado en el que la alertaban sobre la posibilidad de que un chico criado cerca de la localidad cordobesa de Alta Gracia, podría ser su nieto. En estos más de 12 años de búsqueda, varias víctimas trata le dijeron a Trimarco que existía esta posibilidad. Trimarco pidió que se investigara si ese chico puede o no ser hijo de Marita y por qué y cómo fue inscripto, acaso con “papeles falsos y documentación apócrifa”.

La medida solicitada semanas atrás por el fiscal Gustavo Vidal Lascano fue autorizada en primera instancia por el juez federal Nº 2, Alejandro Sánchez Freytes. La defensora Mercedes Crespi se opuso y se iniciaron entonces una serie de dimes y diretes judiciales que –por ahora– no han impedido la toma de la muestras, ni que comience el proceso que concluiría con el cruce de los datos genéticos.

La semana pasada, la Cámara rechazó el efecto “suspensivo” que solicitó la defensora; pero recién esta mañana –poco antes del mediodía- escuchó los motivos por los que Crespi se opone al estudio, para resolver sobre la cuestión de fondo. “No hay impedimento para realizar las pruebas de laboratorio”, explicó a Infojus Noticias el fiscal que lleva adelante la instrucción de la causa. “No quiero generar falsas expectativas, pero lo importante es que el menor sepa la verdad”, dijo el fiscal a esta agencia.

Esta mañana, la defensora les pidió a los integrantes de la sala A que incorporen al expediente un informe elaborado por su equipo de trabajo, donde consta la situación de extrema vulnerabilidad en la que se encuentra. “Es un niño, es pobre y es una posible víctima de un delito” afirmó. Después, le solicitó a los jueces Ignacio Vélez Funes, José Muscará y Abel Sánchez Torres que “revisen la motivación de la medida del cotejo de ADN dispuesto por el juez de primera instancia”. Argumentó que la muestra de sangre que le tomaron al menor, “fue obtenida para ser cotejada con la sangre de su madre adoptiva, quien ya admitió no ser su madre biológica”.

El dato fue corroborado por fuentes judiciales, pero también que la mujer que crió al chico en Alta Gracia reconoció que se lo había dejado “una mujer de La Rioja que ejercía la prostitución” y dio un nombre. Para Crespi, la muestra de sangre debería ser cotejada con la de esa mujer y agregó que “el niño no prestó consentimiento” para realizar el estudio porque su “madre adoptiva (…) podría ser imputada por supresión de identidad”. Nada dijo la defensora sobre los cambios de identidad a los que suelen ser sometidas las víctimas de trata, justamente, para ocultarlas, y desestimó que uno de los proxenetas condenado por el secuestro de Marita, José “Chenga” Gómez, fuera justamente el padre del niño. Dijo que ese dato fue incorporado a la causa recién el 30 de julio y el estudio de ADN fue pedido con antelación.

En el juicio por el secuestro de Marita Verón en 2012, algunas de las mujeres que como ella fueron víctimas de la red de trata que regenteaba Gómez –el dueño de uno de los prostíbulos donde fue vista- y su familia, lo volvieron a señalar como el posible padre de un hijo que la joven tuvo en cautiverio. En esas audiencias Trimarco denunció que Gómez embarazó a su hija "para chantajearla". Condenado a 22 años de prisión por secuestrar a Marita y obligarla a prostituirse en los locales que regenteaban en La Rioja, desde mayo José “Chenga” Gómez gozan del beneficio de libertad bajo fianza hasta tanto la sentencia que lo condenó quede firme.

En la audiencia de hoy la defensora ratificó que la partida de inscripción del chico es falsa y data recién de 2005. “Si hay un delito de supresión de estado civil son muchas mas las personas involucradas, los dos testigos que figuran el acta, la médica que firmó el certificado de parto y los funcionarios públicos que registraron el acta de nacimiento”, dijo Crespi ante los camaristas esta mañana.

Tras dar sus argumentos, la defensa solicitó que se revoque la resolución apelada y que de manera urgente se reclamen las constancias de la inscripción de menor ante el Registro Nacional de las Personas y la información sumaria que dio origen a la partida de nacimiento. Además, como el niño asegura tener 14 años, Crespi también pidió que un perito realice un “examen médico no invasivo para determinar su edad biológica”

No es la primera vez que se investiga el paso de Marita por Córdoba: en 2011 los investigadores excavaron un predio a la vera de la ruta 19 en Piquillín; entonces buscaron el cuerpo de la joven desaparecida cuando tenía 23 años. Ahora, Trimarco además quiere saber si ese niño pude ser su nieto, pero además advirtió que seguirá el caso hasta “saber quiénes son las madres (de los niños inscriptos irregularmente) y conocer toda la verdad”.