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El 30 de marzo de 2006, un cable de electricidad sobrecargado hizo un chispazo e inició el fuego en la planta alta de Luis Viale 1269, que funcionaba como vivienda de los más de 60 costureros que trabajaban en el taller de la planta baja. A nueve años del incendio en el que perdieron la vida seis personas de nacionalidad boliviana, cinco de ellas menores de edad, sólo fueron condenados en un juicio abreviado los capataces de taller, mientras que los dueños del local y los responsables políticos de que ese negocio funcionara ni siquiera fueron imputados en la causa penal, que ya está por prescribir.

“Yo me encontraba trabajando cuando nos dicen que se prendió fuego arriba. Lo veo bajar a mi hijo mayor, descalzo, que me dice que Harry estaba durmiendo. Yo intenté subir pero el fuego me lo impidió”, relató a Télam desde La Paz Luis Fernando Rodríguez Palma, padre de Harry Douglas Rodríguez Gómez, el niño de cuatro años que murió en el incendio.

Dos meses después del incendio Luis y su mujer, Sara, volvieron a Bolivia con su hijo mayor, Kevin, y se instalaron en la zona de El Alto, La Paz, donde todavía residen y trabajan. Habían llegado a la Argentina en 2005 y seis meses después Luis Sillerico Condori, quien era uno de los capataces, también boliviano y los conocía de aquellos pagos, les propuso ir a trabajar al taller de la calle Luis Viale.

“Nos prometió mejores salarios, que nos darían techo y comida, y aceptamos. Pero al poquito tiempo ya veíamos que seguían trayendo gente, estábamos cada vez más hacinados y no queríamos eso para nuestros hijos ni para nosotros”, recordó Sara.

Aunque no les habían retenido el documento, les quedaba adeudando el salario y, con eso, Sillerico Condori lograba retenerlos cada mes con la promesa de que al mes siguiente les cancelaría la deuda. “Había un solo baño y una sola cocina para todos; arriba, cada familia dormía separada de la otra por cartones o telas, en espacios de un metro y medio por un metro y medio, como mucho”, describió Sara.

Además de Harry, en el incendio fallecieron Juana Vilca Quispe de 25 años; Elí­as Carbajal Quispe, de 10; Rodrigo Quispe Carbajal, de 4; Wilfredo Quispe Mendoza, de 15, y Luis Quispe, de 4.

“El local pertenecía a Jaime Geiler y Daniel Fischberg, quienes además le compraban la producción al taller. Pero ellos no fueron ni siquiera imputados en la causa de 'estrago culposo' que fue la que finalmente prosperó en el ámbito penal", explicó el abogado de las víctimas, Guillermo Chamorro.

"Tampoco se investigó la responsabilidad del Gobierno de la Ciudad, la falta o la falla de los controles. Para que estos talleres funcionen existe una cadena de responsabilidades y aquí lo que se hizo fue cortar por lo más delgado, es decir, por los capataces: Sillerico y Juan Manuel Correa (argentino)", añadió.

El abogado detalló que "ellos fueron condenados a cuatro años de prisión en un juicio abreviado. No es lo mismo una condena que se arregla en una oficina, que un juicio oral y público que puede seguir toda la sociedad. La justicia no repara cuando hace estas cosas porque se siguen invisibilizando".

En este aspecto, la querella intentará en estos días pedir que se recaratule la causa como "estrago doloso" (cuya pena máxima es superior al culposo porque implica que hubo intencionalidad) y con eso evitar la prescripción para poder pedir, al menos, la elevación a juicio oral de los capataces.

La causa civil

En el plano civil, el panorama es aún peor: "existen causas en más de 12 tribunales del fuero federal y ordinario, ningún juez dijo, como pasó con la tragedia de Once,' unifico las causas', así que por los daños y perjuicios existe una gran fragmentación", indicó Chamorro.

Los días posteriores al incendio, los medios de comunicación siguieron el tema y se comenzó a hablar de la problemática de los talleres textiles; se realizaron numerosas marchas, pero conforme fue pasando el tiempo la problemática comenzó a invisibilizarse y el trabajo por conservar la memoria de algunos colectivos como Simbiosis Cultural aparecía sólo en medios alternativos.

"En algunos momentos se volvió a hablar masivamente del tema, por ejemplo en 2008 cuando el juez (Norberto) Oyarbide liberó de culpa a una marca que compraba a talleres textiles que trabajaban en pésimas condiciones diciendo que era 'una forma de trabajo ancestral de los bolivianos'", recordó Juan Vázquez, del colectivo Simbiosis Cultural. Vázquez, ex trabajador textil. sostuvo que "la mejor prueba de que nada cambió es que el 27 de abril tuvimos que lamentar la muerte de otros dos niños".

"Quizás hoy existe menos migración producto de la devaluación del dólar en Argentina y de que en Bolivia mejoró un poco la cosa; pero los talleres aquí siguen trabajando en las mismas condiciones, a la vista de todos y sin controles, ni soluciones integrales a un problema tan complejo, que no se resuelve pidiendo allanamientos compulsivos que terminan criminalizando a los costureros y dejándolos en la calle, sin ninguna contención", concluyó.

TELAM/JC